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Grieta, İntereses

Sin grieta ni intereses políticos, entidades civiles presentaron ocho iniciativas concretas para mejorar la justicia

Sin grieta ni intereses políticos, entidades civiles presentaron ocho iniciativas concretas para mejorar la justicia

16/06/2021 11:47:00 p.m.

Sin grieta ni intereses políticos, entidades civiles presentaron ocho iniciativas concretas para mejorar la justicia

El Colegio de Abogados, IDEA y la Amcham proponen digitalizar los procesos, impulsar escuelas judiciales con normas éticas, despolitizar el Consejo de la Magistratura y aliviar a la Corte.

Actualizado al 16/06/2021 16:37La avanzada del gobierno para reformar la justicia, que sin hesitar ante la pandemia de coronavirus el año pasado convocó a un comité de expertos para que formularan sugerencias y luego tomó e interpretó algunas de ellas para impulsar un proyecto en el Congreso, sólo ponía su mirada en el fuero penal federal, que desvela a los políticos porque en sus tribunales se juzga la corrupción. Más cerca de los problemas que alejan a los ciudadanos de un adecuado y oportuno servicio de justicia, tres importantes entidades civiles formularon ahora una propuesta concreta para deshacer los nudos que cada día complican el trabajo de jueces y fiscales, y vienen dejando su ponderación pública en el subsuelo.

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El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, IDEA y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) presentaron este miércoles sus"ocho propuestas para mejorar la justicia": desde digitalizar por completo los expedientes y aplicar tecnología para analizar y evaluar su avance hasta revalorizar la ética en la formación de los magistrados, despolitizar el intoxicado Consejo de la Magistratura, aliviar el trabajo de la Corte con tres intervenciones específicas y acelerar los procesos civiles, comerciales y penales con algunos cambios igualmente puntuales; el menú ofrecido no busca sintonizar con los intereses personales de funcionarios o legisladores, sino atacar los problemas diarios en la gestión de cientos de miles de causas judiciales.

"Este es un puntapié inicial, que esperamos ampliar con más propuestas y el aporte de más entidades y personas, a las que invitamos a analizar y debatir nuestro documento, que iremos presentando ante entidades gubernamentales” y no gubernamentales", explica a headtopics.com

Clarínla abogadaCecilia Mairal."Necesitamos construir consensos para mejorar la eficacia y la eficiencia del servicio de justicia. No queremos quedarnos atrapados en la coyuntura. El trabajo no es una respuesta a un problema puntual o de un gobierno."

El presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad,Alberto Garay, asiente:"el poder político fue deteriorando el vínculo con el poder judicial, y ambos deterioraron el vínculo con la gente. El que llega organiza el sistema para ellos. Y hay que lograr un sistema para todos. Y que todos respeten. La independencia de los jueces es el tema que más nos preocupa de todos. Por eso hay que reformar el Consejo: el control del organismo por parte de las mayorías políticas es muy negativo. Además, para saber si el servicio de justicia es eficaz hay que medirlo. Otra cuestión: la Corte es la cabeza del Poder Judicial. El experimento de dividir esa conducción con el Consejo no trajo nada bueno desde lo operativo", dispara el constitucionalista.

Agrupadas por ejes temáticos, el set de propuestas es el siguiente:Transformación digital del sistema judicial"Los procesos son lentos, las estadísticas escasas, el acceso al sistema de gestión es complejo y solo apto para unos pocos. En materia de contenido de las sentencias, el grado de previsibilidad es muy bajo y la disparidad de criterios jurisprudenciales es muy alta", comienza el diagnóstico de las entidades.

Para revertirlo, proponen extraer indicadores de gestión que permitan medir cada etapa del proceso y generar alertas; incorporar técnicas de inteligencia artificial para acelerar y objetivar la toma de decisiones -lo que además mejorará la transparencia del proceso y la previsibilidad respecto del contenido de las sentencias-, y generar incentivos para atraer y retener la fuerza laboral del futuro: jóvenes con talento e iniciativa que también rechacen los vicios y prácticas antiguas en la gestión. headtopics.com

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Más ética en los tribunales"La responsabilidad ética de los jueces no es solo y necesariamente por aquellos comportamientos muy graves que implican comportamientos delictivos y por lo tanto habilitan causales de enjuiciamiento y destitución sin mayor trámite", analiza el trabajo."Existen también hechos no delictivos que laceran la confianza pública y acerca de los cuales a nadie parece preocuparles, y que son comportamientos impropios que afectan al decoro y la integridad judicial".

Para introducir esta agenda en los tribunales, el Colegio de Abogados, IDEA y AmCham proponen cambios en los reglamentos disciplinarios, cursos de capacitación permanente que concluyan con la presentación de dilemas éticos específicos, que el Consejo de la Magistratura también incorpore como una capítulo a la hora de construir los modos en que los jueces habrán de ser examinados. El trabajo pone como ejemplo el modelo del Código Ético para los Magistrados del Poder Judicial de Córdoba —que es el único en el país que tiene activo un tribunal de ética judicial independiente de lo disciplinario— y el Código Iberoamericano de Ética Judicial.

"Hay conductas de jueces que no son delito pero que siembran dudas. ¿Si sos juez podés ir a cualquier lado? ¿Está bien compartir fiestas, deportes o actividades sociales con reconocidos operadores judiciales? ¿Se puede participar en una marcha partidaria? Hay que hacerse preguntas como esa. Y que exista un tribunal de ética, como el que tenemos los abogados", simplifica

Guillermo Lipera, directivo de IDEA.Recursos económicos para la autonomía judicialEl razonamiento es obvio: no hay independencia sin recursos. La Constitución nacional terminó dividiendo las funciones de gobierno y administración del Poder Judicial -en manos del Consejo de la Magistratura- y el control de constitucionalidad, que mantiene la Corte Suprema de Justicia. Y en el Consejo, la superioridad numérica de los representantes del estamento político -declarada inconstitucional en dos instancias y a la espera del fallo final de la Corte- pone en manos de los políticos un botón clave para controlar la tarea de los jueces. Hoy hay dos Administradores Generales, uno del Poder Judicial en el ámbito del Consejo y otro en la Corte. headtopics.com

"Es clave afianzar el rol de la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial en sus funciones de gobierno, superintendencia y planificación a través de la formulación y ejecución del presupuesto judicial", concluye la propuesta de las entidades."Para ello se propone reformar varias leyes, que permitan elevar el porcentaje para el Poder Judicial de recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central, por ejemplo, a un 5% como mínimo; reglamentar el uso del Fondo Anticíclico que maneja la Corte para utilizarlo para la necesaria inversión en tecnología; Incorporar a un miembro de la Corte y darle la presidencia del Consejo; modificar la composición de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura dando mayor participación a los jueces; y permitir que sea la Corte la que designe y controle al Administrador General del Poder Judicial."

Una Corte Suprema de Justicia más eficiente"La Corte Suprema está desbordada de trabajo. en 2018 ingresaron aproximadamente 28.000 causas y se dictó sentencia en alrededor de 8.000. Existe una delegación interna excesiva para poder realizar esa tarea, la que recae en más de doscientos letrados. Ante esa marea de expedientes, a los ministros no les queda más remedio que confiar en lo que sus asistentes letrados han visto y redactado o conformado en los proyectos de sentencia, reservando sus energías para las causas que consideran más importantes", describe el trabajo de las entidades.

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Dos de las causas centrales de semejante congestión son las apelaciones del Estado a sentencias previsionales en favor de los jubilados, y el rechazo de cuestiones y planteos que no corresponden a la Corte. Por eso se sugiere que las sentencias jubilatorias se paguen cuando la Cámara previsional se expide y hasta que el máximo tribunal no diga lo contrario, lo que habitualmente no ocurre.

"Los proyectos de sentencia que rechazan una apelación por falta de agravio federal o cuestiones insustanciales, según regulan los artículos 280 y 285 del Código Civil, deben tener un tratamiento interno expeditivo y diferente al de los demás proyectos de sentencia. En 2018, aproximadamente 3.500 causas fueron resueltas por invocación de esos artículos. No obstante, muchas sentencias denegatorias, a pesar de su brevedad, insumen más de un año debido a que no se ha instalado un modo especial de tratamiento de esos supuestos. Un mecanismo posible puede consistir en que, una vez radicados en la Secretaría pertinente, estos casos sean proyectados dentro de los dos meses de asignados. Ese proyecto debe ser circulado interna y simultáneamente por las vocalías de los cinco ministros. Si dentro de tres meses de distribuido dos o más jueces no disponen expresamente lo contrario, el proyecto de sentencia denegatoria debe ser pasado en limpio y llevado al Acuerdo para su firma".

"La mayoría de los casos que llegan a la Corte no hacen a su competencia, y no deberían llegar ahí", concluye Garay, autor de las propuestas para la Corte. Otra cosa importante es que los casos análogos a los que ya resolvió la Corte no pueden ser planteados otra vez. Cuando la Corte se expidió, todos los tribunales inferiores deben obedecerla y punto. Cuando un tribunal vota en coincidencia pero por distintas razones, eso abre puertas en lugar de concentrar razones y argumentos. Tal vez las sentencias sean menos vistosas y eruditas, pero sin duda muco más efectivas."

Cuando la Corte deba revocar una sentencia de un tribunal federal, nacional, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, que se ha pronunciado de modo contrario a la doctrina de un precedente recaído en un caso análogo, dará cuenta de ello al órgano con competencia para enjuiciar a los magistrados de que se trate para que adopte las medidas que estime que corresponden."Debe ponerse coto a la idea que los jueces son “independientes” al punto de permitirles prescindir de la doctrina que emana de las sentencias de la Corte en supuestos semejantes. Esto es notablemente pernicioso. Hace perder tiempo y dinero a los litigantes".

Despolitizar el Consejo de la Magistratura"El Consejo de la Magistratura, tal como está integrado, se convierte en una amenaza a la independencia del Poder Judicial", advierte sin rodeos el trabajo."Es necesario restituir el equilibrio entre los tres estamentos destruido con la última reforma legal, otorgándole a cada uno el número de representantes que le permita una integración plural en funciones y tendencias políticas, pero sin que cada uno de ellos por sí solos pueda formar quórum ni tener mayoría absoluta. Hay que evitar que dentro del estamento político los representantes del oficialismo (Poder Ejecutivo y mayoría de los legisladores) obtengan un virtual 'poder de veto' para el nombramiento y acusación de magistrados."

Además de reponer a un miembro de la Corte en la presidencia del Consejo, las entidades civiles proponen regular la composición de las Comisiones internas del Consejo de la Magistratura para que en aquellas referidas a la formación y designación de jueces y a su remoción tengan mayoría en conjunto los dos estamentos técnicos (abogados y jueces), establecer principios de equilibrio en el jurado de enjuiciamiento y jerarquizar la Escuela Judicial como principal método para la primera selección de jueces de primera instancia.

Formación y desarrollo de la carrera judicial"Hoy existe una suerte de 'carrera judicial' informal, donde quienes integran el Poder Judicial en la mayoría de los casos provienen de los empleados y funcionarios que han seguido un escalafón dentro de este. El acceso a la Justicia desde la abogacía no es muy común y, últimamente con la nefasta 'politización de la justicia', la carrera judicial se ha visto alterada con el nombramiento como jueces de funcionarios del Poder Ejecutivo o, lo que es más grave, de militantes de partidos políticos", analizan las instituciones.

Para abrir esa lógica burocrática, dicen, hay que evitar que los ascensos en la justicia sean "un mero escalafón donde se asciende por antigüedad y no por méritos, abriendo los tribunales al ingreso de abogados que demuestren experiencia y mérito en su actividad profesional", y dedicarle esfuerzos y recursos a la Escuela Judicial de la Nación y las de las provincias:"es necesario superar una etapa en la cual estos institutos organizan cursos particulares sin una coordinación, a fin de convertirlos en el paso necesario para el ingreso y el ascenso en la carrera judicial. Es importante que a fin de elaborar los programas se trabaje sobre un documento sobre el 'perfil del juez'”.

Procesos civiles y comerciales más velocesPara empezar, "es necesario que el Congreso recupere y trate las propuestas que contiene el proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial presentado ante el Senado, y sancione una ley que lo actualice. El proyecto contempla la incorporación del expediente electrónico, la oralidad del proceso y audiencias video grabadas, notificaciones electrónicas, la admisión en los procesos de terceros como 'amigos del Tribunal' y cambios en los plazos para contestar demandas, audiencias preliminares y de vista. También se agiliza el tratamiento de conflictos de medianería y propiedad horizontal, demandas de menor cuantía, autorización para contraer matrimonio, amparos, desalojos, extinción de dominio y liquidación de bienes, entre otros."

Mayor celeridad en los procesos penalesEn la justicia penal, los principales problemas son la morosidad de los tribunales, la posibilidad de que todas las partes apelen las resoluciones y que lo hagan en todas las instancias."Por ejemplo, para apelar una sentencia las partes tienen un plazo de diez días. Luego transcurre un nuevo período para que los tribunales resuelvan el caso, usualmente se trata de varios años. Hay muchas instancias (en algunas provincias llega a haber tres, o cuatro, contando a la Corte Suprema nacional) y a veces se anulan los procesos y hay que reanudarlos desde el punto cero", describe el trabajo.

"La oralidad no ha logrado imponerse en la justicia penal nacional y tampoco la instrucción a cargo del fiscal. A eso se suma una práctica cuestionable: en los juicios que investigan casos complejos, usualmente procesos prolongados, se hace una sola audiencia por semana. De tal modo, juicios que podrían durar apenas unos meses duran años. Tampoco avanza a un ritmo adecuado la digitalización de los procesos, y es deficitario el funcionamiento de las agencias de investigación, sobre todo las que toman contacto por primera vez con la escena del delito, cuyo desempeño profesional en las primeras horas del caso suele comprometer la marcha y el resultado del proceso, y conducir a decisiones frustrantes que consagran la impunidad o, peor aún, la persecución y hasta condena de inocentes."

Las entidades civiles también proponen los juicio por jurados en causas de corrupción:"resultan ser un instrumento apto para evitar la utilización de estructuras políticas que posibiliten la impunidad de los funcionarios públicos", advierten y ponen en el centro de todo el proceso penal al juicio oral y público:"es la piedra basal del procedimiento, hay que recuperar la gravitación de la sentencia definitiva que emana de él como el acto decisorio de la mayor importancia del proceso", dicen, a contramano de las últimas resoluciones oficiales, que"lavan" esa sentencia hasta soslayarla completamente en posteriores apelaciones y reconsideraciones.

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