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El posconflicto no será fácil. Esta advertencia se escuchaba con frecuencia hace cinco años, cuando se firmó en Cartagena el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc. Y en efecto, no lo ha sido.
Habría una etapa inicial de desmovilización y desarme, que se logró en tiempo récord, pero lo que vendría tras el silencio de los fusiles sería uno de los mayores retos políticos, sociales y económicos en la historia del país. La reincorporación de los exguerrilleros a la vida civil, su seguridad y la implementación de los puntos acordados en La Habana es lo que realmente garantizaría la posibilidad de poner fin al conflicto y construir una paz estable y duradera.
Hasta ahora, el balance muestra avances, pero también obstáculos, lo que es propio de un proceso tan complejo y de largo aliento. En sus 310 páginas, el acuerdo tiene muchos puntos que no solo se refieren al desmantelamiento de las Farc, sino también a temas que plantean soluciones a problemas estructurales del país. En este sentido, el acuerdo contiene elementos que se relacionan entre sí. Como un rompecabezas: si falta una pieza, queda incompleto.
Si bien se le reconocen logros al Gobierno en materia de implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y la reciente decisión de revivir las 16 curules de paz para las víctimas, y por el lado de la JEP avanza la imputación de cargos a exintegrantes de la guerrilla por los delitos de secuestro y reclutamiento de menores, en otras áreas hay demoras, como en el punto sustancial de la Reforma Rural Integral. Allí la formalización de tierras registra un evidente retraso.
Una de las mayores dificultades sigue siendo la seguridad de los excombatientes. Si bien más de trece mil exintegrantes de las Farc siguen comprometidos con la paz y se encuentran en el proceso de reincorporación a la vida civil, este año han sido asesinados 36, cifra que ya suma 283 desde que se firmó el acuerdo de paz, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Así como al Gobierno se le reclama mayor compromiso para que acelere la ejecución de lo pactado, también a las Farc se les debe exigir que cumplan su parte y que le digan al país toda la verdad y reconozcan, entre muchos tantos delitos que cometieron, el reclutamiento de menores. Contar las cosas a medias le hace mucho daño a la credibilidad del proceso y al acuerdo.
En este quinto aniversario hay que reconocer la dedicación del consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, quien defiende los avances y la voluntad del Gobierno para continuar con el proceso. Ante las críticas que recibe a diario, afirma que este se previó para quince años, por lo que hay que tener, cuando menos, mucha paciencia. A propósito, un informe de la Contraloría, el quinto sobre la ejecución de los recursos y el cumplimiento de las metas del componente para la paz, advierte que la implementación se tomaría diez años más de lo previsto.
Lo cierto es que, en este nuevo aniversario de la firma del acuerdo, no se pueden desconocer ni los logros ni sus efectos. Muchas cosas han cambiado, empezando por la forma de ver la vida por parte de los colombianos. Con el reconocimiento a las víctimas, el país ha comenzado a valorar más la vida y a sentir compasión, que es tan importante para la anhelada reconciliación nacional. En este sentido, será muy importante el informe que próximamente revelará la Comisión de la Verdad.
Que esta fecha sirva también de reflexión para desarmar los espíritus, para continuar con la pedagogía del acuerdo, pues, como han dicho muchos, hacer la paz es como construir una catedral. Y en eso estamos