El 12 de agosto de 2020, Raúl Pontvianne, uno de los hombres de la máxima confianza del productor televisivo José Luis Moreno protagonizó una de esas escenas que sólo ocurren en las películas de estafadores. Impecablemente vestido y al volante de un Nissan X Trail, el directivo, al que los investigadores sitúan en el segundo escalón de la organización criminal desarticulada en la operación Titella, se presentó en el polígono industrial Las Cubiertas de la localidad madrileña de Griñón para reunirse con el director de una sucursal bancaria y pedir financiación para una de sus empresas. El 9 de septiembre repitió la operación en una entidad de la ciudad de Toledo.

El vehículo forma parte del atrezzo que utilizaba la red de Moreno para "ofrecer una imagen de poder y solvencia ante los empleados bancarios" y conseguir la financiación que buscaban para poner en marcha sus proyectos, en algunos casos a costa de los créditos ICO que el Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha para ayudar a las empresas en dificultades por la pandemia de COVID-19.

Así consta en un informe al que ha tenido acceso laSexta que los investigadores de la Guardia Civil y de Jefatura Superior de Policía de Madrid que conforman la policía judicial en el caso Titella han enviado de forma conjunta al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que dirige las pesquisas.

Deportivos a nombre de empresas para blanquear fondos

El Nissan que Pontvianne utilizaba para dar imagen de solvencia ante los directores de las sucursales bancarias era uno de los coches más modestos utilizados por la red de José Luis Moreno. Entre la treintena de vehículos de alta gama intervenidos en la operación hay deportivos como un Ferrari modelo 458 Spider, valorado en más de 200.000 euros, dos Mini Cooper, dos Audi A8 y Q5, varios Mercedes de la clase A, un Tesla Modelo S y otro Modelo 3 y seis motocicletas de las marcas Yamaha, Honda y Kawasaki.

La mayoría de los vehículos estaban registrados a nombre de amigos y familiares de los cabecillas de la red y de las empresas con las que la trama realizaba las operaciones empresariales y crediticias que el juez considera constitutivas de los delitos de organización criminal, estafa por valor de 50 millones de euros, falsedad documental, fraude fiscal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

El Ferrari Spider, un deportivo con el que es prácticamente imposible no llamar la atención, figuraba a nombre de la sociedad Aguilera Truly Great, vinculada al empresario Antonio Luis Aguilera, investigado por el "peloteo de cheques" que sus sociedades realizaban con las del productor televisivo. Fue intervenido en la casa de uno de sus empleados.

El Tesla Model 3, con un precio en el mercado de al menos 47.000 euros, figuraba a nombre de la sociedad Olive Ville Patrimonio, una de las empresas a la que José Luis Moreno estaba traspasando los activos de otras dos mercantiles llamadas Kultperalia y Gecaguma, con el fin de "evitar el embargo por impagos de la Agencia Tributaria" y la entrega al empresario argentino Alejandro Roemmers de los estudios que tienen en disputa, según recogen los investigadores.

Antonio Salazar, otro de los presuntos cabecillas de la red, fue fotografiado saliendo de su domicilio de Madrid a bordo de un BMW Z4 descapotable, coche que simultaneaba con un Audi A8 que tenía en su casa de Murcia. Según el informe, los dos vehículos estaban a nombre de empresas controladas por testaferros de Salazar, pero las vigilancias y los controles de actividad a los que fue sometido permitieron determinar que era "el usuario real y habitual" de los dos vehículos.

Los investigadores tienen claro que la compra de los coches y motocicletas son una de las pruebas que demuestran la comisión del delito de blanqueo de capitales. "Tratando de ocultar su titularidad real, estas adquisiciones de vehículos son una forma más de blanquear el dinero obtenido de su actividad ilegal, dado que existe gran desproporción entre el valor de estos bienes y los ingresos de origen licito que tienen los detenidos", apunta el informe.

Una segunda vida para los vehículos

En la actualidad todos los vehículos intervenidos se encuentran en depósito y a disposición del juzgado en las dependencias que la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona tiene en el municipio de Sant Andreu de la Barca y en la sede de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Pero los agentes quieren darles un uso y, por eso, han pedido al juez que al menos 22 de estos vehículos que la red de José Luis Moreno utilizó para intentar engañar a los bancos sean destinados ahora a perseguir a los criminales, al ser, según explican en su informe, "especialmente idóneos para la prestación de un servicio público".