Italia emitirá este martes dos importantes sentencias sobre el Plan Cóndor, la campaña de represión coordinada por las dictaduras del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980: el Tribunal Supremo se pronunciará sobre el exdictador peruano Francisco Morales Bermúdez, mientras que el Tribunal de Roma lo hará en primer grado sobre el militar brasileño Átila Rohrsetzer.
El exdictador peruano Morales Bermúdez
El Supremo se reunirá en la mañana del martes para emitir una sentencia para Morales Bermúdez, cuyo caso fue separado de la causa general del Proceso Cóndor en Italia, que en julio confirmó catorce cadenas perpetuas a represores de Chile y Uruguay. "Cometieron crímenes atroces. Han sido juzgados con los principios de la jurisdicción italiana, europea, y se han tutelado los derechos de los italianos que residen en el exterior e inclusive los de ellos", declaró en aquel momento Andrea Speranzoni, abogado que representa a las víctimas uruguayas.
Italia imputó a decenas de militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay la desaparición de ciudadanos con nacionalidad italiana en el Plan Cóndor. Todos fueron procesados en contumacia, sin apersonarse ante el tribunal romano, excepto el uruguayo Jorge Troccoli, ya que vivía en el país europeo tras escapar de Uruguay, para ser finalmente encarcelado.
En julio el Supremo italiano separó de la causa general los casos de tres imputados peruanos, el general que dirigió el país entre 1975 y 1980 y que acaba de cumplir cien años y los del general de división Germán Ruiz Figueroa y el coronel Martín Martínez Garay. Luego de constatar la muerte de estos dos últimos, únicamente emitirá sentencia sobre Morales Bermúdez, quien en agosto de 1975 encabezó el "Tacnazo", como se conoció al golpe de Estado contra el también golpista Juan Velasco Alvarado.
El militar brasileño Átila Rohrsetzer
Por otra parte, el Tribunal ordinario de Roma deberá dictar un veredicto de primer grado sobre el brasileño Átila Rohrsetzer, por la detención y entrega de dos militantes de izquierda argentinos en 1980, cuando era director de la División Central de Informaciones de Río Grade do Sul, en la frontera con Argentina y Uruguay.
En caso de ser condenado se convertiría en el primer militar de Brasil en recibir una pena por el Plan Cóndor, debido a que la Ley de Amnistía de 1979 impide investigar y juzgar las torturas, desapariciones y ejecuciones del régimen militar (1964-1985).
En la década del 80 Rohrsetzer actuaba en asociación con las áreas de seguridad e inteligencia del Tercer Ejército y el temido Departamento de Operaciones de Informaciones - Centro de Operaciones de Defensa Interna (DOI-CODI), cerebro de la tortura de quienes estaban en contra del régimen militar. Al ser citado por el gobierno italiano mediante una carta enviada al Tribunal Superior de Justicia en 2011, el militar declaró que no se sometía a la jurisdicción italiana al considerar que las acusaciones son "absurdas", según recordó el diario El País.
El primer caso que se le imputa a Rohrsetzer es el asesinato del militante italo-argentino de montoneros Lorenzo Viñas Gigli, de 25 años, en 1980, cuando escapaba de Argentina para volar a Italia, donde se encontraba su madre Adelaide. Rohrsetzer era la conexión entre el gobierno central de Brasilia y el aparato represivo de Rio Grande do Sul cuando Viñas Gigli fue detenido y poco después entregado clandestinamente a agentes de la dictadura argentina.
El otro caso es el de Horacio Campiglia, otro montonero que fue secuestrado junto a Mónica Susana Pinus de Binstock en marzo de 1980 en el aeropuerto de Río de Janeiro y extraditado a Argentina, donde se le vio en el centro de detención clandestina de Campo de Mayo.
Los militares brasileños acusados por estos homicidios ascendían a cuatro pero solo ha quedado Rohrsetzer debido a la muerte del resto. Italia empezó a investigar hace dos décadas el asesinato y desaparición de varios italo-latinoamericanos en el Plan Cóndor y en 2007 pidió el arresto de 146 militares de las juntas de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay.
El paso del tiempo y la muerte, así como la falta de permiso para proceder de Argentina contra sus militares, redujo notablemente la lista de imputados, aunque en julio el Tribunal Supremo italiano confirmó la cadena perpetua a catorce de ellos, once uruguayos y tres chilenos.
Los tres chilenos condenados son Pedro Espinoza, miembro de la policía secreta de Pinochet; el militar Daniel Aguirre Mora y el que fuera funcionario de la Policía de Investigaciones, Carlos Luco Astroz. Los uruguayos, en tanto, son Jorge Troccoli, José Ricardo Arab Fernández, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Abelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez Bissio y Juan Carlos Blanco.
