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Después de mucha presión por parte de todas las orillas, el Senado votó en último debate el proyecto de ley que busca que los productos ultraprocesados lleven etiquetado frontal, más conocido como Ley de Comida Chatarra. Con una discusión intensa, la presencia de lobbistas de las agremiaciones de empresarios y hasta cambios de votos a última hora, 49 congresistas respaldaron la iniciativa y 29 estuvieron en su contra. Tras el resultado, celebrado en su gran mayoría por los partidos de oposición, la Cámara y el Senado deben conciliar el texto final antes del 20 de junio, día en que acaba la legislatura, para que se convierta, efectivamente en ley.
El camino para que este proyecto de ley fuera aprobado podría describirse como un calvario que casi no termina, por lo difícil que fue su trámite en el legislativo. La organización RedPapaz, la senadora Nadia Blel, del Partido Conservador, y varios congresistas alternativos, llevaban años pidiendo al Congreso que convirtiera en ley el etiquetado frontal para que padres y jóvenes conozcan con más claridad los componentes de los productos que compran para su consumo, o si tienen exceso de azúcar, sodio o grasas saturadas. Específicamente, llevaban desde 2015 en esta misión y tres intentos de proyectos que no vieron la luz en el Capitolio.
(Lea: “En la Ley Comida Chatarra no se pretende prohibir, sino brindar información”: Mauricio Toro)
Este jueves fue diferente. Los últimos días fueron decisivos porque si bien el proyecto había llegado hasta la recta final, Arturo Char, presidente del Senado, no lo había agendado para su discusión, cosa que indicaba que estaba en fuerte peligro de hundirse. Contra todo pronóstico, Char agendó su último debate en el Senado en una carrera contrarreloj, como es usual en la última semana de la legislatura, por cuenta de la necesidad de aprobar muchas iniciativas. La propuesta también estuvo en riesgo por cuenta de voces que pedían que no se discutiera por la ausencia de Nadia Blel, única coordinadora ponente en Senado, quien entraba en licencia de maternidad. Esto último, sin embargo, no surtió efecto gracias a que José Ritter López, de la U, se hizo ponente de la iniciativa en la plenaria del Senado para continuar con su trámite en la recta final.
Así las cosas, durante el debate, todos los colores políticos, desde el Centro Democrático, Cambio Radical, Alianza Verde, hasta el Partido Conservador, MIRA, Comunes, se proclamaron defensores de una propuesta que calificaron de necesaria e importante para cuidar la salud de los niños, niñas y adolescentes del país. Sin embargo, a la hora de la votación, varios se bajaron del bus y dieron su voto negativo. La razón, a ojos de Mauricio Toro, coautor del proyecto, fue el lobby que hicieron los gremios de empresarios y las llamadas de funcionarios del Gobierno para que no aprobaran el documento y se pueda convertir en ley.
Esto se conoció en la votación de las proposiciones que integraban modificaciones al proyecto y con las que no estuvieron de acuerdo varios integrantes del Centro Democrático, como Paloma Valencia y Santiago Valencia. Dijeron que como no conocían los cambios aprobados no votarían positivamente. En contraste, senadores como Roy Barreras, que apoyó totalmente y votó a favor del proyecto, argumentaron que a estas alturas ya todo se conocía al respecto y solo faltaba votar.
A juicio de Toro hubo otro elemento que generó los votos negativos: la resolución 310 que recién sacó el Ministerio de Salud en torno al etiquetado en productos ultraprocesados, temática de la que se trata la iniciativa. “El Gobierno sacó esta resolución en la que adopta un etiquetado en estos productos y se la mandaron a todos los senadores diciéndoles que ya no era necesario el proyecto. El problema es que esa norma solicitada por la ANDI y es el etiquetado que no recomienda nadie porque es confuso, iría circular y no octagonal, que no advertiría a los consumidores sobre los altos índices de azúcar, sodio y grasas saturadas”, arguyó Toro, representante que insistió en que el ejecutivo quiso torpedearle la propuesta legislativa.
Además de esto, recalcó en que el proyecto no busca que se prohíban productos, sino que los compradores de los mismos tengan suficientes datos para entender qué estarían llevándose a su boca y con qué estarían alimentando a sus familias. “Hemos insistido de todas las formas en aclarar que este proyecto no prohíbe la venta, comercialización y publicidad de absolutamente ningún producto. Lo único que este proyecto exige es que se informe a los consumidores de una forma clara, concreta y sencilla, cuando un producto está excedido en azúcares, sodio y grasas. Es el consumidor quien tomará la decisión de comprar o no comprar, usando información clara y suficiente. La experiencia chilena ha demostrado que la industria no se afectará, y por el contrario, se beneficiará mucho la salud de los ciudadanos”, comentó.
A su turno, el senador verde Juan Luis Castro, también coautor del proyecto, expresó su alegría por la aprobación en último debate: “Que felicidad, esto es fruto del trabajo de muchos años y muchas personas, ahora todos los que estaban pendientes ayudaron a presionar el interés por la salud pública en Colombia”, escribió en Twitter.
Entre otras cosas, este proyecto faculta al Gobierno para diseñar herramientas pedagógicas como cartillas y aplicaciones sobre hábitos alimentarios y riesgos a la salud por consumo de comestibles ultraprocesados. Asimismo, le da capacidad para que, con el liderazgo del Ministerio de Salud y la ANTV, fomente la transmisión de contenidos con mensajes de promoción de hábitos de vida saludables, enfocada a niños, niñas y adolescentes. Si es conciliado por las dos cámaras, pasará a sanción presidencial y será ley de la República.