El exjefe guerrillero de las Farc, Rodrigo Granda, quien no pudo ingresar el martes a México por tener una circular roja de captura por parte de la Interpol, aseguró al llegar en la mañana del miércoles a Bogotá que no estuvo detenido y que fue el alto gobierno colombiano el que llevó a activar esa orden. Lea: Partido Comunes denuncia captura de Rodrigo Granda en México
En declaraciones a los medios, Granda manifestó que “les agradezco acá no ha pasado nada, siguen las provocaciones contra el proceso de paz...se ha dicho que fui detenido por la autoridad mexicana, no fui detenido simplemente alguna gente del gobierno activó una orden de la Interpol”.
Contra Granda existe una orden de captura que solicitó Paraguay por el crimen de Cecilia Cubas, hija del expresidente de ese país Raúl Cubas, quien falleció en un secuestro del que se señaló como autores a las Farc en donde sus máximos jefes fueron responsabilizados.
El martes Granda viajó en compañía de Rodrigo Londoño, jefe del partido Comunes, a México a participar en un foro de partidos y movimientos de izquierda, pero al intentar ingresar a Ciudad de Méjico las autoridades de ese país no se lo permitieron por el reporte judicial.
“Algunos altísimos funcionarios de Colombia, que no están de acuerdo con el proceso de paz, que dicen que no hemos cumplido, fueron los que activaron la orden”, sostuvo Granda a su salida del aeropuerto El Dorado.
Precisó que antes de su viaje estuvo en la Interpol averiguando si tenía algún reporte que le impidiera salir del país y no apareció ninguno, sin embargo se conoció una información que emitió la Interpol en donde indicaba que se le buscaba por ser el responsable de ese crimen.
Reciba noticias de El Universal desde Google News Igualmente dijo que la salida del país fue autorizada por la JEP, la cual además le ha dado el aval para otros desplazamientos que ha hecho en ocasiones anteriores.
Por su parte la canciller y vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, aseguró que Colombia no puede hacer nada ante este tipo de solicitudes que hacen otros países, quienes no están obligados a acoger los compromisos que asumió el Estado de Colombia con la exguerrilla de las Farc.
Para Ramírez lo sucedido con Granda deja como enseñanza que no todos los delitos de lesa humanidad están olvidados, “los países están en su legítimo derecho de reclamar”.
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