El fenómeno de la ocupación de viviendas de forma irregular es uno de los que provoca mayor indignación ciudadana en España, especialmente cuando se trata de casos de primera o segunda residencia.
La mayoría de okupaciones se producen en pisos vacíos de bancos o fondos de inversión, pero en ocasiones también se dan en viviendas de propietarios normales, quienes pueden sufrir auténticos calvarios judiciales y económicos.
Gasto de hasta 30.000 euros por recuperar tu casa
Desde Securitas Direct cifran el gasto en un desalojo en hasta 30.000 euros cuando se trata de casos en los que los procesos judiciales se alargan hasta dos años e incluyen el arreglo de desperfectos en la vivienda. Así lo aseguran en su página web.
Entre los gastos totales que debe asumir un propietario que sufre la okupación de su vivienda están el del abogado y el procurador que interponen la demanda, el de los cerrajeros, notarios e incluso en ocasiones los okupas solicitan dinero a cambio de marcharse del piso. A todo ello, hay que sumar que durante el tiempo en el que los okupas estén en la vivienda el propietario deberá seguir pagando la factura de la electricidad, el agua, el gas, así como los impuestos y los gastos de comunidad de su vivienda.
Alertar a la policía de inmediato
Ignasi Vives, abogado de Sanahuja Miranda, explicó a 20minutos que «si se trata de la vivienda habitual y nos acabamos de percatar que nos han ocupado el inmueble, se debe interponer de forma inmediata una denuncia ante la Policía, para intentar que procedan al desalojo inmediato de la vivienda, ya que estamos ante un delito flagrante».
El delito flagrante es aquel que se está cometiendo o se acaba de cometer. El delincuente es sorprendido en el acto y la Policía interviene. El abogado Andrés Reina, por s u parte asegura a este diario que, una vez se presenta la denuncia ante la Policía, los agentes acreditan que eres el morador mediante tu DNI o el certificado de empadronamiento y «suelen proceder al desalojo inmediato».
Denuncia en el juzgado
Si el afectado no ha presentado una denuncia urgente ante la Policía, deberá acudir a la vía judicial. «La persona que vea su casa ocupada deberá iniciar un procedimiento judicial para reclamar la recuperación de la vivienda, ya sea por una demanda de desahucio o bien mediante interdicto de recuperación de la posesión», explica Ignasi Vives.
Allanamiento de morada o delito de usurpación
Los okupas pueden incurrir en dos delitos diferentes: allanamiento de morada y usurpación, explica el letrado Reina. Incurren en un delito de allanamiento de morada quienes entran en una vivienda que constituye el domicilio de otra persona, «ya sea su domicilio habitual o su segunda residencia».
Por el contrario, si el okupa entra en una casa en la que no vive nadie, «por ejemplo de un propietario recibida de una herencia», y se instala en la misma contra la voluntad de su dueño, incurriría en un delito de usurpación. Este caso también afecta las viviendas de vacías de los bancos o fondos de inversión.
Nunca se les debe cortar la luz, el agua o el gas
La alarma ciudadana ante el incremento de okupaciones de viviendas llevó al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) a distribuir una guía en la que advirtieron de que en el caso de sufrir una ocupación nunca se recurra a cortar la luz, el agua o el gas a los okupas, ni tampoco a impedirles el acceso a la vivienda, ya que, paradójicamente, se podría incurrir en un delito.
Aumento de los seguros por inquilinos
Otra derivada del problema de la okupación de viviendas es el boom en la contratación de seguros de impago por temor a que los inquilinos dejen de pagar y pasen a convertirse en okupas de facto.
Al respecto, las nuevas pólizas aumentaron un 20% en 2021 en comparación con el año anterior en las aseguradoras veteranas y se duplicaron en corredurías más nuevas, según el informe del Observatorio Español del Seguro del Alquiler (OESA).
Según Javier Íscar, presidente de OESA, entre el 30% y el 40% de los nuevos contratos de alquiler llevaban aparejado un seguro de impago, por el temor a que los inquilinos pasaran a convertirse en okupas de la vivienda. Por su parte, según aseguró a este diario Víctor López, responsable de aseguradoras del comparador financiero Rastreator, «a raíz de la Covid-19 hemos registrado claramente cómo ha habido un gran aumento del interés por las pólizas de impago». En concreto, agregó, «han registrado un incremento del volumen de contrataciones superior al 51% en los últimos meses».
Avance de este fenómeno
El presidente de la Organización Nacional de Afectados por la Okupación, Toni Miranda, denuncia el «avance imparable» de este «fenómeno delictivo». A falta de los datos definitivos a cierre de 2021 del Ministerio del Interior, las denuncias aumentaron un 41% entre 2015 y 2020.
No existe una cifra oficial de viviendas ocupadas en España, aunque el Gobierno sí registró 14.675 denuncias por okupación en 2020. Según los cálculos de Organización Nacional de Afectados por la Okupación (ONAO), hay «unas 120.000 viviendas ocupadas en España».
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