El rey emérito Juan Carlos I, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre o los nueve condenados por el 'procés' que después fueron indultados serán los protagonistas en el apartado judicial en el recién comenzado 2022. También el excomisario José Manuel Villarejo. Sobre el futuro de todos ellos decidirá previsiblemente la Justicia a lo largo de este año, al igual que sobre el caso Kitchen, en el que se investiga el presunto espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, o los ERE de Andalucía.
Archivo de las investigaciones contra el emérito
Uno de los acontecimientos judiciales más destacados del curso será el archivo, casi con toda seguridad, de las tres investigaciones abiertas contra Juan Carlos I, que determinarán su posible vuelta a España tras salir del país en verano de 2020 rumbo a Abu Dabi, donde reside actualmente. Suiza, el otro país donde había una causa abierta que afectaba al emérito, ya tomó una decisión en este sentido. La Fiscalía, por su parte, decidió hace días prorrogar durante seis meses más las investigaciones para analizar la documentación recibida desde el país helvético. Sin embargo, no está previsto que cambie el rumbo del futuro archivo.
Las pesquisas contra Juan Carlos I se iniciaron en junio de 2020. En concreto, el Ministerio Público indaga en tres asuntos relativos al emérito: el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la existencia de una cuenta millonaria que puede estar vinculada al ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal. Por ello, está previsto que presenten un "duro" escrito que no se traducirá en la petición de que el Supremo abra una causa judicial contra él, pues los presuntos delitos cometidos antes de su abdicación en 2014 no se pueden perseguir penalmente al contar con inviolabilidad jurídica y los otros delitos fiscales no serían considerados como tal al presentar Juan Carlos I sendas regularizaciones en diciembre de 2020 y en febrero de 2021.
Recursos a los indultos de los presos del 'procés' y a Juana Rivas
Otro de los asuntos sobre los que decidirá este año el Tribunal Supremo será sobre los indultos concedidos por el Gobierno en junio de 2021 a los nueve presos del 'procés'. En total se presentaron 63 recursos contra la medida aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que se llevó a cabo pese al rechazo del propio tribunal, que señaló la falta de arrepentimiento de los condenados. El alto tribunal no prevé resolverlos antes de la próxima primavera. Si los tumbara, el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y otros exconsejeros deberían volver a prisión. En el caso del expresident huido Carles Puigdemont, tiene frentes abiertos en Italia y Bélgica.
Asimismo, también estudiará el Supremo el indulto parcial que se le concedió a Juana Rivas y que ha sido recurrido por su exmarido, Francesco Arcuri. Los hechos por los que fue condenada tuvieron lugar en el verano del 2017, cuando permaneció un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre, quien a su vez en 2009 fue condenado por lesionarla y al que ella había vuelto a denunciar por maltrato en 2016. La condena inicial por dos delitos de sustracción de menores fue rebajada por el Tribunal Supremo a dos años y seis meses de prisión, una pena que el Gobierno rebajó hasta el año y tres meses.
Los ERE de Andalucía
En el cajón de las sentencias por revisar, la que parece ya muy próxima es la de los ERE de Andalucía. La Audiencia Provincial de Sevilla condenó en 2019 al expresidente andaluz José Antonio Griñán a seis años de cárcel y a su antecesor, Manuel Chaves, a casi una década de inhabilitación. Tras más de dos años de espera, el Supremo deberá decidir si confirma las condenas, tal y como lo pidió la Fiscalía, que presentó un informe en el que solicitaba mantener las penas a los 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía que fueron protagonistas del considerado como el mayor caso de corrupción del PSOE.
Caso Kitchen y la caja b del PP madrileño
En otro tribunal, la Audiencia Nacional, está previsto que la Sala de lo Penal decida si reabre la investigación del presunto espionaje a Luis Bárcenas, financiado con fondos reservados, o si, por el contrario, avala la instrucción del juez Manuel García Castellón y envía a juicio esta pieza 7 del caso Villarejo.
Paralelamente a la instrucción judicial, el Congreso abrió su propia comisión de investigación en la que han ido compareciendo todos los protagonistas, desde policías hasta políticos. Tras numerosas sesiones, este grupo de trabajo, con los votos de PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu, emitió un dictamen –aún pendiente de ratificación en Pleno– que concluyó que el PP ordenó el espionaje y que tanto Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, como María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP entre 2008 y 2018, lo conocían.
El resultado de la investigación parlamentaria fue así más allá de las decisiones de García Castellón. Hasta ahora, el magistrado señala como "ideólogo" de la trama al ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que es el responsable político de más altura que queda en la causa. Castellón no imputó al expresidente y decidió exonerar a la exministra de Defensa, aunque está pendiente un recurso de Anticorrupción, que reclama que vuelva a estar imputada.
Previsiblemente también habrá novedades respecto a la presunta caja b del PP madrileño, que tiene en el foco principal a la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre. Pese a que ella siempre ha negado la existencia de la misma, son varias las personas relacionadas con los 'populares' madrileños le han apuntado directamente. En un principio, el juez la señaló como la persona que habría ideado y supervisado la financiación ilegal del PP en Madrid, y de hecho Aguirre sigue imputada, pero la Fiscalía Anticorrupción aún tiene pendiente de presentar el informe definitivo.
Más Villarejo
En este año seguirá siendo protagonista el excomisario José Manuel Villarejo, que tras pasar más de tres años en prisión preventiva y ser puesto en libertad provisional comenzó a ser juzgado en la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre. El excomisario se enfrenta a peticiones de casi 100 años de prisión en las tres causas que han comenzado a ser juzgadas (las llamadas piezas Pintor, Iron y Land, que versan sobre sus negocios privados), pero sobre su persona orbitan más de 30 piezas separadas.
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