Marruecos. Es quizás uno de los países más mencionados, sino el que más, en los últimos meses dentro de la política estatal. Especialmente desde el pasado 18 de marzo. Aquel día, un viernes por la tarde, la Casa Real del país vecino daba a conocer la existencia de una carta enviada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al rey marroquí, Mohamed VI. Se iniciaba una nueva etapa gracias a un giro en la posición española sobre el Sáhara Occidental. El terremoto político fue sonado. Las consecuencias, también. Y las relaciones bilaterales con el reino alauí siguen siendo un gran quebradero de cabeza para Moncloa. 

El foco en Marruecos se ha vuelto a poner en primera plana desde hace una semana por una tragedia humanitaria en la valla de Melilla. Allí murieron decenas de migrantes entre denuncias de malos tratos hacia la policía marroquí. Sus gendarmes, además, cruzaron la frontera para actuar, como informó Público en exclusiva. En sus primeras palabras, Sánchez felicitó a los gendarmes del país vecino y dijo que la actuación había estado "bien resuelta". Días después reconoció que no había visto las imágenes y que no hubiera dicho eso de haberlas visto antes. 

La incomodidad de Moncloa con este asunto ha sido patente. Además, ha coincidido con dos momentos claves: la presentación del segundo decreto anticrisis y la cumbre de la OTAN. Un hecho que ha empañado una parte de ambos acontecimientos. La rueda de prensa del pasado martes tras el Consejo de Ministros evidenció las dificultades y las tensiones internas por la posición de Unidas Podemos al respecto. Se ha esquivado en todo momento pedir explicaciones a Marruecos por la actuación policial y será el Defensor del Pueblo y la Fiscalía quienes investiguen para esclarecer lo sucedido. También la ONU ha pedido investigar. El ala socialista del Gobierno ha responsabilizado principalmente a "las mafias". 

Fuentes de Moncloa pedían esta semana "comprensión" ante un asunto "complejo" y con muchas implicaciones diplomáticas. "La relación con Marruecos es clave", insisten los integrantes del Ejecutivo. Pero las críticas a cómo se ha gestionado el asunto le han llegado tanto desde sus socios de Gobierno como desde la derecha y otros aliados habituales en el Congreso.

Entre los temas pendientes que deberían concretarse tras el acuerdo bilateral firmado por Sánchez y Mohamed VI destacan especialmente las negociaciones por las aguas territoriales. Un asunto que afecta y preocupa especialmente a Canarias. También debe concretarse la apertura de aduanas comerciales en Ceuta y Melilla. Las fronteras sí que se abrieron en mayo tras casi dos años cerradas y la Operación Paso del Estrecho también se reanudó. 

En definitiva, pese al viaje de Sánchez a Rabat, la carta y acuerdo "por un nuevo partenariado", los asuntos con Marruecos seguirán teniendo máxima relevancia. La crisis con el reino alauí, que desde Moncloa dan por cerrada, ha tenido una serie de nombres propios y episodios significativos desde prácticamente el comienzo de la legislatura del Gobierno de coalición. 

Cancelación de la Reunión de Alto Nivel

Las tensiones entre el Gobierno de Sánchez y Marruecos comenzaron en diciembre de 2020. En plena pandemia, estaba prevista la celebración de una Reunión de Alto Nivel (RAN) en el país vecino. La versión oficial del aplazamiento fue la crisis sanitaria. Pero en el fondo del asunto se encontraba también la incomodidad marroquí con algunas declaraciones de integrantes de UP en el Gobierno, como el exvicepresidente Pablo Iglesias. Su postura, basada básicamente en defender el derecho de autodeterminación que ha promulgado la ONU, no gustó en el país vecino. Poco antes, además, había estallado la guerra en el territorio tras décadas de alto al fuego. 

Brahim Ghali

El Sáhara Occidental, un conflicto latente pero con no demasiada atención pública, volvió a los titulares por esa guerra entre Marruecos y el Frente Polisario. Y, además, por un nombre propio. Brahim Ghali, secretario general del Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). El dirigente saharaui fue acogido de manera humanitaria en abril de 2021 (y en secreto) por parte del Gobierno para que fuera atendido en un hospital de Logroño debido a la covid-19. El asunto desató una tormenta judicial, política y diplomática con pocos precedentes en las relaciones bilaterales.

Crisis de Ceuta, chantaje migratorio

Las consecuencias visibles del enfado de Marruecos no tardaron en verse. El reino alauí facilitó en mayo de 2021 la llegada de golpe de 8.000 civiles migrantes marroquíes a Ceuta, muchos de ellos menores. Tal y como reconocía la embajadora marroquí en Madrid, Karim Benyaich, el problema no era la presencia de Ghali en un hospital español, sino la postura española sobre el Sáhara. Más tarde lo corroboraba el ministro de Exteriores de Rabat, Nasser Bourita, quien no dudó en remarcar que el Sáhara es para Marruecos como Catalunya para España. De esta manera, negaba la condición colonial del conflicto saharaui. Sánchez fue contundente en su respuesta: "Es inaceptable que se ataquen nuestras fronteras por desavenencias en política exterior".

Entra Albares, sale González Laya

Otros nombres propios en las relaciones son Arancha González Laya y José Manuel Albares. La primera ejercía de ministra de Exteriores durante la acogida de Ghali y se le abrió una investigación judicial que hace poco quedó archivada. Pero su gestión había quedado muy tocada y en el mes de julio fue sustituida por José Manuel Albares, exembajador en París y muy cercano a Sánchez. El reto era recuperar unas relaciones bilaterales inexistentes en aquellos momentos. 

La carta a Mohamed VI, el Sáhara y sus consecuencias

El nuevo gabinete de Exteriores se puso manos a la obra. De manera discreta, eso sí. Porque no había indicios hasta aquel mencionado 18 de marzo de que hubiera novedades de relevancia. En esa carta, Sánchez consagraba la autonomía como "la base más seria, realista y creíble" para la solución del conflicto. España abandonaba así su neutralidad histórica y apostaba claramente por la opción que defiende Marruecos. Moncloa ha justificado este giro por las posiciones similares que tienen países como EEUU, Alemania o Francia. 

Argelia y el Polisario

No hay que olvidar otros nombres de total relevancia en este asunto. Por un lado, el propio Frente Polisario, organización que ejerce como legítima representante del pueblo saharaui ante la ONU. Su postura es clara: solo aceptan un referéndum de autodeterminación. La organización anunció que rompía relaciones con el Gobierno de Sánchez por esta decisión. Por otro lado, Argelia. El país magrebí es un aliado histórico de los saharauis. De hecho, en su territorio les ha dado cobijo durante casi cinco décadas en los campamentos de población refugiada de Tinduf. Las relaciones con los argelinos se han congelado desde la decisión de Sánchez. El embajador en nuestro país fue retirado y los intercambios comerciales se han resentido pese a, en principio, no estar en peligro el suministro de gas. 

Pegasus 

El espionaje y el llamado caso Pegasus es otro de los nombres propios a tener en cuenta. Pese a que no hay pruebas sobre quién está detrás de la intrusión en el móvil del presidente del Gobierno, la ministra de Defensa y el ministro de Interior, la relación temporal entre ambos hechos es evidente. Además, diferentes medios internacionales publicaron ya que Marruecos había usado contra otras personas el software Pegasus. De hecho, se ha publicado que el teléfono de González Laya fue también espiado, alimentando aún más las sospechas. Pero esta última intrusión no ha querido ser confirmada por Moncloa. 

Ceuta, Melilla y la OTAN

Marruecos también ha estado indirectamente implicado en la cumbre de la OTAN. El Gobierno había puesto entre sus objetivos principales incluir en la agenda de la alianza atlántica la situación de las dos ciudades autónomas y su relación de protección. Moncloa consiguió introducir un matiz semántico en el concepto estratégico para "despejar las posibles dudas" que hubiera sobre si Ceuta y Melilla están o no bajo el paraguas de la OTAN. El país vecino siempre ha tenido aspiraciones anexionistas sobre ambas ciudades y de hecho en diferentes foros mediáticos y políticos se les denomina "ciudades ocupadas".