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Tanto las víctimas como las ONG de derechos humanos, igual que países y líderes respetuosos de las garantías democráticas, reciben con asombro y decepción el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hace apenas cuatro meses, la Alta Comisionada de Derechos Humanos del organismo, Michelle Bachelet, denunció gravísimas vulneraciones por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro contra sus ciudadanos, entre ellas cerca de 7.000 ejecuciones extrajudiciales.
¿Qué hace Venezuela ahora en ese Consejo, para el período 2020 - 2022? Es una afrenta al mundo civilizado y democrático que ha podido constatar la pérdida vertiginosa de la calidad de vida del grueso de la población: con un desastre económico que llevó a cuatro millones de venezolanos a salir en busca de oportunidades en los países de la región. Además del cerramiento de las libertades políticas y una corrupción que penetra hasta las bases a instituciones como las Fuerzas Armadas y PDVSA.
Ese mismo informe habla de los verbos rectores del régimen: “neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política”. Una tarea constante de un régimen que ha celebrado elecciones sin veedurías independientes, desconocidas por la comunidad internacional, en busca de perpetuarse en el poder. Para ello ha encarcelado y hostigado a los líderes de los partidos de oposición y quiso disolver y despojó de funciones a la Asamblea Nacional, expresión del poder legislativo legítimo.
Venezuela pasa a integrar ese mismo Consejo que le solicitó a la Alta Comisionada el informe sobre el cúmulo de violaciones de derechos humanos de un régimen cínico y desairado, pendenciero y cerrado, siquiera, a que entre ayuda humanitaria a un país que pasa hambre y carencia de elementos básicos.
Con 105 votos, ahora Venezuela, su gobierno ilegítimo y déspota para ser más precisos, representa junto con Brasil (153 votos) a América Latina y el Caribe en un Consejo que pareciera, como lo dijo Human Rigths Watch, estar perdiendo la tradición y firmeza de sus ideales. Maduro se ha permitido un “triunfo” diplomático que le da un respiro a él y a su cúpula, pero que tiene un aire de amargura para el continente.
Este nombramiento, aunque guarda cierta frustración para los países que han denunciado una y otra vez las tropelías del régimen chavista, muy en especial a lo largo de los últimos seis años, constituye un reto para que esa ofensiva que busca restaurar las garantías democráticas y los derechos humanos de los venezolanos no flaquee.
Ya el embajador de Maduro ante este Consejo ha dicho que Venezuela no colaborará con una misión sugerida por la misma Alta Comisionada para verificar las ejecuciones extrajudiciales ocurridas por millares el último lustro. Una manera bastante elocuente de corroborar el incomprensible exabrupto que constituye este nombramiento. Un yerro en el seno de la ONU que hacia afuera es visto como una bofetada para millones de víctimas, expulsadas por la crisis o atrapadas en la sinsalida de la depresión económica interna.
Los países no alineados (entre ellos Sudán, Indonesia, Irak, Libia), según detallaron los cables de agencias de prensa que cubrían la votación, fueron los que paradójicamente aseguraron la llegada de Venezuela al Consejo, porque los países latinoamericanos, en su mayoría los del Grupo de Lima, apoyaban a Costa Rica. Una decisión que es un reversazo histórico a la luz de los desmanes de Maduro y sus áulicos, y de lo que ellos con su conciencia opaca hacen contra las libertades y la integridad de sus conciudadanos.