Vivienda colaborativa: el nuevo modelo de "vida en comunidad" que quiere fomentar el Gobierno
- El Plan Estatal de Vivienda plantea subvencionar hasta el 50 % de la inversión en proyectos de este tipo
- Se ha extendido especialmente entre personas mayores que eligen envejecer entre amigos como alternativa a las residencias
Ni piso compartido ni vivienda particular, ni compra ni alquiler: cohousing o covivienda. El modelo de viviendas colaborativas, con una larga tradición en algunos países del norte de Europa, ha desembarcado en España y poco a poco va ganando adeptos. El último empujón se lo ha dado el Gobierno, que este martes ha aprobado una subvención de hasta el 50 % de la inversión a los promotores de estos proyectos de propiedad colectiva y un tope al precio que se paga por vivir en ellos.
El cohousing está en una fase embrionaria en nuestro país, con apenas 200 viviendas en distintas cooperativas, pero es cada vez más atractivo para algunos colectivos como los mayores, a los que presta atención la nueva ayuda del Ejecutivo. Las viviendas colaborativas se basan en el concepto de "vivir en comunidad": cada residente tiene su casa particular, pero comparte zonas comunes, servicios y apoyo mutuo entre vecinos.
"En el fondo es hacerte la vida más fácil. En un modelo de ciudad que nos separa, donde apenas conoces a los vecinos, aquí se generan redes de vecinos que se ayudan entre sí", explicaba a Radio Nacional Nacho García, de la cooperativa Entrepatios, que el año pasado puso en marcha la primera vivienda colaborativa en derecho de uso de la ciudad de Madrid.
Además de la vida en comunidad, este modelo se basa en otros dos pilares, según García. El segundo es la sostenibilidad, ya que el edificio construido por Entrepatios es de madera, de consumo energético prácticamente nulo y ninguna emisión de CO₂. El último pilar es el modelo de derecho de uso, algo prácticamente desconocido en España, pero al que se acogen un 10% de las viviendas en países como Dinamarca. "Tiene todas las ventajas del alquiler y todas las ventajas de la compra, pero no es ni una cosa ni la otra", según lo define el socio de la cooperativa madrileña.
“Tiene todas las ventajas del alquiler y todas las ventajas de la compra, pero no es ni una cosa ni la otra“
El residente puede disfrutar de la vivienda durante toda su vida, pero la propiedad es de la cooperativa. Los vecinos que quieran acceder a uno de estos proyectos pagan una cantidad inicial y una cuota mensual, aunque a diferencia de una hipoteca, pueden dejarlo en el momento que quieran y se les devuelve dicha cantidad. "La vivienda deja de pertenecer al mercado especulativo", resume García.
Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana insisten en que no se trata de compartir vivienda, como se hace en los pisos de estudiantes, ya que el usuario disfruta de un alojamiento particular, y que el cohousing está orientado a todas las edades y condiciones sociales. Busca fomentar especialmente la convivencia intergeneracional y dar solución también a trabajadores temporales, como los temporeros agrícolas.
Desde un sector del movimiento por la vivienda creen que estas iniciativas pueden ser "atractivas", pero critican que "disfrazan la realidad de la vivienda en este país, que es que la gente no se puede permitir un alojamiento por sí misma". El Sindicato de Inquilinos de Cataluña reivindica que el problema se debería resolver con la aprobación de la ley de vivienda y la limitación de los precios del alquiler. Esta ley, uno de los compromisos del Gobierno, se iba a aprobar inicialmente este martes junto al Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 y el bono joven al alquiler, aunque la falta del informe preceptivo del CGPJ lo ha retrasado.
Envejecer entre amigos como alternativa a las residencias de mayores
En Torremocha del Jarama, un pueblo de apenas un millar de habitantes al norte de Madrid, arrancó en 2013 Trabensol, un proyecto pionero de viviendas colaborativas para mayores, lejos del modelo tradicional de residencias. Aquí, unas 80 personas viven bajo los principios de "la autogestión, la solidaridad y la ayuda mutua", según señala a RTVE.es Jaime Moreno, uno de los socios fundadores.
A sus 85 años, Moreno, al igual que el resto de socios, vive en una casa particular con salón, cocina, dormitorio y cuarto de baño adaptado, pero a la vez vive "hacia afuera" y comparte buena parte del tiempo y el espacio con la comunidad. Todos los días comen juntos a mediodía, comparten zonas comunes como la lavandería, y participan en multitud de actividades como deportes, cinefórums o tertulias culturales y políticas.
Gracias a todo ello, asegura, "ha desaparecido la soledad". "Mi esposa falleció el año pasado. Y experimenté en primera persona cómo aquí sigues con las actividades, con las relaciones, etc. Tenemos una ampliación de la familia con la que vivimos", defiende Moreno. Otra ventaja sustancial respecto a las residencias, añade, es la autogestión.
“Mi esposa falleció el año pasado. Y experimenté en primera persona cómo aquí sigues con las actividades, con las relaciones“
Todos los residentes en esta cooperativa son socios y deciden juntos sobre el funcionamiento del proyecto. Eso les permitió, antes de que se declarara el estado de alarma en marzo de 2020, un aislamiento preventivo. Se dejaron de usar los comedores y zonas comunes y cada día se tomaban la temperatura, lo que hizo que la incidencia del coronavirus fuera mínima -15 infectados y tres fallecidos en total, lejos de las cifras de otros centros-.
El modelo de cohousing sénior, como también se conoce a estos proyectos, es el que más extendido está en España, frente a modelos residenciales como el de Entrepatios, todavía muy minoritarios. Hay una decena de iniciativas similares en Andalucía, Cataluña o Castilla y León, y otras tantas en construcción. El principal impedimento, reconoce Moreno, es el alto coste de comenzar a vivir en este tipo de viviendas. La aportación inicial -que se puede devolver en caso de abandonar el proyecto- se sitúa en 145.000 euros, a lo que hay que sumar unos 1.000 euros mensuales en caso de una persona sola o 1.400 por pareja.
A pesar de ello, hay una larga lista de espera para mudarse a Trabensol. En concreto son 26 las personas que han solicitado unirse a la cooperativa, y que cumplen con los requisitos requeridos: tener entre 50 y 70 años, un buen estado de salud y "estar de acuerdo con los principios de solidaridad y de poner a disposición de los demás los conocimientos que uno puede tener", resume Moreno.
Albergue autogestionado para temporeros
Aunque el ejemplo más común es el de cohousing compartido por personas mayores, el plan del Ministerio pretende también buscar soluciones habitacionales para trabajadores temporeros en las campañas agrícolas.
Uno de los primeros ejemplos de este tipo nació en Lepe (Huelva) a principios del pasado año. Allí la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (ASNUCI) creó un albergue autosuficiente y autogestionado para 38 personas con el fin de dar una "solución habitacional a gente que no la tenía por el racismo de quienes no están dispuestos a alquilar a migrantes", según Laura Seda, trabajadora social en la asociación.
Los inquilinos pagan 96 euros al mes, con gastos incluidos, por vivir en una de las ocho habitaciones compartidas que tiene el centro. El albergue "funciona muy bien, incluso ahora en temporada baja", según Seda. Los usuarios están tan satisfechos que pagan por los meses que no están para tener una plaza reservada en los meses de temporada alta -de febrero a mayo, aproximadamente-.
En el albergue se comparte la cocina y algunas zonas comunes, y la asociación organiza actividades como cursos de español para fomentar la integración en un municipio que cada año ve multiplicarse su población con la llegada de miles de temporeros cada año. Vecinos y migrantes "coexisten más que conviven", sostiene la portavoz de ASNUCI, una situación que este año se puede agravar por la falta de vivienda.
El año pasado varios incendios destruyeron los campamentos de chabolas en los que malvivían cientos de migrantes, por lo que se prohibió la construcción de nuevas infraviviendas. Esto, sumado a la escasez de vivienda en alquiler y a la falta de albergues públicos, deja al centro de ASNUCI, financiado mediante un crowdfunding, como una de las pocas opciones para los cerca de 4.000 temporeros que se desplazan a Huelva cada año para la recogida de la fresa y otros productos.
Ayudas de 50.400 euros para nuevos alojamientos de cohousing
La nueva ayuda estatal podría fomentar la construcción de nuevos centros similares, así como de viviendas en cohousing e intergeneracionales, tanto de iniciativa pública como privada. Según la letra pequeña del proyecto de real decreto ley, publicado este miércoles en el BOE, podrán recibir la ayuda aquellas promociones que se destinen al arrendamiento o a la cesión de uso durante un plazo mínimo de 20 años. Los edificios deberán tener calificación energética mínima A, tanto en emisiones como en consumo energético.
La ayuda será proporcional a la superficie útil construida, de un máximo de 420 euros por metro cuadrado. En total, el máximo de la subvención no podrá superar el 50% de la inversión de la actuación, con un límite máximo de 50.400 euros por alojamiento o vivienda. Es compatible con otras ayudas y de ella se podrán beneficiar fundaciones, asociaciones y cooperativas, pero también personas físicas y administraciones públicas.
Además, se limita el precio del alquiler o de la cesión de uso. Durante el primer año de vigencia de esta nueva norma, no podrá superar el importe de 8 euros mensuales por metro cuadrado de superficie útil de alojamiento, incluidas las zonas comunes.
Desde el movimiento del cohousing celebran la llegada de la primera subvención a nivel estatal para estos proyectos, ya que podría abaratar el precio de muchas de estas promociones. En general, las cooperativas se financian con las aportaciones de los socios y créditos de la banca ética, y los precios varían según el proyecto y la ciudad.
En Entrepatios, por ejemplo, para un piso de 70 m², más unos 20 m² de espacios comunes, la cuota inicial ronda los 40.000 euros y la cuota mensual, los 650 euros. En la cooperativa La Borda, de Barcelona, construida sobre suelo cedido por el ayuntamiento de la ciudad condal, hay que pagar una cuota inicial de 200 euros, una aportación al capital social de 18.500 euros y una cuota mensual de 500 euros en promedio.
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