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Con 67 votos en contra y 51 votos a favor, la Cámara defendió un artículo que puede resultar en la restricción de la labor periodística y en el control a las acciones de los funcionarios públicos. El polémico punto está en el proyecto que busca “adoptar medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción”.
El controvertido artículo, que fue apoyado por la mayoría de los representantes, establece una adición al código penal para que se establezca la injuria y calumnia contra funcionarios y exfuncionarios públicos. Según el texto, defendido por el oficialismo, se crean penas de 60 a 120 meses de presión a los que “mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de un funcionario público”.
En el mismo artículo se establece que si el responsable de esta conducta es el representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, “el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competentes que, previo al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria”.
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Aunque la propuesta se concibe como una defensa de la honra de los funcionarios públicos, el cuestionado texto puede resultar bastante problemático, porque puede abrir la puerta al acoso judicial en contra de periodistas y cualquier otra persona que denuncie posibles irregularidades cometidas por un funcionario público.
Tal ha sido la controversia, que distintas organizaciones han visto el texto como un claro atentado a la libertad de expresión y la libertad de prensa. “Este tipo de planteamientos, que se formulan de manera tan general, tratando de imponer barreras judiciales a la libertad de expresión, son muy propios de regímenes autoritarios, en los cuales se coarta la libertad de expresión. Es una alerta muy grande. Demanda también un debate mas a fondo, porque abriría una puerta muy peligrosa al uso de instrumentos judiciales para afectar la libertad de expresión”, comentó Andrés Hernandez, director de Transparencia por Colombia.
También fue calificado el artículo como un contrasentido frente al proyecto cuyo énfasis es la lucha contra la corrupción. “La Misión recomienda que se promueva la denuncia de la corrupción a través de un marco normativo que ofrezca garantías a los denunciantes, no que se castigue a quien ose denunciar, pues el enredo penal en que se mete quien da información de funcionarios corruptos, mientras se prueba si hubo delito penal o no, es el mejor incentivo para no denunciar”, explicó la directora de Dejusticia, Vivian Newman.
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Estas posiciones fueron asumidas por varios representantes, que se unieron para frenar el polémico punto, pero más pudo la aplanadora del gobierno. “Quiero insistir en la gravedad de lo que está ocurriendo acá. Es un retroceso gigante frente a la constitución de nuestro país. Es un exceso de punibilidad en contra de los que investiguen a los servidores públicos, explicó el representante Inti Asprilla, que cuestionó las razones para imponer castigos más fuertes para proteger a los funcionarios y hasta aseveró que la razón del artículo fue la respuesta a las investigaciones periodísticas que desembocaron en la salida de Karen Abudinen del Ministerio de las TIC.
Luis Alberto Albán, del partido Comunes, señaló que el artículo iba en contra del espíritu del proyecto anticorrupción, pues sembraba miedo en las personas que quisieran denunciar, ya que podían enfrentar procesos penales. Juanita Goebertus añadió que los delitos de injuria y calumnia estaban llamados a desaparecer y expresó que no tenía sentido la propuesta cuando son los funcionarios los que deben estar sometidos a un mayor escrutinio por la naturaleza de su actividad. Además, comentó que todos los puntos eran desproporcionados frente a la necesidad de que haya un mayor control político.
En cambio, el ponente del proyecto, el representante César Lorduy (Cambio Radical), salió en defensa del cuestionado artículo. En primer lugar, aseguró que uno de los puntos básicos del proyecto es aumentar la información de calidad y que sirva de sustento probatorio, por eso no deben hacerse señalamientos falsos. Además, expresó que la percepción de corrupción en contra de los funcionarios públicos (Congreso, presidencia y otras dependencias) se debe información supuestamente basada en señalamientos falsos.