La precampaña electoral se ha visto durante las últimas semanas empañada por los continuos reproches por el bloqueo político y por el uso electoralista que está haciendo el Gobierno de las instituciones públicas, a juicio de los partidos de la oposición.

La primera denuncia de estas formaciones llegó incluso antes del anuncio oficial de la repetición electoral. Después de la ronda de consultas del Rey con los grupos parlamentarios para valorar los posibles apoyos ante una investidura, RTVE mandó una carta a los principales partidos invitándoles a celebrar un debate a cinco ante la posibilidad de una nueva cita con las urnas. Horas después, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunciaba nuevas elecciones.

"Desde esta casa se envió una carta a todos los partidos políticos proponiendo debates en televisión cuando quedaba una semana para intentar desbloquear la situación política", ha denunciado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en una entrevista en la corporación pública, donde ha aprovechado para pedir la dimisión de su presidenta, Rosa María Mateo. Desde el ente han justificado que, al tratarse de un organismo público, tienen que ceñirse a unos plazos, entre ellos para licitar un plató, aunque no convencen a los líderes políticos.

Pero antes de esta carta, una de las instituciones más cuestionadas durante el mandato de Pedro Sánchez ha sido el Centro de Investigaciones Sociológicas que preside el socialista José Félix Tezanos, que tuvo que abandonar la Ejecutiva del partido al aceptar el cargo en el instituto demoscópico. Desde que se situó al frente del CIS, sus constantes cambios de método en los barómetros y los datos tan optimistas para el PSOE han sido muy criticados por la oposición, pero esta semana los partidos han pedido su dimisión por ir más allá y dejar públicamente la neutralidad que conlleva el cargo para pedir el voto para su propio partido.

Tras un artículo en la revista Temas, en el que pedía concentrar el voto en "aquellos partidos que hoy por hoy puedan gobernar", haciendo alusión al PSOE y en el que responsabilizó directamente a Podemos, PP o Ciudadanos del bloqueo, éstos partidos se levantaron para pedir su dimisión inmediata. "Los hechos concretos son que en España se ha bloqueado la posibilidad de gobernar al único partido que podía hacerlo (el PSOE). Lo cual no ha sido 'culpa' de todos los políticos por igual, sino de aquellos que no han dado sus votos a esta posibilidad", apunta en la publicación.

Sus palabras han llegado a la Junta Electoral Central de manos de Unidas Podemos, que denunció la falta de neutralidad de Tezanos. Este organismo, cuya función es garantizar la transparencia del proceso electoral, ya tuvo que advertir a la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, por el uso electoral de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros.

Aunque la JEC decidió no sancionar a Celaá, le pidió que "maximizara su deber de cuidado para no efectuar valoraciones políticas con connotaciones electoralistas". Entre las afirmaciones de la ministra en la comparecencia posterior a la reunión, aseguró que el PSOE salía "a ganar" las elecciones del próximo 10 de noviembre, vulnerando así la ley electoral, según la JEC.

La última institución en entredicho ha sido la Abogacía del Estado. Fue la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien utilizó un informe de este organismo para justificar el impago a las Comunidades Autónomas de cerca de 4.700 millones de euros en concepto de entregas a cuentas por estar el Gobierno en funciones. Ahora, también en funciones pero ya en precampaña, la Abogacía del Estado ha elaborado un informe favorable, según anunció la ministra el pasado miércoles, para abonar el dinero a las Comunidades Autónomas y que dispongan de ello antes del 10 de noviembre.

"Es importante que tengan el dinero que les corresponde y que el bloqueo no afecte a otras instituciones", señalaba el propio presidente del Gobierno al principio de la semana, sin conocer aún el informe de la Abogacía. Si bien los partidos celebran que las Comunidades puedan recibir su dinero, supone un "chantaje" para Ciudadanos y un "despropósito" en palabras del PP, que consideran que el Gobierno ha utilizado este organismo para retener estos fondos.