Los tres episodios por los que Vega tiene un proceso penal abierto

El denunciante dice que el registrador pudo haber cometido fraude, pero Fiscalía tiene la tarea de indagar.

Pese a las críticas en el conteo de votos al Legislativo, el registrador Alexánder Vega sostiene que en la carrera a la Casa de Nariño tendrá una total transparencia. FOTO jaime pérez

Carlos López

19 de mayo de 2022

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A solo 10 días de las elecciones a la Presidencia, el registrador Alexánder Vega acumula al menos tres expedientes judiciales en su contra, uno de ellos de carácter penal.

Se trata de la indagación preliminar que le lleva la Fiscalía por presuntas irregularidades en la pasada contienda al Congreso del 13 de marzo.

En ella, según el denunciante Sergio Alzate, se registraron tres episodios que merecen ser revisados ya que se podría haber cometido fraude; ello pese a que Vega siempre ha insistido en que ha reinado la transparencia electoral bajo su dirección.

El caso actualmente está a cargo de un fiscal especializado, quien lo tiene en fase de indagación previa a una investigación formal.

Para Alzate, –director de Colombia Transparente que aspiró al Senado por la coalición Colombia Justa Libres y Partido Mira– todo empezó cuando se enteró en diciembre de 2021 de que supuestamente se iban a alterar los perfiles de los jurados de votación y el software electoral.

Supuestas irregularidades

Ante la Fiscalía, el 13 de enero Alzate amplió su versión con un primer elemento: el supuesto fraude a una resolución judicial en la que Vega no habría cumplido las normas al contratar a las empresas Disproel e Indra.

Esto “porque se exigía que fuera un software que tuviera una operación con trazabilidad desde la mesa hasta la elección; y que fuera de propiedad de la Registraduría y operado por su personal”, detalló Alzate, añadiendo que el registrador prefirió alquilar los servicios y saltarse la regla.

Por ello, según el denunciante, Vega habría cometido los delitos de fraude y celebración indebida de contratos.

La averiguación, de todos modos, tendrá que hacerla la Fiscalía, ente que ha preferido llevar de manera confidencial el proceso para no afectar la reserva. De hecho, no han confirmado los delitos enunciados por Alzate.

En el segundo episodio se habla de un supuesto fraude en las elecciones al Senado, y prueba de ello sería un informe de 365 archivos que Alzate recaudó con ayuda de auditores. En él aparecen irregularidades en 71 mesas, las cuales tienen 1.088 reclamaciones que afectarían a todos los partidos y candidatos.

Por último, la denuncia consta de la supuesta habilitación para que jurados votaran dos veces. Es decir, que pudieran votar en la mesa en la que ejercían su labor, y en otra en la que estaban registrados como ciudadanos.

De hecho, si eventualmente eso pasó, a la luz de la Ley, habría sido por algo procedimental, ya que todo jurado está obligado a votar donde ejerce dicha labor. En concreto, nadie puede votar dos veces en la misma contienda.

Por otro lado, dentro de este punto, el director de Colombia Transparente habla de un supuesto ofrecimiento que le hicieron para alterar los perfiles de los jurados de votación antes de las elecciones, algo que también deberá revisarse.

Así las cosas, lo cierto es que Alzate tiene dos peticiones: que con una prueba pericial se dictamine si los cerca de 300.000 votos que él calcula en efecto fueron dobles, ya que en su declaración juramentada dijo que lo que él tiene son meros indicios.

Y que se solicite que Vega corrija el error en caso de que se haya presentado, pues se está a tan solo 10 días de una nueva cita en las urnas. En este punto Alzate no tiene ninguna prueba, excepto el audio de la persona que les comentó sobre el supuesto perfilamiento a jurados.

La suspensión privisional

En el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –justo al frente de la Fiscalía, donde reposa el expediente penal contra el registrador– este miércoles se llevó una audiencia en la que se pide apartarlo de forma provisional mientras se da una decisión de fondo.

A la cita fue Daniel Mora en su representación, y se debe a una acción popular por supuesta violación de la moral administrativa tras los cuestionamientos al manejo de las elecciones al Congreso.

Entre los testigos estuvieron el expresidente Andrés Pastrana, el senador Juan Diego Gómez y los candidatos a la presidencia Enrique Gómez, Íngrid Betancourt y John Milton Rodríguez.

El expresidente Álvaro Uribe, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez estaban citados, pero como no fueron, el magistrado decidió limitar los testimonios y procederá a analizar lo que dijeron los otros testigos.

Mientras se da esa decisión administrativa y avanza el proceso penal, la procuradora Margarita Cabello le pidió a Vega resolver de manera urgente las solicitudes de partidos políticos relacionadas a la elección presidencial que está a la vuelta de la esquina.