El consejo de Cuatrecasas ha pedido dinero a sus socios para blindar al despacho desde el punto de vista financiero en un momento de una elevada incertidumbre mundial por la emergencia sanitaria y económica provocada por el coronavirus. La medida se puso en práctica con carácter preventivo inmediatamente después de la declaración del estado de alarma en España el pasado 14 de marzo. Fue una decisión del consejo que preside Rafael Fontana y, pese a ser voluntaria, fue secundada por todos los socios de Cuatrecasas, que han desembolsado ya unos 20 millones.
El despacho, una sociedad limitada profesional (SLP), cuenta con 220 socios propietarios que tienen entre sus compromisos colaborar en la financiación de la firma, tal como fijan los estatutos. Para ello, cada socio hace una dotación al fondo de financiación que es proporcional a su participación. El fondo, aunque se va nutriendo con las aportaciones de los nuevos socios y los reintegros de los que dejan la firma, es muy estable en el tiempo. En la crisis del 2009 también se aprobó una dotación extraordinaria, pero en esa ocasión no se llegó a ejecutar la operación.
Pese a tratarse de una medida voluntaria y preventiva, todos los socios han realizado la aportación sin dudarlo
Los alrededor de 70 millones del fondo permiten al despacho financiar su circulante al margen de la banca y a un coste asumible para la empresa e interesante para el socio, que recibe intereses por lo que formalmente se articula como un préstamo subordinado. De esta manera, además, Cuatrecasas no necesita hacer uso de los 50 millones de euros de pólizas bancarias con los que cuenta.
“Tras un año muy bueno, hemos subido el importe de cada socio en un 25% y todo el mundo ha estado de acuerdo”, explica Jorge Badia, consejero delegado de Cuatrecasas. “Con esta medida, compramos la tranquilidad de saber que no tendremos que recurrir al crédito bancario en un escenario que hoy nadie es capaz de anticipar en lo que se refiere a la disponibilidad del crédito y su coste asociado”, añade.
Cuatrecasas, con sede en Barcelona, es uno de los despachos líderes en España con más de 1.700 profesionales y oficinas repartidas por todo el mundo. La facturación superó el año pasado los 300 millones de euros, en un ejercicio récord tanto en ingresos como en beneficios.
Pero ahora toda prudencia es poca. La crisis actual, que ya ha tomado forma de recesión aunque no haya sido oficialmente declarada, golpea a toda la economía. Muchos despachos trabajan estos días a destajo en el área de laboral y también en la de fiscal. En cambio, otros departamentos como los de fusiones y adquisiciones, mercado de capitales, procesal o administrativo tienen menos trabajo.
La incertidumbre es alta, el sector va a sufrir –ya lo está haciendo– y los despachos grandes, medianos o pequeños van adoptando sus planes de contingencia, que pasan por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), la retención de los beneficios a los socios, la supresión de los bonus y la congelación de las promociones de nuevos socios, entre otras medidas.