El pasado 16 de mayo, España remitió a Bruselas, para su visto bueno, el Real Decreto Ley 10/2022 que, entre otras cuestiones, establecía el conocido tope al precio del gas natural para producir electricidad, que se traduciría en una bajada del precio del mercado mayorista y, de paso el de la tarifa regulada ligada a él y a la que están acogidas casi 10 millones de consumidores domésticos y pymes.
Ni España ni la Unión Europea han querido acusar a Portugal del retraso, pero, según las mismas fuentes, esa es la explicación. Estas añaden que la Comisión ya lo tiene todo listo para su aprobación mañana o pasado, aunque el expediente sobre la llamada excepción ibérica sigue sin figurar en la lista pública de ayudas de Estado de Competencia.
Este organismo no ha mostrado mucho entusiasmo con un mecanismo que evitará que el gas marque el precio marginal de otras energías, como la hidráulica o la nuclear, por encima del tope establecido pero cuyo coste real de los ciclos combinados lo pagarán los clientes con el precio indexado al pool. Más concretamente, las comercializadoras con contratos de obertura indexados al mercado mayorista, que luego trasladan al cliente.
ERSE recuerda que ese mecanismo de ajuste tiene “reflejo en la formación del precio del mercado común de electricidad del Mibel”.
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