La vacuna de AstraZeneca seguirá siendo una ayuda importante para lograr los objetivos de inmunización contra la epidemia, pero las dudas sobre su seguridad han provocado un nuevo vuelco en la estrategia de vacunación española, apenas 24 horas después de que Pedro Sánchez se comprometiese con un calendario que permitía la inmunidad de rebaño a finales de agosto.
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que participan el Gobierno central y las comunidades autónomas dio luz verde a la propuesta acordada en la Ponencia de Vacunas tras conocer los detalles de la Agencia europea del Medicamento. Esta consiste en dejar, ahora, AstraZeneca a la población mayor de 60. Al tiempo, se decidió paralizar sine die la inmunización de los menores de esta edad, resolución que afecta sobre todo a los grupos esenciales.
«La vacuna de AstraZeneca se va a poner, el acuerdo es, a mayores de 60 años», matizó Carolina Darias, ministra de Sanidad, en el sentido de que el límite superior de 65 años sería sólo una consecuencia de la estrategia que tenían ya implantada las autonomías para los próximos días. Sin embargo, y en virtud del nuevo acuerdo, podría abrirse la vacunación también a mayores de 65.
Esto significa que queda pendiente solucionar qué pasará con los 2.154.675 que ya han recibido la primera. La mayoría son menores de 60 años que o bien se inocularán con otra fórmula o se quedan con sólo el 70% de protección, que según los estudios ofrece solo una dosis.
Los grupos afectados menores de 60 años son los del 3, que engloba a otro personal sociosanitario distinto del grupo 2, y grupo 6, que son los colectivos en activo con una función esencial para la sociedad: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas; docentes y personal de educación infantil y necesidades educativas especiales, y de educación primaria y secundaria. Además, se adapta la ficha de la vacuna de AstraZeneca e incluyen la vinculación de los trombos con la puesta de la vacuna.
Estas decisiones siembran la duda entre las autonomías, porque, según fuentes consultadas, no saben cómo se lo van a explicar a la población. La Comunidad de Madrid ha mostrado su disconformidad con la propuesta del Ministerio de Sanidad de vacunar ahora sólo entre 60 y 65 años, porque, argumenta, no está basada en las Conclusiones del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo (PRAC), el organismo dependiente de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) que ha estudiado durante las últimas semanas la posible vinculación entre casos de trombosis y la vacuna.
En general, pese a reticencias mostradas también por el resto de autonomías, el resto ha votado sí a la propuesta de Sanidad, con las excepciones de, además de Madrid, País Vasco y Ceuta, que se han abstenido. La sensación de personas presentes en la reunión, según ha podido saber EL MUNDO, es que no se habían leído las indicaciones del PRAC.
María Jesús Lamas, directora de la Agencia del Medicamento Española (Aemps), señaló que las autoridades europeas han concluido «que el balance beneficio riesgo de la vacuna sigue siendo positivo. Esta es la misión del PRAC», recordó. «Sin embargo, han concluido que estos casos raros tienen un vínculo con la administración de la vacuna», matizó Lamas. La conclusión del PRAC se sostiene, según Lamas, tanto por la asociación estadística como por el descubrimiento del «mecanismo» que explicaría el efecto adverso. Los efectos adversos, ha insistido Lamas, «son raros». En la Unión Europea y Reino Unido se han detectado 169 casos de trombosis cerebrales venosas y 53 de trombosis en el abdomen, tras haberse administrado la vacuna a 34 millones de personas. La mayoría de los casos se han producido en mujeres menores de 60 años, pero el PRAC no ha llegado a ninguna conclusión sobré «qué población debe o no debe recibir la vacuna», explicó la directora de la Aemps.
Por otro lado, el Consejo Interterritorial también debatió la propuesta del Ministerio de Sanidad para ampliar las excepciones a la polémica Ley de obligatoriedad de las mascarillas que recoge las situaciones en las que será posible no llevarlas, con vistas a las actividades de ocio habituales en primavera y verano. La ministra explicó que «hemos establecido en este acuerdo un anexo», donde se incluye «qué actividades se consideran incompatibles con el uso de la mascarilla». «Le pongo un ejemplo, el baño en el mar, río, embalse, lago o piscina sería incompatible», reflejó. Por el contrario, e l paseo en la playa sí requeriría el uso de mascarilla. Se trata de un acuerdo que interpreta, pero no modifica el artículo 6.2. Hasta ahora la excepción que permitía no llevar mascarilla a personas haciendo deporte individualmente, siempre que pueda mantenerse una distancia mínima de 1,5 metros, se extiende ahora a cualquier «esfuerzo físico de carácter no deportivo».
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