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Por orden de la Corte Suprema de Justicia, Avianca tendrá que reparar con $500 millones a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) por los perjuicios que causó la compañía de aviación en 2003 por conductas antisindicalistas. La decisión se dio luego de que la Sala Laboral del alto tribunal revisara un recurso de casación interpuesto por la organización sindical.
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El despacho condenó a Avianca porque, a su consideración, violó el derecho de asociación sindical porque su actuación estuvo “encaminado a menguar el poder de la organización sindical demandante, a través del ofrecimiento a los trabajadores de mejores garantías económicas que las conseguidas a través de la negociación colectiva”, es decir, que la compañía persuadió a los pilotos para que se retiraran del sindicato, según lo registró la revista Semana.
Señaló el alto tribunal que la compañía daba “dádivas, beneficios y medidas de presión indirectas, que acuden a la necesidad económica de los trabajadores, los fuerza a retirarse de la organización sindical y, por tanto, atentan contra el derecho de asociación sindical”. Agregó que esta conducta por parte de la aerolínea generó una disminución gradual de los afiliados a Acdac y que esto le trajo perjuicios al sindicato como una menor representación de la fuerza laboral en las negociaciones colectivas que adelantaba la asociación.
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Para la Sala, ese debilitamiento de la voz colectiva, “en el orden jurídico colombiano tiene repercusiones relevantes pues podría evitar la ejecución cabal de herramientas de presión poderosas, como lo es la huelga. Y tales aspectos, sin duda alguna, engloban un perjuicio común, tanto al sindicato como a los trabajadores que ejercen su libertad de sindicalización”.
En ese sentido, el monto de reparación que deberá pagar la compañía de aviación es una indemnización por los ingresos que no recibió la Asociación por el retiro de casi el 70% de sus integrantes (210, según el sindicato). El presidente de la Acdac, el capitán Jaime Hernández, se mostró satisfecho con el fallo manifestando que esto valida los motivos por los que protestaron hace 3 años.
“Nos sorprenden los cálculos matemáticos de la corte, pues los valores son de hace 15 años. Sin embargo, es más gratificante, desde el punto de vista de nuestro honor, poder demostrarle a los colombianos que todo lo que denunciamos durante años era verdad. Por esto tuvimos que protestar para hacer evidente todo lo que estaba pasando. Y ya que se cierra este capítulo con este fallo, estamos pendientes que la OIT en el tema de la legalidad de la huelga, porque nuestra huelga fue decente, transparente y pacífica”, expresó.
Desde la aerolínea señalaron que todavía no han sido notificados de este fallo, pero que “Avianca acatará lo que dicten las cortes y es respetuosa de sus decisiones”. El choque entre la aerolínea y el sindicato es de vieja data, pero se agudizó con la huelga de pilotos de 2017, que se convirtió un duro golpe para Avianca y el país: el paro de 51 días dejó 10.000 vuelos cancelados y los 300.000 pasajeros afectados.
En ese momento los principales alegatos del sindicato buscaban acabar con lo que califican como discriminación salarial de los pilotos colombianos frente a los otros aviadores del grupo en otros países: denunciaban una desigualdad laboral de entre el 30 al 70 %, dependiendo del cargo (comandante o copiloto). También pidieron mejorar el horario laboral pues, según el sindicato, trabajaban más de 70 horas a la semana.
Sin embargo, las batallas no terminaron con la huelga: después de que la Sala Laboral de la Corte Suprema confirmó que el paro era ilegal, Avianca despidió a cerca de 100 pilotos. Pero, luego se tuvo que reintegrar a tres pilotos porque la Corte Constitucional determinó en un tutela que fue violado el derecho al debido proceso de estos aviadores.
Las finanzas de Avianca
Desde la huelga la situación económica de Avianca no ha mejorado, y de hecho se ha tornado critica por la emergencia del COVID-19. En 2019 la aerolínea registró pérdidas de US$893 millones, y por la pandemia las perdidas llegaron a los US$353 millones en el primer semestre de 2020.
La deuda de aerolínea supera los US$5.000 millones, una dura carga para llevar en un año en el que el dólar ha roto máximos históricos (superando los $4.170). Por esto, desde marzo de 2020 la acción de la aerolínea en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) ha pasado de $1.400 a situarse actualmente por debajo de los $200, lo que representa una caída del 85 %. Una dramática situación para una acción que entró en 2013 a la BVC con un precio de $5.000.
Por todo esto, Avianca tuvo que acogerse al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos en mayo pasado. Un recurso con el que espera reorganizar su operación, llegando a un acuerdo con sus acreedores y al buscar nuevas fuentes de financiamiento.
De hecho, esta semana se conoció que Avianca obtuvo compromisos de financiamiento DIP (una modalidad de préstamo que da garantías privilegiadas a los financistas) de US$2.000 millones. Además, anunció que presentó la solicitud de aprobación de esta propuesta de financiamiento ante el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
La propuesta financiación contempla dos tramos, que incluyen aproximadamente US$1.200 millones en recursos frescos. Del total de los recursos frescos del Tramo A, US$240 millones fueron estructurados como un financiamiento puente, para así permitir la eventual participación de uno o más gobiernos en el DIP.
Precisamente, este último punto es el que da pie al crédito de US$370 millones del Gobierno colombiano a la aerolínea, por medio del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). Las garantías que recibiría el país (Gobierno) estarían en activos de la empresa como sus marcas y filiales como LifeMiles (el primer unicornio colombiano según Avianca).
El Ejecutivo ha defendido el préstamo en que Avianca es vital para la conectividad y productividad del país, representando más del 50 % del mercado aeronáutico local, y según el Ministerio de Hacienda genera más de 500.000 empleos directos e indirectos.
Sin embargo, académicos y legisladores critican que los recursos no se destinen en mayores ayudas para ciudadanos y empresas nacionales. Además, se ha cuestionado la cifra de 500.000 empleos, pues el Gobierno no ha presentado el sustento o la metodología con la que llega a este dato (en su reporte financiero financiero la aerolínea solo reporta cerca de 20.000 trabajadores).
De hecho, el pasado 11 de septiembre el Tribunal de Cundinamarca impuso una medida cautelar sobre el préstamo mientras el Gobierno colombiano presenta toda la documentación y soportes que respaldan el crédito. Una medida que fue impugnada por Avianca, pero que todavía no se resuelve.
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Es decir, por el momento la participación del Gobierno en la financiación de la aerolínea está suspendida. Pero, dentro de su propuesta de financiamiento DIP por US$2.000 millones Avianca deja abierta esta puerta.
Nota del editor: se editó este artículo de su versión original para aclarar que el fallo de la Corte se refiere a las actuaciones de Avianca durante el año 2003.