La disminución de los impuestos es uno de los puntos centrales de todo programa económico conservador ya que, por un lado, las cuestiones impositivas son una preocupación normal de los ciudadanos que preferirían que los impuestos fueran más bajos, aunque a la vez deseen que el Estado los provea de la mayor cantidad de bienes y servicios posible.
Por otro lado, los neoliberales afirman que si los ricos pagaran menos impuestos utilizarían ese ahorro de manera mucho más eficaz que el Estado que los dilapida, ya que realizarían inversiones que crearían puestos de trabajo, una suerte de teoría del derrame impositivo.
La demagogia los lleva a afirmar que si hubiera menos impuestos y menos Estado todo estaría mejor. Pero la historia económica mundial de los últimos dos siglos y el periodo de Macri demuestran lo contrario.
Los economistas clásicos nunca negaron, contrariamente a lo que afirman los ortodoxos, la necesidad de pagar impuestos y concentraron sus análisis en dos problemáticas centrales: la equidad tributaria y el uso de los ingresos del Estado para facilitar la actividad económica.
Los clásicos
Adam Smith escribió en el Libro V de su obra Origen de la Riqueza de las Naciones que “Los ciudadanos deben contribuir a financiar al Estado en proporción a su ingreso al cual acceden gracias a la protección que les brinda el mismo”.
Se trata de un principio moral: los ricos deben pagar más ya que el Estado protege su riqueza. Y también es un principio económico: las obras públicas de infraestructuras que realiza el Estado permiten aumentar la actividad económica, facilitar el crecimiento y enriquecer a la sociedad, lo cual aprovecha más a los ricos.
En este sentido, los Estados modernos establecieron el impuesto progresivo al patrimonio, a las sucesiones y al ingreso. Los impuestos directos son más justos ya que cuanto más gana el agente económico, mayor es la tasa del gravamen y da respuesta a los dos problemas citados por los economistas clásicos la equidad tributaria y la dinámica económica.
Pero, sobre todo, los impuestos directos y progresivos constituyen gravámenes que incluyen a la renta que no remunera ninguno de los factores de producción y que constituye una traba al crecimiento.
Reforma tributaria
En Argentina, las rentas agraria y monopólica en el comercio y en la industria es el principal factor de desigualdad social y estancamiento económico. Esto llama a la reflexión sobre la necesidad de reformas tributarias progresivas para, como ocurrió en Estados Unidos y en Europa, que graven la renta, como hoy es el impuesto a las grandes fortunas.
Políticos como Macri que denigran o impugnan el impuesto directo defienden posiciones de privilegios heredadas. Inversamente el impuesto indirecto (como el IVA) tiene una alícuota fija y se calcula sobre el precio del producto, con lo cual se paga proporcionalmente más cuanto menor es el ingreso de las personas. Es por lo tanto un impuesto injusto y regresivo.
A la equidad tributaria y al rol expansivo de la actividad económica que evocaba Smith, le fue agregada la problemática macroeconómica a partir de los años treinta del siglo pasado: Richard Kahn mostró que el gasto público tiene un efecto multiplicador de la riqueza y Keynes explicó que los ricos no sólo son los que más aprovechan, como lo señalaba Smith, de la organización capitalista de la sociedad, sino que además son, como se pudo observar en la crisis del '30, la crisis de 2008 y la recesión durante la gestión de Macri, los que generaban las crisis del sistema debido a la especulación con activos financieros.
El impuesto progresivo a los beneficios de la empresas y al ingreso y la acción del Estado limitan la especulación y disminuyen, de esa forma, la posibilidad que surjan crisis como la de 1929 o 2008, a nivel mundial, y en Argentina la de 2001 y la macrista del 2018 que llevó a la dependencia del FMI.
Cómo financiar el gasto del Estado
Los economistas ortodoxos han inventado un mito conceptual que es el equilibrio presupuestario. Este no puede ser erigido en un objetivo económico ya que es sólo una referencia. La situación donde los gastos y los ingresos son idénticos no es un objetivo económico en sí, ya que no favorece ni el crecimiento económico, ni la justicia social y, menos aun en al caso argentino, la independencia económica.
En caso de que los gastos previstos sean superiores a los ingresos, que es el caso más común, el supuesto objetivo del equilibrio presupuestario puede alcanzarse de cuatro maneras:
1. Aumentar los impuestos.
2. Endeudar al Estado colocando títulos públicos a inversores locales y extranjeros.
3. Pedir prestado al Banco Central, como hacen Japón, Estados Unidos, la comunidad Europea, China.
4. Disminuir el gasto público.
Lo importante de esta situación es que no se trata del problema del almacenero cuyo activo debe ser por lo menos igual al pasivo para no quebrar o el de un hogar donde se debe mantener un equilibrio entre lo gastado y los salarios percibidos para no endeudarse. El ingreso y el gasto del Estado son problemas macroeconómicos que están ligados al funcionamiento de la economía.
Cuando la economía crece los ingresos del Estado aumentan, y viceversa cuando hay una disminución de la riqueza. Se sabe también que contrariamente a los hogares cuya situación económica se deteriora cuando gastan, un incremento del gasto público en base a alguna de las tres primeras posibilidades mencionadas arriba tiene un efecto multiplicador del ingreso global e incrementa el bienestar general.
La última solución de disminuir el gasto público hace que el multiplicador funcione al revés. Es decir, disminuye la riqueza creada, situación que los neoliberales fingen ignorar. Pero saben que cuando se disminuyen los impuestos de los ricos y se contrae el gasto público global para mantener el “equilibrio” se genera, a la vez, un enriquecimiento de los más ricos y un empobrecimiento del resto de los habitantes del país. Como se puede observar, la teoría del derrame impositivo funciona justamente al revés.
Externalidades positivas
La provisión de los servicios públicos que expone Adam Smith cubre una multitud de aspectos que van hoy desde la protección materno-infantil a la provisión de satélites para Internet, pasando por la reparación de los baches en la vía publica, que proveen lo que los economistas llamamos las externalidades positivas.
Si no se organiza la provisión de agua potable los ciudadanos no solo padecerán enfermedades ligadas a la falta de higiene, lo cual tendrá un costo, sino que les impedirá trabajar y gastarán para curarse. Además deberán pasar largas horas para poder procurársela, lo que también es un costo, desatenderán otros problemas y el resultado será que la deserción del Estado en la provisión de agua se traducirá en una disminución de la calidad de vida de los ciudadanos y de la eficacia económica del conjunto.
La provisión del agua potable es una externalidad positiva y su ausencia provoca una externalidad negativa. Este razonamiento puede generalizarse a todos los servicios públicos.
Invertir en servicios públicos y en ayudas sociales no sólo es una necesidad, sino que produce un incremento de la producción mucho más significativa que la supuesta inversión realizada por aquellos a los que se favorece por la disminución de los impuestos directos.
Pagar menos impuestos
La apuesta política del antiperonismo es sostener que los impuestos son demasiado elevados. El argumento de los políticos asesorados por economistas ortodoxos es que hay “grupos que aprovechan de la dádivas del Estado”. Pero la propuesta no va más allá de proponer la privatización, la supresión o la disminución de servicios públicos y con ello deteriorar la calidad de vida del conjunto, ya que suponen que si se disminuye el gasto del Estado ellos pagarán menos impuestos.
El paradigma más explícito durante este siglo es el programa aplicado por Macri. La primera medida consistió en suprimir o bajar impuestos: las retenciones, Bienes Personales, Ganancias de los más ricos, con el pretexto de que el monto que el Estado ya no cobraba sería invertido por el sector privado.
Macri afirmó, el 12 de diciembre del 2015, que “hay que cumplir el pago de impuestos porque ahora los vamos a administrar bien, los vamos a cuidar; entonces no hay ninguna excusa para evadirlos”. Seis años después declaró lo contrario afirmando que “la única manera de ganar plata era evadir impuestos”.
La otra versión del derrame impositivo fue dada el mismo día por María Eugenia Vidal definió que “lo que el Gobierno pierda por el ingreso de retenciones lo va a compensar con la mayor cantidad (de fondos) que van a entrar por impuestos, ya que el campo va a producir más volumen y ganar más”.
El resultado no estuvo al alcance de sus desvaríos: la deuda pública en dólares de la provincia de Buenos Aires creció 68,5 por ciento, pasando de 5420 a 9134 millones de dólares. La irresponsabilidad política se acompaña de una sorprendente superficialidad del análisis para favorecer a algunos amigos en detrimento de las mayorías. Como se sabe, la disminución de los impuestos fue fugada al exterior.
Economistas ortodoxos que han apoyado esta teoría del derrame impositivo fingen ignorar un principio básico en economía: los capitalistas no invierten porque han realizados beneficios en el pasado, sino que invierten cuando vislumbran que obtendrán beneficios en el futuro.
* Doctor en Ciencias Económicas de l’Université de Paris. Autor de La economía oligárquica de Macri, Ediciones CICCUS Buenos Aires 2019.
