Ayuso fija las bases de una guerra contra Hacienda en el impuesto al patrimonio

El Gobierno de la Comunidad de Madrid da un paso más para tratar de blindar fiscalmente Madrid frente a posibles cambios que lleguen desde Moncloa y sienta las bases de un enfrentamiento directo con el Ministerio de Hacienda. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que este miércoles el Consejo de Gobierno dará luz verde al proyecto de la nueva Ley de Autonomía Financiera.

La medida sirve de amenaza y de reafirmación de posiciones políticas, pero, según los fiscalistas consultados por este medio, quedará en nada si el Gobierno de Pedro Sánchez decide reintroducir el Impuesto sobre el Patrimonio en la región, donde ahora mismo está bonificado al 100%. El texto “es una enumeración de las competencias que tienen actualmente las comunidades autónomas en materia fiscal”, señaló a este medio al respecto Constantino Vidal, socio de Zadal. “El contenido de este anteproyecto es más programático que jurídico”, añadió Almudena Medina, directora del área tributaria de Ceca Magán Abogados.

Pero tampoco va a ser un camino fácil para el Gobierno central. Primero necesita alcanzar un consenso en el Congreso y, una vez logrado, llegarán previsiblemente los recursos ante el Tribunal Constitucional desde la Comunidad de Madrid y desde gobiernos regionales que sientan amenazada su autonomía fiscal.

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En lo que sí coinciden los fiscalistas es en que se trata de una amenaza jurídica en toda regla. Según fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que dirige Javier Fernández-Lasquetty, el objetivo es blindar fiscalmente Madrid y, en cualquier caso, presentar batalla ante el Ejecutivo nacional si toca patrimonio u otros tributos, recurriendo cualquier medida ante el Constitucional.

Ayuso defendió que el texto, que debe ser aprobado por la Asamblea de Madrid, “asegura las competencias fiscales que tenemos recogidas en la Constitución y que nos permiten seguir siendo libres, mejores y aportar a este proyecto común de prosperidad, entendimiento y bienestar que es Madrid”. “Nosotros no vamos a subir los impuestos ni vamos a permitir que nadie los suba por la puerta de atrás porque es lo que los madrileños han votado”, dijo también Ayuso, recordando que si se suben impuestos a Madrid, el capital y la inversión no se irán a otras regiones, sino que abandonarán España.

Pero los expertos recuerdan que las competencias que están en la Constitución no necesitan una ley autonómica para clarificarlas, y que esta tampoco servirá para evitar injerencias que son posibles jurídicamente. Y, en cualquier caso, el Gobierno ha mostrado su predisposición a establecer algún tipo de tributación a las grandes fortunas de la Comunidad de Madrid, en medio de la presión de algunos gobiernos regionales como el de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana. Y, de hecho, los asesores fiscales de los grandes patrimonios madrileños ya trabajan con la premisa de que se reintroduzca la tributación de patrimonio en Madrid.

Se trata de una postura conservadora, buscando optimizar esquemas societarios y patrimoniales de los clientes con alto patrimonio como ya ocurre en otras comunidades autónomas. Aunque no hay consenso sobre pronosticar si se tributará ya por patrimonio en 2022 en Madrid, en caso de que fuera así, los cambios en la estructura de los grupos familiares, inversión en capital riesgo, el escudo fiscal entre rentas y patrimonio y otras formas para reducir la tributación pueden tardar varios meses o incluso más de un año en ejecutarse.

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Pese a las intenciones de Moncloa, el camino para obligar a los madrileños más pudientes a tributar por patrimonio no es sencillo. En primer lugar, la reforma de financiación autonómica, que podría abordar algún tipo de mínimos impositivos, está pendiente en un cajón desde hace varios años pese al déficit estructural de las comunidades autónomas.

La otra baza sería la reforma fiscal anunciada por Hacienda hace un año, que debe partir del informe de un comité de expertos que designó el ministerio que dirige María Jesús Montero, y que se debe presentar en febrero. Ya ha habido dos bajas de los 17 miembros iniciales, y fuentes cercanas apuntan a diferencias de criterio que, salvo sorpresa de última hora, llevarán a evitar grandes propuestas de cambios.

Está por ver si las modificaciones fiscales que propongan incluyen una base argumental que lleve a Moncloa a iniciar el largo camino de negociaciones con otros grupos parlamentarios para una reforma fiscal importante que, entre otras cosas, imponga patrimonio en Madrid. El socio de gobierno de Sánchez, Unidas Podemos, siempre ha defendido la necesidad de que se incremente la tributación en las rentas más altas.

Así, quizá la ley de Ayuso, pese a los peores augurios de los asesores fiscales de las grandes fortunas, no será necesaria porque no acaben produciéndose los cambios que llevan temiendo estos. Pero si acaba ocurriendo, hay varias vías para obligar a los ricos madrileños a tributar por patrimonio sin que la comunidad pueda evitarlo, aunque presente batalla en el Constitucional.

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El texto del Gobierno de la comunidad “se enmarca en la clara postura del actual Gobierno de la Comunidad de Madrid de querer preservar su autonomía legislativa en materia fiscal respecto de los impuestos cedidos, entre ellos el impuesto sobre el patrimonio. No obstante, en nuestra opinión, no vemos jurídicamente viable la posibilidad de que dicha ley, una vez en vigor, pudiera tener prevalencia jurídica en un escenario en el que, modificándose la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y ulteriormente la Ley de Cesión de Tributos que la desarrolla, resultase limitada o incluso eliminada la capacidad de la Comunidad de Madrid para regular dicho impuesto”, resumió Patricia García, socia de Avantia Asesoramiento Fiscal y Legal.

Según los expertos, el Gobierno de Pedro Sánchez podría establecer mínimos de tributación que eviten la bonificación actual del 100% en patrimonio o del 95% en sucesiones y donaciones, o nuevas figuras impositivas. Cristina Mayo, socia de FinReg, indicó que “las leyes de cesión de tributos también pueden verse modificadas sin que dichas modificaciones requieran un acuerdo previo de dicha comisión”.