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“El alcalde miente”: exjunta de EPM a Daniel Quintero
Le recordaron que la baja en la calificación de EPM fue por la crisis del gobierno corporativo que provocó; rechazaron comparación con el Guavio.
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Hasta ahora, Mapfre y las reaseguradoras han cancelado 350 millones de dólares. FOTO esteban vanegas
26 de septiembre de 2021
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En Revista Semana, la misma tribuna que empleó el alcalde Daniel Quintero para exigirle a antiguos directivos de EPM, empresarios y miembros de junta “que paguen” por la crisis de Hidroituango, 15 exmiembros de la Junta Directiva del conglomerado le respondieron, le refutaron sus argumentos.
Que Quintero miente, que lo hace con argucias y sin pudor para confundir a la opinión pública, esto es lo que postulan los exmiembros de la Junta de EPM, y como argumentos plantean, en primer lugar, que en el reciente fallo en primera instancia de 2.511 páginas, la Contraloría General de la Nación no concluye que durante la gestión de la Junta Directiva que renunció en agosto de 2020, y las que le precedieron, hubo corrupción.
El alcalde señaló en su columna que tanto el fallo de la Contraloría, como en documentos que permanecieron ocultos, se comprueba que fueron los cambios en diseños, las decisiones irresponsables, la mala calidad de los materiales, y no la “inocente naturaleza”, lo que arriesgó la vida de 120.000 personas, provocó la pérdida de $12 billones, elevó el endeudamiento de EPM a 4,4 veces el ebitda y bajó la calificación de EPM en 2018.
Pero los exdirectivos replican que, a pesar de las reiteradas acusaciones durante sus dos años de gobierno, Quintero no ha entregado pruebas concretas y definitivas que desvirtúen que la causa de la contingencia se originó por razones imprevisibles e irresistibles de la naturaleza.
Para la exjunta, el camino que recondujo el proyecto quedó trazado antes de la llegada de Quintero y sus decisiones frente a EPM, con la superación de la crisis, la recuperación del proyecto, la reclamación del seguro, el reconocimiento del siniestro y el pago del riesgo asegurado.
Así las cosas, apuntan, la actual administración quedó con todo encaminado para que Mapfre y las reaseguradoras sigan pagando, tal como lo han hecho hasta ahora con 350 millones de dólares cancelados.
La baja en la calificación
De las seis consecuencias que denuncia Quintero que se desencadenaron tras la crisis de 2018, hay una que los firmantes de la columna refutan enfáticamente, y es la baja en la calificación de EPM por parte Fitch y Moody´s.
Los exdirectivos le recordaron al mandatario que la baja en la calificación crediticia con pérdida de grado de inversión emitida por las calificadoras de riesgo fue la respuesta al desconocimiento del Convenio Marco de Relaciones del Municipio de Medellín y EPM. Fitch dejó claro en su momento que las decisiones políticas de Quintero fueron en contravía a lo establecido en el Convenio de Gobernabilidad, suscrito el 23 de abril de 2007, entre la Alcaldía de Medellín y la gerencia de EPM.
Puntualmente, la firma calificadora señaló la renuncia de ocho miembros de la Junta luego de que el alcalde instruyera a EPM a tomar decisiones sin la aprobación de la misma.
El nombramiento de cuatro gerentes de EPM en menos de 15 meses es muestra de ello. También lo es, según concepto de personas que ejercen veeduría en la ciudad, las situaciones alrededor de la actual Junta, como la reciente multa que recibieron esta semana sus miembros por parte de un juez de la República por no asistir a la citación para la práctica de una prueba extraprocesal, esto en el marco de la demanda que adelanta el exgerente Álvaro Guillermo Rendón contra el alcalde Quintero.
Respuesta sobre el símil
Finalmente, la réplica califica como despreciable, injusta e inapropiada la comparación con la que Quintero hilvanó su columna buscando un referente en la historia que le permitiese reforzar su diatriba, su perorata.
El mandatario recordó el caso de corrupción en la hidroeléctrica del Guavio, liderada por Fabio Puyo, que decidió retrasar deliberadamente la operación de la hidroeléctrica para elevar los costos, y fue causante del racionamiento que arrancó en marzo de 1992 y finalizó casi un año después, deteriorando la calidad de vida de los colombianos.
Puyo no pagó un solo día de cárcel. Y según Quintero, no como alcalde sino como ciudadano, pide que esta vez los responsables de que algo similar ocurra paguen.
Pero el alcalde fue más allá y no solo pidió eso, sino que aseguró que en sus dos años de gobierno ha avanzado hacia la reconstrucción de Hidroituango y que gracias a ello, la meta es que el proyecto produzca energía en 2022.
Es en lo único que concuerdan los exmiembros de la Junta que aseguran que, efectivamente, Hidroituango será responsable del 17% de la demanda energética del país, pero dicen que será gracias a la labor de los empleados de EPM. Mejor dicho, no por Quintero, “sino a pesar de él”.
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