La avanzada del gobierno para reformar la justicia, que sin hesitar ante la pandemia de coronavirus el año pasado convocó a un comité de expertos para que formularan sugerencias y luego tomó e interpretó algunas de ellas para impulsar un proyecto en el Congreso, sólo ponía su mirada en el fuero penal federal, que desvela a los políticos porque en sus tribunales se juzga la corrupción.
"Los procesos son lentos, las estadísticas escasas, el acceso al sistema de gestión es complejo y solo apto para unos pocos. En materia de contenido de las sentencias, el grado de previsibilidad es muy bajo y la disparidad de criterios jurisprudenciales es muy alta", comienza el diagnóstico de las entidades.
"Hay conductas de jueces que no son delito pero que siembran dudas. ¿Si sos juez podés ir a cualquier lado? ¿Está bien compartir fiestas, deportes o actividades sociales con reconocidos operadores judiciales? ¿Se puede participar en una marcha partidaria? Hay que hacerse preguntas como esa. Y que exista un tribunal de ética, como el que tenemos los abogados", simplificaEl razonamiento es obvio: no hay independencia sin recursos.
"Los proyectos de sentencia que rechazan una apelación por falta de agravio federal o cuestiones insustanciales, según regulan los artículos 280 y 285 del Código Civil, deben tener un tratamiento interno expeditivo y diferente al de los demás proyectos de sentencia. En 2018, aproximadamente 3.500 causas fueron resueltas por invocación de esos artículos.
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