Sin control, peligran los fondos de la UE

No es cuestión de hacer un juicio de intenciones, pero si el Gobierno hubiera aceptado la propuesta de la oposición de crear una agencia independiente que gestionara la distribución de los fondos de reconstrucción de la UE o, en su caso, la admisión de una comisión parlamentaria encargada de su control, hoy no nos encontraríamos en la tesitura actual, con la creciente desconfianza sobre la pulcritud del reparto y las quejas, algunas muy fundadas, de sectores empresariales, como el de la industria turística, que apuntan a la mera incompetencia de las administraciones públicas.

De hecho, según los datos existentes, dispersos y sin sistematizar, sólo habrían llegado 9.000 millones de euros a la economía productiva española, de los 24.000 millones previstos para el ejercicio de 2021, es decir, un 37 por ciento del total. Si a la ineficaz burocracia se le suman la publicidad de algunas partidas, como el fomento del turismo para escritores, que dejan perpleja a la opinión pública, o el evidente desequilibrio en la financiación de proyectos municipales, muy escorado hacia los ayuntamientos que gobierna el PSOE, entenderemos que el principal partido de la oposición haya hecho saltar las alarmas y que algunos de sus dirigentes más señeros, como la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, busque el amparo del Parlamento Europeo para obligar a nuestro Gobierno a someterse a algún tipo de control externo, aparte de la farragosa vía judicial.

Por supuesto, la respuesta gubernamental ha sido la prevista, acusando al Partido Popular de poner en riesgo las ayudas comunitarias por intereses meramente partidistas. Sinceramente, no creemos que haya tal, puesto que los populares llevan muchos meses reclamando del Ejecutivo, que, no lo olvidemos, se ha arrogado el privilegio del manejo único de esos fondos, una transparencia que brilla por su ausencia y que, como en el caso de algunas ayudas directas, ya ha dado pie a la intervención de los jueces.

Pero, con todo, lo peor no es que se abra paso la sospecha de una utilización clientelar del dinero europeo por parte del Gobierno de coalición, sino el riesgo cierto de que por incompetencia o por falta de transparencia en la gestión, España, su tejido productivo, pierda una inigualable oportunidad de modernización de sus infraestructuras, que era la premisa básica de la creación del Fondo de Reconstrucción europeo. Con un problema añadido, que esa desconfianza sobre la equidad y criterio técnico de la distribución del dinero se instale entre nuestros socios comunitarios, algunos, como los llamados «frugales», muy predispuestos contra el supuesto despilfarro de los países del sur. No es, pues, la oposición popular quien pone en peligro los fondos europeos, sino un Gobierno demasiado refractario a la transparencia y la claridad de su gestión.