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Antes de terminar este semestre la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregará al Tribunal la resolución de conclusiones por el caso 001, que juzga los secuestros de las Farc, y para el segundo semestre podría estar lista la del caso 003, por ejecuciones extrajudiciales.
Esta resolución es similar a lo que en la justicia ordinaria se conoce como escrito de acusación y en ella los magistrados le dirán al Tribunal si los comparecientes aportaron verdad exhaustiva o no.
“Si hay reconocimiento de responsabilidad y cumplimiento a cabalidad de todas las obligaciones que asume un compareciente al someterse a la JEP se activará la competencia de la Sección con Reconocimiento de Responsabilidad, que es la encargada de impartir sanciones propias”, explicó a EL COLOMBIANO la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP.
Pero, agregó, que “si no se cumple, va a la Sección Sin Reconocimiento de Responsabilidad y se activará la competencia de la Unidad de Investigación y Acusación que procederá con una investigación para introducirse en un escenario adversarial”, que es un juicio en el que la UIA expone pruebas para controvertir a la defensa del compareciente y tratar de demostrar la comisión de los delitos”.
Aunque estos son los procesos más sonados, porque implican a los más altos mandos tanto de las Fuerza Pública como de las Farc, los otros cinco macrocasos priorizados por la JEP también avanzan.
La JEP ha escuchado 592 versiones voluntarias que dan cuenta además de la violencia territorial en Urabá, Nariño y Cauca, el exterminio de la UP y el reclutamiento de menores de edad por parte de las Farc.
En los siete casos se han acreditado 2.226 víctimas individuales y 92 sujetos colectivos entre indígenas, afro, campesinos, grupos políticos y sindicatos.
La Organización Indígena de Antioquia está acreditada en el caso 004, por la violencia en Urabá antioqueño y chocoano. Alexis Espitia, vocero de la OIA, contó que ya se formuló la ruta de coordinación interjurisdiccional entre la JEP y la jurisdicción indígena.
“Eso implica que ya hay unas pautas en el caso de que salgan implicados indígenas sabemos a dónde se va a acudir, cómo va a ser el mecanismo de jurisdicción si se asume competencia de justicia indígena o lo acoge la JEP, y cuáles son las condiciones para su defensa, pero también estaremos como víctimas en todos los procesos de este caso”, anotó Espitia.
Hasta el momento se han realizado 18 versiones a miembros de la Fuerza Pública y otros 8 a comparecientes de las Farc, mientras tanto los indígenas de Antioquia esperan que haya verdad y que no sean revictimizados por los responsables en ninguna parte del proceso.