Autoridades colombianas violaron derechos humanos en Cali: Amnistía Internacional

Amnistía Internacional dijo que realizó una exhaustiva verificación digital de material audiovisual, que da cuenta del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de Policía Nacional, en particular, de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

Foto: Cortesía

Amnistía Internacional publicó este viernes su nuevo informe Cali: En el epicentro de la represión en el que sostiene que “las autoridades colombianas violaron los derechos humanos de quienes se manifestaban pacíficamente en Cali, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza con el objetivo de desarticularlas”. La organización sostiene que bajo la justificación del restablecimiento del orden, cientos de personas sufrieron lesiones y decenas de jóvenes perdieron la vida.

“Lo acontecido en Cali es la manifestación de la respuesta violenta de las autoridades y los verdaderos objetivos detrás de esta represión: infligir miedo, desincentivar la protesta pacífica y castigar a quienes exigen vivir en un país más justo”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

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Desde el 28 de abril, miles de personas en Colombia salieron a las calles del país en el marco del Paro Nacional para protestar, en un principio, por la propuesta de reforma tributaria. Sin embargo, de fondo hay un descontento social generalizado por la violencia policial, la desigualdad de oportunidades, la crisis económica, y el asesinato de líderes y excombatientes, entre otros. Cali fue uno de los epicentros de las marchas.

Amnistía Internacional dijo que realizó una exhaustiva verificación digital de material audiovisual, que da cuenta del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional, en particular, de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). “Asimismo, la organización documentó actos de paramilitarismo urbano cometidos por civiles armados, quienes acompañaron a agentes de la Policía Nacional y, con su aquiescencia y tolerancia, atacaron a manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos”, se lee en el documento de la organización.

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El informe analiza tres acontecimientos específicos ocurridos en Cali. “El primero ocurrió el 3 de mayo, cuando, en una incursión denominada “Operación Siloé”, agentes de la Policía Nacional, en conjunto con agentes del ESMAD y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Colombia (GOES), usaron armas letales, como fusiles Tavor 5.56 mm, contra manifestantes pacíficos. Esa noche se registraron al menos tres muertes por herida de arma de fuego, incluyendo la del joven Kevin Agudelo, cientos de personas lesionadas y varias detenciones arbitrarias”, sostuvo Amnistía Internacional.

El segundo evento analizado, de acuerdo con la organización, fueron los ataques contra la minga indígena. “Ese día resultaron heridas 11 personas indígenas, entre ellas la defensora de derechos humanos indígena Daniela Soto”.

Y por último, los hechos ocurridos el 28 de mayo en el barrio aledaño a la Universidad del Valle. “Ese día una decena de jóvenes manifestantes, entre ellos Álvaro Herrera, Noé Muñoz y Sebastián Mejía, fueron golpeados y detenidos por civiles armados, quienes luego los entregaron a la Policía Nacional. Álvaro y Sebastián denunciaron haber sido sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos durante esa detención ilegal”, se lee en documento.

De acuerdo con la organización, “los hechos documentados no fueron aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón de accionar violento por parte de las autoridades colombianas, quienes han respondido a la protesta con estigmatización, criminalización, represión policial ilegal y militarización”.

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El informe insta a las autoridades colombianas a dar con prontitud una orden de detener la represión por parte de las fuerzas de seguridad. “Esto incluye la interdicción del uso de armas letales como medio de dispersión de multitudes y el uso de gases lacrimógenos contra reuniones pacíficas y/o de forma que implique un riesgo de causar daños excesivos e injustificados”, sostuvo Amnistía Internacional.

También se instó al Gobierno a iniciar investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto del Paro Nacional, concretamente, en la ciudad de Cali.

“En Amnistía Internacional esperamos que el proceso de reforma policial, anunciado por el presidente Duque, no sea solo una promesa de papel, sino que incluya las reformas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020 y un cambio en el modus operandi represivo de la Policía Nacional frente a las manifestaciones pacíficas”, dijo Erika Guevara Rosas.