El ejemplo chileno: Ahorrar paga en tiempos de crisis

Chile afronta una de las peores crisis políticas desde el infausto y sangriento golpe de Estado de 1973 con consecuencias negativas en su economía. El distanciamiento entre los intereses de la dirigencia política y las demandas de la nueva clase media emergente, nacida del mayor crecimiento económico del PBI per cápita de América Latina durante las últimas tres décadas, llegó al clímax con el estallido de octubre de 2019, cuando los cacerolazos y desbordes violentos se hicieron sentir en todos los barrios de Santiago desde las zonas más vulnerables a las más pudientes como Providencia y Las Condes.

La naciente clase media clama por un mayor acceso gratuito a la educación universitaria pública y un mejor sistema de salud pública, cuya oferta de baja calidad se agravó recientemente con la saturación de la demanda por la inmigración masiva atraídos por la bonanza económica y la debilidad de los controles.

El desgaste de los partidos políticos tradicionales de izquierda y derecha, herederos del retorno a la democracia venía cocinándose a fuego lento, encendido por resonantes casos de corrupción y una profunda abstención electoral en un país de voto optativo.

Los casos de corrupción salpicaron y desgastaron la credibilidad de sus principales líderes Bachelet, Piñera, Ominami e incluso a las Fuerzas Armadas.

Los dos últimos presidentes: Bachelet y Piñera fueron electos con la abstención de mas del 50% del padrón electoral, así como también las elecciones de convencionales para la nueva Constitución, en tanto que el actual presidente Gabriel Boric fue electo con el 45% de abstención electoral.

Chile afrontó la crisis de la pandemia con una debilidad política evidente heredada del estallido de octubre de 2019, que, sin embargo, mantuvo el orden constitucional, afrontando una importante depreciación de su moneda, salida de capitales, retiros de los fondos de pensiones y mayor gasto público de asistencia a hogares y empresas por pandemia, sin que la macroeconomía se desmadre (crecimiento e inflación anual previsto 2021: 12% y 7% anual respectivamente).

Una de las fortalezas económicas que permitió afrontar los costos de la pandemia a los hogares chilenos han sido precisamente los retiros de los fondos de pensiones. El reciente informe de política monetaria del Banco Central de Chile indica que los retiros de las AFP fueron de US$55.000 millones, un impresionante 22,1% del PBI. La mayor parte fueron utilizados para gastos de consumo, en segundo lugar, cancelación de deudas, y por último, para el ahorro en otras instituciones.

Las cifras impresionan por la acumulación de los ahorros previsionales de los hogares chilenos. En efecto, el stock de ahorros previsionales de los chilenos administrados por las AFP llegó a alcanzar el equivalente a un 82% del PBI de ese país durante 2020 y 63% en el presente.

Sin embargo, los argentinos no pudieron retirar fondos de sus ahorros para jubilarse porque directamente no lo disponen ni tienen. Nadie retira ni utiliza lo que no tiene.

En efecto, desde la estatización de las AFJP hasta el presente, los ahorros previsionales de los argentinos están bajo administración estatal. De acuerdo al último informe del Fondo de Garantía Sustentable, hoy representan US$47.800 millones, aproximadamente un 10% del PBI argentino al tipo de cambio oficial.

Pero no sólo su magnitud es reducida, además de no disponerlo para emergencias de salud como en el caso chileno sino que en su mayor parte está “invertido” en deuda pública “defaulteada”: 72,4%, gran parte bonos públicos cuasipar 2047 indexados a la inflación que han sido defaulteados selectivamente al no reconocerse la verdadera inflación diciembre 2007-2015 por las dos últimas administraciones, así como también otro 2,5% en préstamos a las provincias insolventes constantemente refinanciados.

En tanto que, en Chile, según el último informe de la Superintendencia de Pensiones, el porcentaje de inversión en deuda pública de los fondos de pensiones es de solo el 16,2%, diversificando el riesgo idiosincrático mediante la inversión de 55% en activos del exterior.

Hoy, el ahorro previsional de generaciones de argentinos es igual a cero: defaulteado y licuado por la administración inoperante estatal de esos fondos. Las jubilaciones argentinas se pagan con emisión monetaria, ya que no alcanzan las contribuciones y aportes a la seguridad social por el empobrecimiento, enanismo fiscal e informalidad del trabajo argentino.

El estallido de octubre de 2019 y la pandemia provocaron una descapitalización importante de la economía chilena. Sin embargo, los stocks de ahorros públicos (fondo del cobre) que financiaron el gasto de asistencia a hogares y empresas, permitieron amortiguar el impacto. El ahorro y la austeridad fiscal durante épocas de vacas gordas paga durante las crisis.