Miles de contratistas del Estado se mantienen en alerta permanente desde finales del 2022, cuando el presidente Gustavo Petro dijo que acabaría con esa modalidad contractual en el país, por considerarla una especie de vejamen contra los trabajadores.
El asunto escaló tanto que llegó inclusive hasta el despacho de la Ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, quien reaccionó con unas declaraciones que apuntaron a sembrar dudas acerca de la asertividad de la circular enviada por la Función Pública. Así las cosas, se desvelaba un canal de comunicación roto entre el ministerio y la entidad encargada de orientar las políticas de funciones en el Estado.
El asunto es, dice Manrique, que lo sucedido despeja un panorama preocupante: las entidades del Estado, en su mayoría, no han cumplido con un mandato de la Corte Constitucional de hace 12 años, y de lo pactado en la Constitución del 91, en el sentido de que los departamentos de talento humano de esas entidades deben, año tras año, actualizar sus plantas de personal, con lo cual pueden minimizar la necesidad de contratistas temporales.
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