Playa Blanca, un paraíso que se salió de control

Las cifras son la primera pista. Durante la temporada de vacaciones de fin de año, es decir, entre el 20 de diciembre de 2019 y el 6 de enero de 2020, a Playa Blanca (Cartagena) llegaron más de 60.000 turistas. Eso se traduce en un promedio de 4.000 visitantes diarios en un lugar que tiene capacidad máxima de 3.124 bañistas.

Una pasadía desde Cartagena, en temporada baja, le puede costar a una persona entre $45.000 y $80.000 aproximadamente, incluyendo el transporte ida y vuelta, el ingreso a la playa y el almuerzo. Durante esa época, en promedio, 360 personas visitan el lugar por día. En temporada alta, según Leonard Vallecillas, integrante del Consejo Comunitario de Barú, los precios de tours, restaurantes y servicios se duplican o hasta se triplican, así como los visitantes.

Parques Naturales Nacionales, la entidad que administra el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, la zona donde está Playa Blanca, cobra por la entrada a la zona protegida $18.000 por adulto y $8.500 a los niños. Es decir que, en promedio, en un día ordinario puede haber ingresos de $4’000.000, y en temporada hasta de $40’000.000, sin contar los costos de hoteles y servicios varios que ofrecen en la playa.

Y más datos. En los primeros 23 días del año ocurrieron tres accidentes: el primero fue el 12 de enero, cuando dos hombres que iban en una moto Jet Ski chocaron contra una lancha, al parecer, por exceso de velocidad. Cinco días después un bañista que estaba en la playa fue golpeado por una lancha, lo que le ocasionó una fractura en un brazo. Y, el último, el 23 de enero, cuando una menor de edad que estaba a bordo de un inflable en el mar se resbaló y un adulto le cayó encima. Los tres accidentes, según Vallecillas, se pudieron haber prevenido si las autoridades encargadas hicieran los controles respectivos, como la zonificación de las playas, el control al número de turistas diarios y la imposición de las sanciones correspondientes a los operadores de turismo que ofrecen deportes náuticos, pese a que están prohibidos.

Una de las entidades que administran la zona es Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN); sin embargo, no decide sobre la playa, sino sobre la zona marítima. Las otras instituciones que tienen injerencia sobre las decisiones sociales y ambientales son: Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Guardacostas, Ministerio del Medio Ambiente, Corpoturismo, Dirección General Marítima (Dimar), Alcaldía de Cartagena, Policía Nacional, Secretaría del Interior de Cartagena, la Cámara de Comercio, la Armada Nacional y los consejos comunitarios de Barú, Ararca, Playa Blanca y Santa Ana.

Frente al constante problema de la delimitación de la playa, el capitán de Puerto de Cartagena, Pedro Javier Prada Rueda, le dijo a El Espectador que desde 2018 la Dimar emitió un documento donde especifica cómo se debe zonificar la playa para delimitar el espacio de los bañistas y las embarcaciones. Sin embargo, señala, ni la Alcaldía de Cartagena ni PNN han acatado la orden. Este diario se comunicó con Parques Nacionales para conocer su posición, pero la entidad insistió en que no dará declaraciones al respecto.

Wilman Herrera, oriundo de Caño de Loro, Bolívar, dice que del turismo de esta playa viven al menos unas 30.000 personas que ofrecen sus productos y servicios a los visitantes. Sin embargo, asegura que el 70 % de los ingresos totales por el turismo se los llevan las agencias de otras partes del país, que ofrecen los tours. “Ninguno de nosotros que vivimos allá tenemos grandes hoteles o restaurantes; el turismo se lo están quedando personas de afuera”, asegura.

El año pasado, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) sancionó 24 establecimientos comerciales por generar un impacto ambiental negativo al ecosistema marino, por el hallazgo de contaminación de suelo, de agua, lagunas adyacentes y no tener un manejo adecuado para los residuos sólidos. Sobre ese tema, Netty Consuelo Huertas, docente de la Universidad Tecnológica de Bolívar, realizó una investigación, en 2015 —específicamente sobre gestión sostenible en Playa Blanca- y explicó que uno de los problemas más graves es no tener un sistema adecuado para el manejo de las basuras.

La operadora de la zona es la empresa Veolia, que tiene la responsabilidad de recoger dos veces a la semana las basuras que se generan en la playa. Sin embargo, el consejo comunitario dice que en ocasiones solo lo hacen una vez. Un vocero de Cardique le dijo a este diario que además del problema de basuras, el tema pasa por el hecho de que no hay un sistema para el manejo de aguas residuales, lo que genera una contaminación en lagunas adyacentes y en el mar. Sin embargo, aseguró que “como entidad ambiental no podemos hacer nada con estos casos, sin la ayuda de la Policía”.

Pese a estos problemas, en 2019 la Fundación de Educación Ambiental, entidad que otorga certificaciones internacionales, le anunció al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que Playa Blanca podría llegar a recibir la “bandera azul”, una certificación mundial en calidad ambiental por el estado de la playa. Los estudios previos para otorgar el título están en proceso.

Sin embargo, la investigadora Huertas sostiene que para que Playa Blanca se convierta en un lugar sostenible y pueda ser certificada debe cumplir con tres requisitos que no tiene en este momento: ser viable económicamente para los habitantes, tener políticas que protejan el medioambiente y el cuidado de la zona, y crear un plan de protección y turismo con el apoyo de todas las partes.

Entretanto, como medida preventiva ante los múltiples problemas que se han presentado, las autoridades locales siguen estudiando la posibilidad de cerrar la playa durante un par de semanas. La comunidad, no obstante, se ha opuesto a dicha alternativa argumentando que afectaría a familias que obtienen allí su sustento diario. Además, se ha señalado el impacto ambiental negativo que tendría el traslado de este turismo a las aledañas Islas del Rosario. El viernes pasado se llevó a cabo una reunión entre las autoridades y las comunidades para buscar un acuerdo que beneficie a todas las partes. De momento el cierre sigue como posibilidad mientras se aprueban medidas de corto, mediano y largo plazo que se han dilatado por años.