El Ayuntamiento de Madrid continúa con su plan de recuperar inmuebles de titularidad municipal. Ya empezó hace un año, primero con la Dragona y, más tarde, con la Ingobernable, en Prado, 30. Hoy a las 9.30 horas, la policía local se presentará en el número 32 de la calle Luna (Malasaña) para iniciar el proceso de desalojo de alrededor de 250 okupas, entre los que se encuentran 32 familias con 40 menores a su cargo. Los técnicos munipales acudirán esta mañana para agotar la vía administrativa, antes de embarcarse en el proceso judicial.
Casa por casa, puerta por puerta, los agentes advertirán a los ocupantes que, debido a la notificación de desalojo que recibieron hace mes y medio, tienen que abandonar el edificio. Eso sí, «abandonarlo voluntariamente, no se les puede obligar», indica a este meido el área de Urbanismo, que dirige Mariano Fuentes (Cs). Después, «se levantará acta con lo que ocurra, se irán, y ya es cuando se puede iniciar el proceso judicial», señalan las fuentes municipales que ya asumen que los vecinos no abandonarán hoy el que fue el Palacio de Infanta Carlota, cuya expropiación se aprobó en 2005 y desde 2011 pertenece al Consistorio matritense.
La misma víspera, una decena de vecinos charlaba con 20minutos en el rellano del tercer piso. Una mujer ecuatoriana, acompañada de su hija pequeña, admitía estar de okupa después de años de estafa, su vecina, también de Ecuador, reconocía, en cambio, nunca haber pagado por vivir ahí; Alicia, la cara de la resistencia, lleva toda su vida en esa casa. Pagaba su alquiler a Cintia Real SL hasta que el gobierno municipal se hizo con el edificio. Desde entonces espera alternativa habitacional. «Si me tengo que ir, me voy, pero que me den alternativa». Sus vecinos dicen estar de acuerdo con esta exigencia y, señalan a los servicios sociales como los culpables. «No nos dan alternativa, solo nos ofrecen un piso compartudo para tres mese y, despés ‘búscate la vida’», dice Lady, mujer ecuatoriana de 36 años al cargo de dos menores. Su vecina, aparente amiga, le da la razón. «Una va a los servicios sociales y no te dan ninguna ayuda, en nada».
El área de Familias, Igualdad y Bienestar Social se defiende. Tal y como indican a este medio, los servicios sociales trabajan en dar una alternativa a estas personas. Tras realizar una valoraición de la situación, han detectado 32 familias «con clara vulnerabilidad, a los que se les ha valorado una alternativa residencial». Concretamente, ocho de ellas han sido catalogadas como personas en situación vulnerabilidad social con una trayectoria estable en el edificio, algunas de ellas habrían rechazado anteriormente vivienda pública (EMVS) y que cumplan los requisitos previstos para la adjudicación de vivienda pública y pueda ser compatible con la indemnización económica recibida, se propone el realojo en vivienda pública en régimen de arrendamiento. Las otras 24 son son personas sin una trayectoria estable o que no cumplen los requisitos previstos para la adjudicación de vivienda pública y se encuentran en situación de vulnerabilidad social, además de no contar con red familiar y recursos económicos suficientes. Por ello se les ofrecería ayuda económica de los servicios sociales municipales para acceder a una alternativa residencial (vivienda en arrendamiento en el mercado) o el acceso a una prestación a alojamiento alternativo temporal (PAA), compartido y supervisado, señalan desde el área que dirige Pepe Aniorte (Cs).
Los vecinos presionan y la oposición municipal, también. Para el grupo que lidera Rita Maestre, «compartir habitaciones de forma temporal a familias completas» no es una solución a este problema, dado que, «el edificio está apuntalado desde finales del año pasado, con el consiguiente riesgo de desmoronarse». El Gobierno local «no ha abordado con la suficiente delicadeza y profesionalidad» este problema y «ha decidido desalojar sin ofrecer un realojo digno a las familias». El concejal de Más Madrid Javier Barbero exigió ayer al Ayuntamiento de la capital una solución residencial adecuada para estas familias: «No permitamos que se queden sin casa en plena pandemia».
«Si nos dan una vivienda social, nos vamos»
Unos dicen tener «miedo» al desalojo en tiempos de Covid. Otros, no temen por dejar sus casas si, a cambio, reciben una alternativa en condiciones. Todos apuntan a los servicios sociales a los que piden una vivienda.
La vecina más veterana. «Mis padres eran los porteros», dice. Esta mujer defiende que tras vivir más de 70 años en esta casa, adquiere unos derechos, «dicho por un juez», señala. Alicia se iría hoy mismo, pero no sin un realojo. «Tengo derecho a mi vivienda social».
Llegó en la primavera de 2004, antes de la expropiación. Pagaba «religiosamente» su alquiler, hasta que el Ayuntamiento dijo que ya no hacía falta. «A mi no me importaría pagar renta pero lo que no puede ser es que me hagan irme de aquí, una casa en buenas condiciones».
Sujeta a su hija de dos años en brazos. Vive en este edificio desde hace seis años con su marido y su otra hija de 9 años. «Antes pagabamos a una persona pero nos enteramos de que era una estafa. Dejamos de pagar y ahora vivimos de okupas. Necesitamos una alternativa».
«Cuando mi casa se cayó no tenía dónde irme. Fue mi jefe quien me dio las llaves de este piso. Desde hace unos años vivo aquí. Los servicios sociales me ofecieron una habitación compartida solo res meses. No entiendo por qué a los indigentes les dan viviendas y a nosotros no».
No oculta su condición de okupa. Esta ecuatoriana de nacionalidad española –asegura– lleva cuatro años residiendo en este inmueble. Es mujer soltera y trabaja de ayudante de cocina. Está nerviosa: «El desalojo Lo estoy llevando fatal con esto del Covid», señala.
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