Las banderas del fanatismo, que parecen envolverlo todo en los últimos años, impedirán cualquier análisis jurídico del procesamiento que el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, firmó este miércoles contra el ex presidente Mauricio Macri por el presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en 2017. Esas anteojeras también distorsionarán la comparación del caso de Macri con otros anteriores y exactamente iguales, en los que la justicia resolvió de manera opuesta.
Empecemos por el comienzo indispensable para abordar el tema: cualquier acción de inteligencia ilegal -es decir sin ninguna intervención judicial que la haya ordenado previamente y en el marco de una causa desarrollada bajo todas las garantías del debido proceso- debe ser investigada, juzgada y condenada sin miramientos, en un juicio oral y público y con todas las pruebas y testimonios que permitan formular una sentencia ajustada a derecho. La aclaración, de Perogrullo, se hace ante la peligrosa moda de cerrar expedientes antes del juicio, inaugurada gracias a la "doctrina Cristina" y creadora del último oxímoron argentino: una justicia que no juzga.
Esa certeza no deja de obligar a los jueces y fiscales a establecer con claridad y apoyados en pruebas muy convincentes -aún en la etapa de instrucción, pues en un juicio oral deberán ser irrefutables- las responsabilidades personales de cada ex funcionario para acusarlo y eventualmente procesarlo por un delito concreto.
En el caso por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, el expediente recogió pruebas sustanciales de seguimientos e informes sobre marchas, reuniones y reclamos de esos parientes, recogidos por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Hasta ahora, no apareció un mandato judicial que los justificara. Ese mero panorama es suficiente para consolidar una investigación penal e indagar a los imputados. Pero, ¿cuál es el papel de Macri en este caso, siempre según la prueba recogida?
Aquí es donde el procesamiento del juez Bava pierde su fuerza casi por completo, a punto tal de dejar su resolución muy debilitada frente a una segura apelación ante la Cámara Federal de Mar del Plata.
Según escribió el magistrado, el ex presidente "generó las condiciones para que se lleve a cabo, almacene y utilicen datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos, en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo y en las personas". El predicado de la oración es gravísimo. Pero el centro de la acusación tiene la contundencia de una pluma arrojada al viento.
Bava explica que Macri "era el máximo responsable de establecer los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional", lo que es indiscutible. Pero la conexión de esos "lineamientos" con el delito que se le atribuye no aparece en ningún lado.
Sigue el juez: "las acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu proprio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri". Bava concluye entonces que, "como Jefe de Estado, Mauricio Macri no pudo ser ajeno a los hechos que se le imputan".
"Al final de la cadena" y "no pudo haber sido ajeno" no son imputaciones individuales que el derecho penal acepte como suficientes, aunque en Argentina -lo dijimos- logramos que la lluvia fluya desde el suelo hacia el cielo.
No hay en el procesamiento constancia de órdenes escritas, llamadas a agentes, reuniones con los autores de los supuesto seguimientos ilegales o cualquier otro elemento que vincule personalmente a Macri con los espías descarriados. ¿Quiere decir que esas pruebas no existen? No. Pero no fueron recogidas hasta ahora, ni fundamentan la resolución que Bava tomó este miércoles respecto del ex presidente.
Algunos ejemplos de la historia reciente, casi calcados pero con otros protagonistas, podrían ayudar a explicarlo mejor.
En 2006, se denunciaron e investigaron tareas de inteligencia ilegal contra periodistas y dirigentes políticos de la localidad de Trelew, lo que implicaba una violación a las leyes de Defensa Nacional, de Inteligencia y de Seguridad Interior. Esa red, se descubrió después, tenía conexiones y guardaba la información ilegal en servidores guardados en distintos lugares del país, incluido el edificio Libertad en la Capital Federal.
En 2012, el caso concluyó con una condena de trece oficiales de la Armada a cumplir con 50 horas en cursos de derechos humanos y de derecho constitucional y realizar trabajo no remunerado en un organismo estatal. En una causa paralela, tres años más tarde fueron condenados a dos años de prisión en suspenso el ex jefe de la fuerza almirante, Jorge Godoy, y el secretario general de la fuerza, Benito Rótolo. A ambos se les atribuyó "responsabilidad funcional" por los hechos del sur. Pero esa débil conexión -siempre desde el punto de vista penal- jamás llegó siquiera hasta el ministro de Defensa, ni mucho menos al presidente Néstor Kirchner.
Algo similar ocurrió pocos años después, cuando se descubrió una estructura de mega espionaje a organizaciones sociales y políticas por parte de la Gendarmería, bajo el poco creativo nombre de Proyecto X. Aún bajo copiosas pruebas, el escándalo no rozó a la ministra Nilda Garré, y ni hablar a la presidenta Cristina Kirchner.
Un último ejemplo posible para interpretar el procesamiento a Macri puede rastrearse en el luctuoso caso Cromañón, el boliche de Once donde un incendio producido por negligencias en el sistema de seguridad y el ingreso de más personas que las permitidas segó 194 vidas.
En un juicio concluido en 2012 cuya sentencia fue ratificada por la Cámara de Casación en 2015, fueron condenados con distintas penas los músicos del grupo Callejeros, el dueño y jefes de seguridad del local, y los ex funcionarios porteños Fabiana Fiszbin y Gustavo Torres, encargados directos de las inspecciones que deberían haber detectado y evitado las irregularidades que facilitaron la tragedia. Ni el secretario de Seguridad ni mucho menos el jefe de gobierno porteño fueron alcanzados por la ley penal. En cambio, Aníbal Ibarra fue destituido por la Legislatura en 2007 con un juicio político.
Volvamos a Dolores, donde todo el mundo -empezando por un desorientado fiscal Juan Pablo Curi, que no había impulsado el caso en esta dirección- esperaba desde hace un mes el seguro procesamiento de Mauricio Macri, que también lo daba por descontado. Esa previsibilidad -¿prejuzgamiento?- apoyada en filias y fobias políticas, a través de magistrados suplentes y bajo un manto de sospechas ajenas al expediente configura un cuadro demasiado habitual en los tribunales federales. Que justifica con creces el subterráneo crédito que tiene la justicia en la consideración pública.
Sobre la firma
Newsletter Clarín
Recibí en tu email todas las noticias, coberturas, historias y análisis de la mano de nuestros periodistas especializados
QUIERO RECIBIRLO