Sin lugar a dudas, de las tres semanas transcurridas del 2022, esta ha sido la peor para las relaciones entre el Gobierno nacional y el distrital.

Si bien es cierto que los habituales roces comenzaron el pasado 4 de enero, cuando el ministro de Defensa Nacional, Diego Molano, indicó que el portal Américas sería militarizado, solo para que un día más tarde la alcaldesa Claudia López desvirtuara dicho comando y diera a entender que no habría ninguna forma de militarización, esta semana la relación entre la Casa de Nariño y el Palacio Liévano empeoró.

¿La razón? Un tema que le ha dado varios dolores de cabeza a la Administración Distrital de López: los indígenas emberá, algunos de los cuales ya suman varios meses instalados en cambuches en el Parque Nacional y cuya reubicación ha sido un proceso muy complejo.

Si bien es cierto que este capítulo ha tenido varios episodios, esta semana la muerte de una mujer embarazada y de una niña emberá en la localidad de Engativá (lo que a su vez sobrevino en el linchamiento y la muerte del conductor que iba manejando el camión del siniestro cuando ocurrió el accidente), subió los decibeles de la discusión y llevó a que la alcaldesa reflexionara lo siguiente:

“Es responsabilidad y obligación definitiva del Gobierno nacional garantizar su retorno y reubicación en febrero. Sean capaces de defender a los colombianos y garanticen la reubicación o retorno seguro a sus resguardos. Es que los indígenas no deberían estar deambulando por una carretera en Funza: deberían estar en sus resguardos en Chocó o en Risaralda”, indicó el jueves en la mañana la Mandataria.

Aludiendo a que las ciudades no son islas, el mensaje de la Alcaldesa fue claro: “mientras Colombia sea un mar de corrupción, violencia, desplazamiento y asesinato de nuestra Fuerza Pública, desafortunadamente no vamos a poder mejorar, más de lo que ya lo hemos logrado, los índices de seguridad”.

Y acto seguido, haciendo una referencia en particular al desplazamiento de comunidades tales como la emberá, la Mandataria añadió que si en Colombia no se genera paz y seguridad, ciudades como Bogotá seguirán recibiendo desplazados y presiones de inseguridad. “Necesitamos que el Ministerio de Defensa sea capaz de defender a los colombianos”, agregó.

“Nosotros en el año 2020 tuvimos cerca de 2.800 personas desplazadas a Bogotá por violencia, la gran mayoría de ellas población emberá. Dos años después el Gobierno nacional ni les asegura la seguridad en sus resguardos, ni les asegura un retorno seguro, como se los obliga la Constitución y la ley”, puntualizó.

No todos los emberá quieren retornar

De esta manera, el Distrito mantiene la postura de que es responsabilidad absoluta del Gobierno nacional hacerse cargo de su reubicación y traslado, pero del lado de las autoridades nacionales la posición es otra: la relocalización de la comunidad emberá que aún permanece en la capital es responsabilidad del Distrito.

Ahora, ¿cómo se explica esta postura, de que la reubicación de los emberá que aún están en la capital es responsabilidad del Distrito? Para responderse esta pregunta hay que remitirse a las declaraciones que hizo el pasado jueves, día del accidente de las dos mujeres emberá, la Unidad de Víctimas del Estado.  

“Lamentamos el fallecimiento de tres personas de esta comunidad ubicada en el parque La Florida. Llamo la atención al Distrito para que avance en el plan de reubicación de la comunidad. No toda esta comunidad que está en el Parque Nacional o en el parque La Florida quiere retornar. Muchos de ellos llevan varios años viviendo en Bogotá y desean seguir viviendo en la capital, y para eso necesitamos hacer un plan de reubicación”, indicó el jueves  el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez.

El director Rodríguez añadió que la Unidad avanzará en el proceso de caracterización para los miembros de la comunidad que deseen retornar a sus territorios, pero también hizo un llamado de atención a la Alcaldía de Bogotá para que el Distrito avance en el plan de reubicación de las familias de esta comunidad que han manifestado que se quieren quedar en la capital del país.

Y reiteró, con cifras, que la Unidad ha avanzado “en el plan de retorno, ya logramos llevar a más de 327 familias en el año 2021, unas 1.200 personas con todos los componentes de seguridad, dignidad y voluntariedad”.

Vale referir que también el ministro Molano respondió a la Mandataria la misma idea. “Alcaldesa Claudia López: 1.100 indígenas emberá que estaban en Bogotá y querían retornar lo hicieron el año pasado. El Ministerio de Defensa cumplió y les garantizó su seguridad. Los que quedan en la capital deben ser reubicados y esa es su responsabilidad. Siempre estaremos dispuestos a ayudar”, indicó el ministro, quien anexó un acta del Comité Territorial de Justicia Transicional Municipio de Bagadó-Chocó en el que “quedó aprobado positivamente el concepto de seguridad para el municipio de Bagadó (zona rural y urbana)”.

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Lo que se acordó este viernes

No obstante, ante esta disyuntiva de a quién le corresponden qué responsabilidades, en el Puesto de Mando Unificado de se llegó a una solución: los indígenas, por Constitución y por ley, deberán retornar a sus territorios y varias entidades trabajarán la próxima semana, coordinadamente, en materializar su retorno.

Así, tras cinco días de turbulencia, la alcaldesa Claudia López y el viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, llegaron a dos acuerdos.

El primero de ellos es que tanto la Unidad Nacional de Víctimas, la Alcaldía y el Instituto de Bienestar Familiar avanzarán en la caracterización de la comunidad, actividad que deberá finiquitar el próximo viernes.

Y en segundo lugar, acordaron que volverán a sesionar en un PMU convocado por el viceministro Baena, el próximo 7 de febrero, para coordinar con las autoridades emberá chamí y katío, debidamente reconocidas, el retorno seguro de la población que aún se encuentra en la ciudad en condición de desplazamiento.

A este respecto la Alcaldesa indicó que esta es la única salida que hay. “Conforme a la Constitución y la ley, dado que esta es una población indígena que tiene condiciones especiales, la única alternativa sea de retorno o de reubicación, es la de retornar a sus resguardos”.

Añadió que “es absolutamente imposible asegurarles en Bogotá que pueda haber una autoridad o resguardo chamí o katío, no existen. Y como la Constitución nos lo exige, debemos garantizar sus derechos y sus particularidades étnicas y culturales, y lo tenemos que hacer en el marco de población indígena”, indicó la Mandataria.

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Pelea por citación al PMU

Para sumar un enfrentamiento adicional, el mismo jueves en el que Claudia López dio las declaraciones que posteriormente fueron condenadas por varias oficinas del Gobierno nacional, el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, indicó a eso de las seis y media de la tarde que lamentaba que el Puesto de Mando citado para ese día, para avanzar en el retorno de la comunidad emberá, “haya sido aplazado debido a que la Alcaldía de Bogotá incumplió la cita acordada. ¡Seguimos dispuestos a concretar y articular acciones!”.

Acto seguido, la respuesta de la Mandataria no se hizo esperar: “Ramón, no haga el ridículo ni se invente mentiras. Nadie citó hoy PMU. Pero para que no tenga más excusas ni evasiones queda citado para mañana a las nueve de la mañana en mi oficina el Plan de Mando Unificado para coordinar que al fin la Unidad de Víctimas cumpla con el retorno seguro de los emberá. Lo espero sin falta”, indicó la noche del jueves, a eso de las siete y media, la Mandataria distrital.