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Testigo en caso Min TIC fue presionado en Medellín
La cita se gestó a través del ingeniero paisa Juan José Laverde y se habría dado en el centro comercial El Tesoro.
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Emilio Tapia, Juan José Laverde y Luis Fernando Duque. FOTO Cortesía
22 de septiembre de 2021
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Medellín salió a figurar este martes de forma directa en el entramado de corrupción que investiga la Fiscalía por cuenta del polémico contrato entre el Ministerio TIC y la Unión Temporal Centros Poblados, por el cual ya hay tres capturados y el país está en riesgo de perder los $70.000 millones que se giraron de anticipo.
En efecto, en el centro comercial El Tesoro se realizó una reunión que tenía como fin encontrar un ‘chivo expiatorio’ que les permitiera a Emilio Tapia, condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá y supuesto cerebro de este nuevo entramado, y a los ingenieros Juan José Laverde y Luis Fernando Duque, librarse del expediente penal que los tiene hoy tras las rejas y que se les sigue por falsificar documentos para quedarse con un contrato avalado en 1,07 billones para llevar internet a escuelas públicas de 15 departamentos.
Según la Fiscalía, el 10 de agosto pasado –sobre las 11 de la mañana–, a uno de los dos locales de Juan Valdez que hay en dicho centro comercial llegó un abogado identificado como Daniel González para pedirle a Jorge Alfonso Molina García que aceptara que fue él quien engañó a Tapia, Laverde y Duque al entregarles cuatro garantías bancarias falsas del banco Itaú, que sirvieron como base para que se autorizara el desembolso del anticipo que ahora está en riesgo de no recuperarse.
Molina García, de acuerdo con lo dicho por la Fiscalía, le dijo al abogado González que no iba a admitir toda la culpa, porque aunque tramitó los documentos bancarios irregulares, lo hizo con el pleno conocimiento de los tres capturados.
¿Cómo encajan estos nombres? Según la Fiscalía, Tapia acordó con Laverde –ingeniero antioqueño de la empresa Rave Agencia de Seguros– que se debía presionar a Molina a que se responsabilizara de todo. Eso evidenciaría su cercanía, algo que en su momento intentaron negar.
Por eso, dice el expediente, Laverde le pidió al abogado González reunirse en Medellín con Molina para presionarlo. Incluso, de acuerdo con el relato judicial, desde el mismo número en que se le da la instrucción al abogado González –propiedad de Laverde– se llamó a Molina para pedirle telefónicamente lo mismo que en aquella reunión en El Tesoro.
“El señor Juan José Laverde contactó al señor Jorge Alfonso (Molina García) y le manifestó que, por favor, se inculpara en el sentido de admitir que ellos lo habían contratado de buena fe para la obtención de garantías, y que él los había engañado. A cambio, le pagarían el abogado que escogiera y que le cubrían los gastos de la familia, a lo que el señor Molina se negó”, relata la Fiscalía.
Esta información salió a relucir durante la audiencia de imputación de cargos –que se realizó este martes ante el Juez 53 de control de garantías de Bogotá–, durante la cual se les imputó a Tapia, Laverde y Duque los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.
Además, en la diligencia judicial se reveló que el contratista Jorge Enrique López Benavides, quien no fue capturado en los operativos del lunes, fue quien falsificó las garantías bancarias y se las entregó a Molina, para que este, a su vez, se las hiciera llegar a Tapia, Laverde y Duque.
Este último, el 28 de diciembre de 2020 y en calidad de representante legal de Centros Poblados, las cargó al sistema público de contratación Secop. Ahí se configuraron, según la Fiscalía, los delitos imputados este martes y que dieron paso a hacer incurrir en error a los funcionarios de Min TIC que avalaron la postulación de esta unión temporal y facilitaron el desembolso.
Si bien la Fiscalía no reveló si Tapia estuvo también en Medellín en alguna reunión relacionada con este escándalo, a pesar de haberse aliado con el antioqueño Laverde para gestar el fraude, la información judicial que entregó se conoce 24 horas después de que EL COLOMBIANO reveló que el condenado empresario estuvo hace 3 meses en la región buscando una casa.
De hecho, este diario informó que el predio lo buscó en Llanogrande –en el Oriente antioqueño– y que estuvo dispuesto a pagar hasta 20 millones de pesos de arriendo. Entre las condiciones pedía que tuviera espacio para sus escoltas y pesebrera.
En todo caso, la Fiscalía analiza dos celulares de Laverde, varios documentos de interés para el expediente y hasta un cheque de $30 millones –hallados en la casa de este ingeniero en Medellín–, así como el computador y los papeles de Centros Poblados incautados en la vivienda de Duque, a quien también se le incautó un arma.
Ya es un hecho que se avecinan nuevas capturas por este escándalo
10
de agosto pasado fue la cita en la que, según la Fiscalía, se presionó al testigo.
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