:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/CvBdhG3PoCtIXRb4UcMjigp5VSM=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/MVEP75EPM5GCBPDE2YIIAAKMWA.jpg)
La noche del 15 de septiembre no fue igual en seis barrios de la localidad de Kennedy. En sus calles había policías militares, que empezaron a realizar las labores de patrullaje, requisas y desarme, como lo solicitó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para apoyar a la Policía Metropolitana, ante la ola de inseguridad que vive la ciudad.
La situación se explica, en parte, con las cifras de la Secretaría de Seguridad, que muestran que entre enero y agosto de 2021 varios delitos de alto impacto están con tendencia al alza. No solo al compararlo con el atípico 2020 (con sus meses de aislamiento por la pandemia), sino incluso con 2019, año que por su dinámica permite hacer una comparación más precisa.
Así se evidencia, al menos, con las cifras de homicidio, uno de los principales indicadores de inseguridad en las ciudades, las cuales llevan tres años seguidos en alza. Entre enero y agosto de 2019 se registraron 652 casos; mientras que en el mismo período del año pasado fueron 654, y en este año fueron 754, lo que representa un incremento del 15,3 %. Así mismo, las denuncias por hurto a personas subieron 22,8 % este año, al comparar las cifras con 2020, aunque bajaron 18,7 % frente a 2019.
Lea también: ¿En qué van los patrullajes militares de acompañamiento a la Policía en Bogotá?
La nueva estrategia de patrullar con soldados, para contrarrestar estas cifras, inició con 500 efectivos (de 2.000 que pidió la alcaldesa López), los cuales, según explicaron las autoridades, apoyarán zonas priorizadas por sus altas tasas de criminalidad, en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Los Mártires y Usaquén, así como para el vecino municipio de Soacha, que tendrá apoyo de 140 hombres de este cuerpo militar. Pero la pregunta ahora es: ¿realmente servirá para mejorar la deteriorada percepción de seguridad?
Grupos armados y violencia en los delitos
La pregunta es pertinente, si se tiene en cuenta que la inseguridad que hoy aqueja a la capital, tal parece, no solo obedece a la delincuencia común. Más allá de las estadísticas, que reflejan parte de la realidad, hay informes que cobran relevancia al analizar la situación: uno de la Defensoría del Pueblo y otro de la Veeduría Distrital, que no solo hablan de la presencia de estructuras criminales y grupos armados organizados, sino de cómo se viene incrementando el uso de armas de fuego en la comisión de delitos de alto impacto, como el homicidio y el hurto en varias modalidades, con desenlaces fatales.
En junio pasado, la Defensoría advirtió sobre la presencia activa de estructuras criminales que operan en diez de las veinte localidades de Bogotá y en cerca de doce municipios de Cundinamarca, reclutando jóvenes y migrantes. Se trataría de disidencias de las Farc y grupos armados como las Águilas Negras, Los Paisas, Los Boyacos, el ELN e, incluso, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Le puede interesar: Kennedy: 12 homicidios en 31 días, ¿qué está pasando?
Por su parte, la Veeduría destacó que cada vez es más frecuente el uso de armas de fuego para cualquier delito. Por ejemplo, entre enero y abril de este año, se cometieron 317 homicidios, de los cuales el 60 % (189) fueron con armas de fuego y el 40 % (126), con arma blanca. Mientras que, de 28.923 hurtos, el 15 % (4.415) se realizó con arma de fuego. Un dato que llama la atención: el uso de armas de fuego aumentó casi 350 % en el hurto de bicicletas.
El papel de la Policía Militar
El Espectador habló con tres analistas en temas de seguridad y violencia urbana sobre el rol que jugaría la presencia de los policías militares en algunos puntos álgidos para el orden público. Sanciones efectivas, fortalecimiento de la investigación criminal y evaluación periódica de resultados son algunas de las apreciaciones que hacen, para que esta estrategia de seguridad pueda dar resultados concretos y no se quede solo en el anuncio mediático.
Jorge Mantilla, politólogo e investigador en temas de violencia urbana, explicó que ante el cambio en las formas de operar de los delincuentes, la sola presencia de uniformados de la Policía y el Ejército no reduciría los delitos. “La disuasión solo es tal en la medida en la que haya castigo y sanciones efectivas, pues los delincuentes están esperando la mejor oportunidad. Aquí, ningún delincuente va a renunciar al delito”.
Vea además: Dos presuntos soldados habrían atracado a mano armada en Usaquén, Bogotá
Asegura, que este tipo de intervenciones, que ya requirieron de la ayuda del Gobierno Nacional, evidencian que la seguridad “se le salió de las manos a la alcaldesa”, pues a pesar de tener mayor presupuesto, en comparación con otras ciudades, no estaría dando resultados. “Es evidente y, al menos en términos institucionales, de alguna manera hay desorden y caos. Muy seguramente, porque se erosionó la relación entre la Alcaldía y la Policía durante el paro nacional”, dice.
De hecho, Mantilla cree que así como los patrullajes entre Policía y Ejército son transitorios, eso mismo podría ocurrir con la delincuencia, pues puede que se presente una disminución en la inseguridad, pero momentánea, debido a que esta acción serviría para desplazar el crimen a otros territorios, pero no erradicarlo.
Algo similar cree Miguel Andrés Silva, analista en asuntos de seguridad urbana, quien señaló que “cuando se tiene que recurrir a medidas excepcionales de manera repentina es porque no existe una estrategia concreta”. Por tal razón insiste en la necesidad de implementar un plan diferenciado frente al homicidio y al hurto, y que la Alcaldía haga “un mecanismo de evaluación de resultados. De lo contrario, vamos a seguir improvisando: hoy se me ocurre un escuadrón contra migrantes, después pido más pie de fuerza y luego pido Policía Militar. Seguir trayendo y pidiendo más pie de fuerza solo nos llevará a concluir que debemos tener un policía en cada esquina”, dijo.
Entonces, ¿cómo garantizar la efectividad de la estrategia? Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad en la administración de Peñalosa, señaló la importancia de una “estrategia global”, que integre diferentes entidades gubernamentales, para impactar de manera más efectiva el crimen en Bogotá, con grandes operativos e intervenciones. “Hay que fortalecer las labores de inteligencia de la investigación criminal y, aún más allá de la presencia policial, ¿qué es lo que ha pasado con las intervenciones a los sitios de recepción de celulares hurtados? Tampoco se han vuelto a ver grandes intervenciones en ollas de microtráfico”, expresó.
Mejía agrega que operaciones directas y contundentes contra la criminalidad, como lo ocurrido en el “Bronx”, en el centro de Bogotá, o en María Paz, en la localidad de Kennedy, son estrategias que habrían pasado a un segundo plano con la actual administración, pero que en su momento dieron resultados significativos para controlar la criminalidad.
“Se deben desarticular bandas con el brazo social del distrito. ¿Qué pasa con la Secretaría de Integración Social? Está completamente ausente de esos procesos de intervención para recuperar el territorio”, aseguró. Incluso fue enfático en que, además de aumentar la capacidad de las fuerzas policiales y militares, se debe aumentar la calidad, por ejemplo, de los cupos carcelarios, ya que, dice, hoy en día quienes salen de prisión están especializados en redes criminales y eso es peor. “Toca pensar en un sistema carcelario efectivo con penas más cortas, pero que sean resocializadoras”.
En contexto: Policía Militar en Bogotá: ¿funcionará la estrategia de disuasión?
Lo que muestra la evidencia
Silva añadió que la eficacia de policías militares para reducir la inseguridad “no parece estar comprobada, pues no hay suficiente evidencia de que eso funcione contra el delito”. De hecho, un estudio publicado hace poco por los académicos Michael Weintraub y Robert Blair muestra los resultados de una investigación hecha en Cali, en 2019, llamada “La vigilancia militar exacerba el crimen y puede aumentar los abusos a los derechos humanos: un juicio controlado aleatorio en Cali, Colombia”.
El estudio, publicado en la Red de Investigación en Ciencias Sociales (SSNR por sus siglas en inglés), consistió en realizar un ensayo controlado aleatorio de patrullas del Ejército en las comunas 18 y 20 de Cali, que estaban identificadas como puntos calientes del crimen. Los uniformados realizaron recorridos en horarios nocturnos en unas zonas asignadas (manzanas) y las que no tuvieron ese dispositivo sirvieron para la comparación.
Una de las conclusiones de los investigadores fue que este tipo de presencia tuvo efectos insignificantes en la criminalidad mientras se llevaron a cabo y que, por el contrario, se incrementó una vez la intervención finalizó, pues los delitos, denuncias y arrestos subieron. Además, se incrementaron las violaciones a los derechos humanos por miembros de la Policía (no del Ejército).
El paper muestra cómo, por ejemplo, los crímenes violentos se mantuvieron altos durante los patrullajes y luego subieron aun más cuando terminaron, así como los crímenes no violentos que, aunque disminuyeron durante la intervención, después se incrementaron.
Así mismo, aporta los datos que les permitieron deducir que delitos como el hurto, el intento de homicidio, el expendio de estupefacientes, la posesión de armas de fuego y la extorsión se incrementaron en las manzanas de las comunas en donde se realizaron los patrullajes entre la Policía y el Ejército, después de que estas cesaron. El homicidio, por su parte, se mantuvo antes y después, y el vandalismo, el robo a mano armada y el robo de vehículos disminuyeron.
La conclusión: “Los beneficios son pequeños y los costos no valen la pena”. Aunque esta evidencia empírica sirve de espejo y como advertencia, las dinámicas de las grandes ciudades son diferentes y de la valoración de resultados que hagan la fuerza pública y el Distrito dependerá saber si involucrar militares en la estrategia de seguridad en Bogotá dé resultados distintos a los mostrados en Cali, para definir si debe ser una estrategia para mantener a largo plazo; en especial, ahora que la confianza ciudadana en la Policía no está en su mejor momento, tras el paro nacional de este año.
Solo el tiempo dirá si la puerta que abrió la alcaldesa López con la solicitud de Policía Militar en la capital se traducirá en buenos resultados en las estadísticas y la percepción de inseguridad. De lo contrario, los temores de algunos expertos, sobre la limitada capacidad de acción de los miembros de la PM y su posible reacción ante algunos escenarios, dejarán de ser infundados.