En agosto de 1990 hubo relevo en la Casa de Nariño y el nuevo presidente, César Gaviria Trujillo, tuvo claro que no podía descartar la fórmula del sometimiento a la justicia. Al fin y al cabo había heredado una guerra de los mafiosos y el clamor social era buscar la forma de parar los atentados terroristas.
Aunque en ese final de 1990, el gobierno trató de equilibrar cargas promoviendo la Asamblea Nacional Constituyente; concretando un ataque a Casaverde, santuario de las Farc en Uribe ; o formalizando la creación de la justicia sin rostro, en el fondo su preocupación esencial era la política de sometimiento a la justicia planteada a los narcotraficantes.
El desenlace de esta secuencia es ampliamente conocido. El 19 de junio de 1991, el mismo día que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó en primera vuelta la prohibición de la extradición de colombianos, Pablo Escobar Gaviria se entregó a la justicia. Después de una guerra de siete años con miles de muertos, la mayoría ajenos a la confrontación, el capo de capos logró su cometido.
En esa región, las autodefensas de Henry Pérez, que en la segunda mitad de los años 80 habían liderado en el país el movimiento armado contrainsurgente, libraban una sangrienta guerra interna por la notoria influencia del narcotráfico.
Sin embargo, el impacto de estos nuevos alfiles jurídicos para hacerle frente a los dilemas de la justicia y la seguridad, sólo se constató con el curso del tiempo. En ese momento, la prioridad era Pablo Escobar, prófugo de la justicia desde el 22 de julio de 1992, día en el que se evadió de la cárcel de La Catedral con todos sus lugartenientes a bordo.
Así quedó planteada la crisis.
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