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Más de $60 millones debe pagar la Policía Nacional a una mujer en Barranquilla, Atlántico, que resultó herida con arma de fuego durante un suceso de alteración de orden público. La víctima que fue agredida por un miembro de la institución consideró que era necesario presentar una demanda de reparación por los abusos en los que incurrieron los uniformados mientras adelantaban un procedimiento de captura contra un hombre que se resistió al registro. El caso llegó al Consejo de Estado y su orden fue condenar a la institución.
Lo que reposa en la demanda de reparación es que el hombre que se resistió a la captura recibió un golpe en el estómago, lo que desencadenó la furia de varios transeúntes que presenciaban los hechos. Tras desatarse la ola de inconformidad, una persona lanzó una piedra contra uno de los agentes, quien realizó varios disparos. Algunos dicen que lo hizo apuntando a la multitud, mientras que él asegura que fueron al aire, intentando dispersar a las personas.
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El saldo de ese rifirrafe fue un niño de siete años herido en una de sus mejillas, y la mujer que interpuso la demanda, que recibió el proyectil en su antebrazo derecho. Por considerar que los hechos evidencian un daño que el Estado estaba en la obligación de resarcir, la mujer y sus familiares presentaron ante las autoridades la solicitud de reparación porque, a su juicio, todo el altercado obedeció a una falla en el servicio ya que el uniformado disparó directamente contra la población. En el documento pedían $530 millones, calculados con base en el salario mínimo del 2002 cuando ocurrió el suceso.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Atlántico condenó al Ministerio de Defensa en cabeza de la Policía a pagarle a las víctimas más de 210 millones de pesos, como reparación al daño que les causó por las heridas que sufrieron. La corporación señaló que, si bien este acontecimiento se produjo en medio de los hostigamientos que estaban sufriendo los policías, el hecho es que estos últimos actuaron en ejercicio de una actividad pública peligrosa, exponiendo a los ciudadanos y causando un resultado que la víctima no estaba en el deber de soportar.
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Agregó que no se probó que las personas hubieran disparado y que, por el contrario, el uniformado responsable de los hechos sí admitió que accionó su arma. El Tribunal recordó que el policía y la mujer firmaron un acuerdo en el que esta se abstenía de denunciarlo penalmente, a cambio de que se hiciera responsable de los gastos médicos generados por la herida, lo que constituye un indicio de la responsabilidad del miembro de la Policía.
Inconformes con la decisión, el Ministerio de Defensa y la Policía interpusieron recurso de apelación contra este fallo. Tras el intento fallido de conciliación ante la Procuraduría, solicitaron al Consejo de Estado liquidar nuevamente el valor de la reparación económica. A su juicio, la manera como se valoró el resarcimiento fue superior a la magnitud del suceso. A pesar de que la cartera no expresó ningún reparo frente a su responsabilidad o no en los hechos, el Consejo de Estado sostuvo que sí era necesario examinar las actuaciones de la Policía.
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Para el Consejo de Estado, está demostrado que el incidente le causó una deformidad a la víctima en su brazo e incidió en su capacidad para seguir ejerciendo las labores de servicio doméstico de las cuales obtenía su sustento, de ahí que declarara responsabilidad sobre la Policía.
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