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Un juzgado de Barcelona insta a la Fiscalía Europea a investigar la reunión de Iván Redondo por el reparto de fondos de la UE

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En las conversaciones por el 'caso Voloh' un ex cargo de CDC investigado comenta su encuentro junto a otros empresarios con el que era jefe de gabinete de Pedro Sánchez

Redondo en una imagen de archivo
Redondo en una imagen de archivo

El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha remitido a la Fiscalía Europea la documentación con conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil a imputados del caso Voloh para que investigue si se pudo cometer algún delito "comunitario" en la reunión que Iván Redondo, entonces jefe de gabinete del presidente del Gobierno tuvo con representantes de la patronal catalana Foment del Treball para avanzarles el reparto de fondos de la Unión Europea, unos 140.000 millones de euros para España, cuando todavía no eran públicos.

Un informe de la Guardia Civil indica que el pasado octubre se captó una conversación telefónica entre el ex cargo de CDC y empresario David Madí, con el directivo de la consultora RSM Spain en el que se hacía alusión a este encuentro. Los dos comentan una oportunidad de negocio para asesorar a compañías interesadas en recibir ayudas de los fondos europeos a cambio de una comisión: "El negocio yo creo que está en un fee discreto para ayudarlos a presentar proyectos" explica Madí.

"Lo que hay que hacer es establecer un canal para entrar por si... Yo... Yo me vi con... en Foment... Yo formo parte de Foment", cuenta Madí, quien narra los detalles de su encuentro con el jefe de gabinete de Sánchez: tuvimos una reunión, de pequeño comité, con Iván Redondo, ¿vale? Y nos lo explicó allá... Eso será una merienda de negros... Los planteamientos son 140.000 millones de euros".

Para los investigadores, esta conversación podría evidenciar que se informó del proceso de reparto de los fondos europeos antes del anuncio del Gobierno y por eso el juez lo manda a la Fiscalía Europea para que aclare si constituye delito. Madí está investigado por el juzgado por presuntamente usar sus contactos políticos con la Generalitat en varios negocios públicos, con lo que le imputan los delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y blanqueo, así como desórdenes públicos por las conversaciones sobre la organización de las acciones del Tsunami Democràtic para protestar por la condena del Tribunal Supremo a los líderes independentistas.

Desde Foment del Treball se reconoció que la reunión con Redondo tuvo lugar por videoconferencia el pasado 28 de septiembre y que se informó sobre cuestiones sobre la crisis sanitaria por coronavirus y la recuperación económica prevista. Señalan que en el encuentro participaron "unos cincuenta miembros de los órganos de gobierno y consultivos de la institución" y que se abordaron diferentes cuestiones "de actualidad económica, cuestiones fiscales y de cómo se podría organizar la gobernanza de los fondos europeos".

Además indican que no se entró en el detalle del reparto de los 140.000 millones de euros que recibirá España de la Unión Europea y que ese reparto de fondos estaba en aquel momento en "fase embrionaria". Aseguran que en la reunión con Redondo "no se negoció nada", quedando claro que los proyectos seleccionados "no serían elegidos a dedo". Precisamente la letrada de David Madí, Olga Tubau, presentó un escrito en el juzgado con la convocatoria de la reunión de Redondo con Foment, para demostrar que no era clandestina.

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