Son 18 compromisos relacionados con la transparencia en la administración de recursos y la lucha contra la corrupción, con los que se comprometieron ayer los mandatarios que firmaron el Pacto por la Transparencia e Integridad, en la ‘Cumbre de Gobernadores: Pacto 2020, más cerca de las regiones’, que se lleva a cabo en Cartagena y que fue organizado por la Federación Nacional de Departamentos.
Entre las medidas que deberán implementar están la creación de canales de denuncia para hechos de corrupción, alertas tempranas, austeridad, rendición de cuentas y declaración de bienes
En la cumbre estuvieron la mayoría de los gobernadores del país y fue presidida por la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, asistiendo también el procurador General, el fiscal General, contralor General de la República, y también congresistas bolivarenses como Fernando Nicolás Araújo, Silvio Carrasquilla y Lidio García.
En el evento, la vicepresidenta destacó la conformación de un “bloque de búsqueda” contra la corrupción. “Este pacto con los gobernadores es para que no haya ninguna zona reservada dentro del manejo de las gobernaciones y esta es la manera de dar ejemplo a todos los mandatarios a nivel municipal. Consideramos que Colombia está en mora de volver un delito los delitos corporativos. Que cuando una empresa está involucrada en delitos de corrupción, y es sistemático, por supuesto que debe haber delitos empresariales (...) Incluimos oficiales de transparencia en cada una de las entidades del Ejecutivo, para que los colombianos que sepan de actos de corrupción presenten esta información ante los oficiales de transparencia y ellos harán todo el trabajo para que se vuelva realidad este bloque de búsqueda que se ha conformado con el presidente Iván Duque, que se ha conformado de la mano del contralor, el fiscal General, defensor del Pueblo y el procurador General, coordinado por la Secretaría Técnica de Lucha contra la Corrupción”, indicó Ramírez.
Así mismo, la alta funcionaria está empañada en concluir proyectos grandes de infraestructura y “adicionar proyectos como el del Canal del Dique, que va a cambiar las posibilidades de Bolívar, Atlántico y Sucre. En Bolívar nos va a devolver la posibilidad de recuperar el coral y toda la vida marina que se ha muerto por toda esta sedimentación del río, lo que ha afectado a la Bahía de Cartagena (...) Es un proyecto atrasado y lo vamos a sacar adelante. Estamos en la estructuración financiera. Estamos en proceso para hacer la licitación a finales de año y empezar obras a comienzos del año entrante. Va a tener un impacto enorme”.
Así mismo, Ramírez dejó ver la posición del Gobierno nacional cuando se le preguntó sobre la investigación que abrió la Corte Suprema de Justicia contra el congresista Arturo Char, por presuntamente haber intervenido en la fuga de Aida Merlano, sucedida el pasado 1 de octubre de 2019. Eso tras las declaraciones que dio Aida Merlano desde Venezuela.
“Para Colombia es importante tener una separación de poderes, eso es lo que caracteriza a una democracia. Nosotros no podemos de ninguna manera hacer nada distinto que impulsar a la Corte Suprema de Justicia, y a todo el poder judicial, para que cumplan con el deber constitucional de administrar justicia y de lograr que cualquier investigación se haga con todo el rigor, y por supuesto cualquier sanción que se vaya a imponer que se imponga con rigor; pero nosotros no podemos de ninguna manera ni interferir, ni tampoco hacer parte de un proceso que es exclusivamente judicial”, dijo Ramírez.
Quien también opinó del tema, respecto a la posibilidad de que Arturo Char llegue a la presidencia del Senado, fue precisamente el presidente del Senado, Lidio García.
“Primero no se ha escogido a nadie, pero puedo decir que el doctor Char es una persona muy querida y que ha hecho un gran trabajo en el Congreso de la República. Hoy no se ha escogido todavía, le corresponde al partido Cambio Radical el turno para presidir la Presidencia del Senado y ya eso es una decisión de cada partido”, dijo García.
El senador bolivarense Lidio García también se refirió al regreso de la empresa extranjera Uber a Colombia. “Bienvenida –la empresa Uber–. Ochenta mil personas viviendo de eso y más de dos millones de colombianos utilizando un servicio tan importante; hacía falta acomodarlo, ajustarlo un poco más y con todo lo que sucedió valió la pena la espera unos días, para que se prestara un servicio como lo amerita el país”, dijo.
A lo mismo se refirió Marta Lucía Ramírez, quien señaló que “el tema de Uber el Gobierno nacional lo está estudiando. Es un tema en el que hay que tener reglas del juego claras. Tenemos que lograr reglas del juego claras y reglas del juego que sean equitativas con los taxistas, pero también con los operadores de las plataformas. El Gobierno lo está estudiando y la ministra de Transporte informará sobre lo que se tome como una decisión de política pública que sea igual para todas las plataformas”.
Mientras, el procurador Fernando Carrillo le pidió a los gobernadores actuar con transparencia y que ello sería correspondido por la ciudadanía. Por su parte, el fiscal General, Francisco Barbosa, indicó que su manera de actuar por la transparencia era con el Código Penal.
“El objetivo es perseguir la criminalidad de donde venga. A eso es a lo que se le apuesta. El mensaje para ustedes es que las cosas hay que hacerlas y que los recursos públicos deben protegerse. Hay preocupaciones del procedimiento penal que estamos aplicando. La Fiscalía acompañará iniciativas que ya han sido planteadas por algunos parlamentarios en torno a la modificación de la Ley 906 del 2004. Queremos advertir la preocupación en temas de interés nacional que han venido siendo afectados por la prescripción de la acción penal.
“Tenemos muy cerca la prescripción de la acción penal en el caso de Interbolsa, y eso es asunto que nos preocupa a la Fiscalía y la relación que tenemos con la Justicia y los jueces. Es interesante plantear una discusión en Colombia en donde en casos donde se afecte el patrimonio público, feminicidio y donde nos afecten a niños, niñas y adolescentes por circunstancias de todos conocidas, no sea posible aplazar las audiencias públicas en las etapas de investigación y juicio, y busquemos mecanismos para que no se nos venzan los términos, y vamos a cambiar las dinámicas de la justicia en Colombia”, dijo.
Por su parte, el contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, develó que desde el ente de control han logrado mapear 1.193 casos de “elefantes blancos” en el país, “gracias a la tecnología, o empresas de carrocerías ejecutando recursos de salud en 19 departamentos, así que mucho cuidado”, advirtió a los gobernadores. La Cumbre seguirá hoy en su segundo y último día en el Palacio de La Proclamación.
Comentarios ()