Desde 2017, cada seis días han matado a un excombatiente de las Farc

A Manuel Mena Viveros lo sacaron de su propia casa para asesinarlo. Ocurrió la noche del pasado 19 de septiembre en el barrio El Futuro, de Quibdó, y lo único que saben los vecinos de la zona es que varios hombres, que a gritos le preguntaban por unas armas, se lo llevaron a la fuerza. Al día siguiente lo encontraron degollado en una de las calles de tierra de ese deprimido pedazo de la capital del Chocó.

Casi tres semanas antes, el 31 de agosto, en Pereira, sicarios mataron a bala a Blanca Rosa Monroy. Manuel y Blanca Rosa se convirtieron en los registros números 288 y 289 de la lista de desmovilizados de las Farc asesinados. Según las cuentas de Naciones Unidas, han matado en promedio a uno cada seis días desde septiembre del 2016, cuando esa guerrilla finalmente dio el salto a la legalidad y la reintegración a la vida civil después de medio siglo de violencia.

Ese listado de víctimas mortales lo encabeza Wrayner Andrés Bayona Blanco, un exmiliciano al que asesinaron a tiros el 3 de febrero de 2017 en la vereda Beltrania, en Tibú (Norte de Santander). El crimen está atribuido a la banda ‘los Pelusos’.

Entre el asesinato de Wrayner y los de Blanca Rosa y Manuel han transcurrido 43 meses, muchas declaraciones públicas de condena y algunos avances en materia de justicia y seguridad. La Fiscalía, en cuyas cuentas van poco más de 260 asesinatos –la disparidad de datos es otro frente crítico de esta problemática​​– advierte que de 32 homicidios de desmovilizados en el 2017 se pasó a 63 un año después, a 74 en 2019 y a 66 en 2020. Este año, a junio, ya se sumaban otros 24 casos. Los registros de la ONU hablan de 32 muertes en 2017, 65 en 2018, 78 en 2019, 73 en 2020 y 40 más entre enero y agosto de este año. A esa cuenta de agresiones deben sumarse 21 casos de posible desaparición forzada, más de 300 casos de amenazas y 67 atentados contra exguerrilleros que se han mantenido en el proceso.

¿Quién los está matando? En al menos 56 de los homicidios esclarecidos o con avances importantes en la investigación aparecen las disidencias –es decir, excompañeros de armas de los desmovilizados que traicionaron el proceso de paz y siguieron en la guerra y el narcotráfico– como responsables. En dos de las zonas más críticas para los ex-Farc –el eje Meta-Caquetá y el departamento del Cauca, que concentran más de la tercera parte de los asesinatos– son esas bandas la principal amenaza para los que, pese a todo, están decididos a seguir la apuesta por la legalidad.

El segundo grupo criminal con más ataques es el ‘clan del Golfo’ (que se presenta en varias regiones como Autodefensas Gaitanistas, un ropaje político para tratar de esconder a narcos purasangre), con 16 crímenes, casi todos en Antioquia y el Catatumbo. En once muertes de desmovilizados más es un hecho demostrado la responsabilidad del Eln, y en otra decena de casos fueron responsables bandas con poder regional como ‘los Pelusos’ (zona del Catatumbo); ‘los Caparros’ (Magdalena Medio y nordeste antioqueño) y ‘la Constru’, uno de los azotes de seguridad en Buenaventura.

En 41 casos se han logrado condenas; otros 44 están en juicio y hay 49 crímenes por los que se han dictado 279 órdenes de captura. Hay 124 personas detenidas: 120 son gatilleros. La Fiscalía le reportó a Naciones Unidas que por problemas de seguridad solo ha “tenido acceso al 65 % de las escenas del crimen”.

Los departamentos que concentran la mayoría de los crímenes contra desmovilizados son Cauca (49); Nariño (36); Antioquia (29); Caquetá (27); Meta (23); Norte de Santander (22); Valle del Cauca (21); Putumayo (20); Chocó (16); Huila (9) y Guaviare (8). Son las mismas regiones del país donde la desaparición de la marca ‘Farc’ en el mundo de la guerra y el narcotráfico no significó una caída importante de la violencia y en las que hoy por hoy la población civil sigue sufriendo los rigores de la acción de los grupos armados ilegales.

Pero los asesinos los han perseguido incluso hasta las grandes capitales. Como ocurrió con Blanca Rosa. O con Astrid Conde, ex-Farc asesinada en una calle del sector de Kennedy en marzo del año pasado. Ella era la madre del hijo de ‘Gentil Duarte’, máximo jefe de las disidencias del suroriente del país y quien aparece señalado como uno de los grandes responsables de la sangrienta persecución a sus antiguos camaradas. Con Astrid y Rosa son ya ocho las mujeres excombatientes asesinadas desde la firma de la paz.

¿Por qué los están matando? Esa es la pregunta de fondo que sigue sin respuesta. Pero hay varios hechos concretos que sirven para llegar a conclusiones.

A desmovilizados como Arnoldo Medina Urcué, uno de los últimos jefes del temido frente 30 —el mismo que secuestró a los diputados del Valle—, los mataron poco después de que empezaron a colaborar con las investigaciones de la JEP y el Sistema Integral para la Paz. Interesados en que no se conozca la verdad sobre la guerra que pueden revelar los exguerrilleros, poderes locales amenazados por el liderazgo de algunos reinsertados y las organizaciones criminales de todo tipo —especialmente las disidencias de las mismas Farc— que toman represalias contra los que se niegan a volver a la violencia aparecen en la lista de responsables de los asesinatos de excombatientes. Por el asesinato de Dimar Torres, uno de los casos emblemáticos, hay un suboficial del Ejército condenado y un coronel y otros tres militares llamados a juicio. En algunos pocos casos, los móviles han sido personales o producto de venganzas —“casos atípicos”, según los reportes judiciales—.

Pero una realidad de bulto es que la mayoría de los desmovilizados están en las zonas del país donde el Estado no fue capaz de ocupar los territorios de los que salieron las estructuras desmovilizadas de las Farc. Como en materia de seguridad y presencia de rentas ilegales fácilmente negociables, como la coca y el oro ilegal, no hay vacío posible, esos espacios fueron colonizados paulatinamente por las disidencias, las bandas de ‘exparas’ y, sobre todo, por el Eln. La violencia que golpea a los ex-Farc afecta también a los líderes sociales y al grueso de los habitantes de esas regiones.

Eso es, por ejemplo, lo que está pasando en el Chocó, donde han matado a 16 desmovilizados. Allá, según denuncias de la Defensoría del Pueblo, “están regresando hechos de victimización masivos como los que ocurrían 15 años antes”, cuando estaban plenamente activos en el ajedrez de la guerra no solo las Farc, sino los paramilitares.

En Quibdó, donde la banda local ‘los Chacales’ siembra el terror en los barrios más pobres, se ha incrementado la violencia porque el Eln (que tenía presencia marginal en el departamento hasta hace cinco años) está decidido a tener sus propias milicias y está cooptando o amenazando a delincuentes comunes para que entren a sus filas. En la capital del Chocó, contando a Manuel Mena, han sido asesinados ocho excombatientes desde la firma del acuerdo.

En el ‘Forensis’ del 2018, ya lo advertía el Instituto Nacional de Medicina Legal: “Atrás ha quedado la firma de los acuerdos de paz con las Farc-EP: si bien este hecho aparentemente contribuyó a la disminución de los homicidios, es necesario repensar las nuevas violencias emergentes, ahora que otros actores armados están ocupando los nichos dejados por ese grupo combatiente (...). En el Bajo Cauca, el Catatumbo, Putumayo, Cauca y Nariño, principalmente, la violencia ha reaparecido con toda fuerza. Los homicidios se han multiplicado, recordándonos que los intereses territoriales son tan fuertes que las vidas humanas pierden todo valor allí. De este modo, tras ocho años de reportar cómo venía descendiendo la violencia letal en el territorio nacional, debemos hacer aquí un llamado de alerta, pues el 2018 marcó el fin de esta tendencia". Ese mapa crítico se ha expandido en los últimos años.

Emilio Archila, el consejero presidencial para la Estabilización, asegura que el Estado colombiano “ha desplegado todos los instrumentos de los que dispone para brindar garantías de seguridad a los excombatientes”. Agrega que se han destinado esquemas de protección para 626 personas, se han dispuesto apoyos para reubicación por fuera de la zona de riesgo a 335 desmovilizados, se ha puesto a salvo frente a amenazas de muerte inminentes a otros 50 y que se mantienen millonarias recompensas por quienes han sido identificados como los victimarios. Pero reconoce que “ninguna acción o medida será suficiente hasta que el resultado sea cero homicidios de personas en reincorporación por su condición de excombatientes o su filiación política”.

Desde la orilla de las antiguas Farc, Rodrigo Echeverry, Timochenko, cuestiona el compromiso del Gobierno con los acuerdos y dice que, pese a las declaraciones de los altos funcionarios, a los ex Farc los siguen matando y estigmatizando en muchas regiones del país.

La Misión de Verificación de Naciones Unidas, en cabeza de Carlos Ruiz Massieu, representante en Colombia del secretario general de la ONU, reconoce los esfuerzos oficiales por proteger a los excombatientes. Sin embargo, advierte que el de la seguridad –de desmovilizados, de líderes sociales y de toda la población de las zonas de conflicto, especialmente en 25 municipios fuertemente afectados por la criminalidad– es el frente crítico en la implementación del acuerdo de paz. “No obstante los esfuerzos que ha hecho el Gobierno por tomar medidas y proteger a los excombatientes, lo cierto es que los resultados no han sido los esperados. Es claramente la principal preocupación nuestra, y así lo ha señalado el secretario general”, dice Ruiz Massieu. Y advierte que cumplir la promesa de llevar la presencia integral del Estado a todo el territorio, que califica como la solución de fondo frente al asesinato de excombatientes y líderes sociales, será un desafío no solo para lo que queda del gobierno de Iván Duque, sino para quienes lleguen a la Presidencia de Colombia en la próxima década.

Pero hay más retos en el panorama de la implementación del acuerdo. "Los factores de inseguridad no se circunscriben a la vulnerabilidad económica y social, las vicisitudes de la reconversión política o a los atentados contra la integridad física y moral de los desmovilizados. Detrás de estos factores se expresa una inseguridad menos visible, que se relaciona con la situación jurídica no resuelta o el estado psicológico y emocional inestable de los mismos desmovilizados", advierte Eric Lair, investigador y catedrático que ha trabajado temas de conflicto armado y paz en varios países.