Una de las frases de impacto que le dio mejor resultado a Alberto Fernández, cuando todavía era candidato y le tocó debatir en televisión con Mauricio Macri, era que el entonces presidente había destruido el empleo y que había sustituido a los empleados asalariados por "monotributistas que se suben a una bicicleta y reparten pizza".

El mensaje era potente. Para el entonces candidato del Frente de Todos, no cabía la menor duda sobre en qué se había transformado el régimen del monotributo: una forma de precarización laboral a la que el macrismo trataba de disimular y embellecer al llamar "emprendedores" a quienes en realidad estaban siendo excluidos del sistema.

"Uberizar la economía" fue la dura crítica de Alberto. Y prometió un cambio radical para la situación de esos trabajadores, que ascendían a casi cuatro millones de personas.

Menos de dos años después, como ocurrió con muchas de las promesas de campaña, el Gobierno está sintiendo el "efecto boomerang". La iniciativa que, hasta la noche del miércoles, implicaba que esa masa de trabajadores tuviera que pagar un aporte retroactivo como consecuencia de una recategorización, fue considerada mucho más que un error.

Directamente se lo consideró un auto-atentado al discurso y a las chances electorales del peronismo para las legislativas. El tema causó furia en el segmento más cercano a Cristina Kirchner, donde se consideró que se estaba perjudicando a un sector fundamental de la sociedad, donde la mayoría habían sido votantes del Frente de Todos en 2019.

En el debate presidencial de 2019, Alberto había acusado a Macri de precarizar el empleo al empujar a millones de asalariados a ser "monotributistas que reparten pizza"

La reacción del Gobierno da cuenta de ese error. La preocupación empezó hace dos semanas, cuando en las redes sociales empezó a generarse una ola de monotributistas indignados por encontrarse que, aun estando al día, le tenían que pagar sumas que podían ascender a $25.000.

La mayoría de estos contribuyentes pertenecen a las categorías más bajas del sistema de monotributo -que incluían, con la actualización aprobada a inicios de año, a aquellos que cobraban hasta $17.000  mensuales en el caso de la categoría A-.

Ya el hecho de tener que pagar un retroactivo resultaba de por sí cuestionable, al punto que hubo denuncias judiciales contra Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, por presunta violación a la propiedad privada de los contribuyentes.

La denuncia fue realizada por una fundación, "Apolo Bases para el Cambio", que se autodefine como "ciudadanos comprometidos con la lucha contra la corrupción, la transparencia y el diseño de mejores políticas públicas".

La fundamentación de la denuncia era que Marcó del Pont no había comunicado a los contribuyentes "que sus pagos de monotributo serían tomados a cuenta dentro de la nueva actualización", contradiciendo así una obligación expresa del organismo recaudador. Y agregaba que los pagos realizados entre enero y mayo tenían "carácter liberatorio".

Mientras tanto, otra asociación, denominada MARA -Monotributistas Asociados de la República Argentina- solicitó audiencias con el Gobierno para plantear sus problemas. Lograron ser recibidos por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, cuando el tema ya había explotado como un escándalo político.

La titular de esta organización, la contadora Noelia Villafañe, explicó en una entrevista radial los motivos por los cuales estaba creciendo el enojo: "Empezamos en pandemia a hacer frente a las medidas económicas que no le estaban dando al monotributista los derechos que tiene. Ahora le decimos al Estado que en 2021 la única ayuda que dio fue un subsidio de 22.000 pesos para monotributistas sociales hasta la categoría K y los únicos que se enteraron fueron los que miraron nuestra FanPage. Estábamos esperando la medida porque la impulsamos nosotros y la publicaron el sábado 22 de mayo a las 2 de la mañana".

Y, al referirse concretamente a la actualización de las categorías con la obligación de pagar el 35% retroactivo a enero, fue contundente: "Se fomenta la clandestinidad y, en consecuencia, esa persona deja de tener aportes jubilatorios, dejan de pagar la obra social para ir al sistema público colapsado, dejarán de pagar el componente impositivo provincial y nacional y el Estado no puede perder ese ingreso tampoco".

Un enojo que escaló a toda velocidad

Pero el nivel de irritación alcanzó su máximo cuando llegó la noticia de que en el Congreso se había aprobado un incremento salarial del 40%. Aunque desde el kirchnerismo se defendió la medida con el argumento de que así se estaba fijando un nuevo piso salarial y un mensaje de que los salarios efectivamente le ganarían a la inflación aunque no se cumpliera la meta oficial del 29%, las reacciones fueron inevitables.

Los medios de comunicación y las redes sociales se inundaron con mensajes donde se contrastaban las dos realidades paralelas: mientras de un lado, personal que gozaba de la certeza del puesto fijo recibía un incremento nominal que lo ponía a tono con los aumentos -aun cuando muchos de esos empleados no habían trabajado full time durante la cuarentena- los monotributistas, cuyo ingreso dependía únicamente de su actividad se veían castigados con un pago retroactivo.

Es decir, que se acentuaba aquella realidad que el propio Alberto Fernández había denunciado en sus debates con Macri durante la campaña electoral 2019.

Para colmo, el Gobierno había tenido antes un gesto con los asalariados de niveles más altos, al aliviar el peso del Impuesto a las Ganancias por la vía de llevar el nuevo "piso" del impuesto a $150.000.

Resultó inevitable una conclusión política que causó escozor en el kirchnerismo: todas las señales del Gobierno apuntaban a ahondar una brecha entre los privilegiados que están en blanco -incluidos los más de tres millones de empleados estatales- y que disfrutan de estabilidad en tiempos de incertidumbre, y aquellos que, como los definió Alberto Fernández, eran víctimas de la "uberización de la economía".

Ya hacía tiempo que dentro del kirchnerismo se escuchaban advertencias sobre el efecto contraproducente de ciertas medidas económicas. Ya la reforma de Ganancias había generado críticas por parte de quienes creían que sólo beneficiaban a la "crema" de los asalariados y que ese alivio, además de injusto, no movía la aguja desde el punto de vista electoral.

Había en ese sentido un antecedente histórico a tener en cuenta: en 2013, cuando por efecto de la inflación el Impuesto a las Ganancias afectó a la clase media, el kirchnerismo tuvo un revés en las PASO. Cristina Kirchner, que hasta entonces se negaba a actualizar el mínimo no imponible, accedió a regañadientes a dar una reforma que benefició a parte de los contribuyentes, pero cuando se realizaron las legislativas de octubre, no logró sumar votos y repitió la derrota anticipada en las PASO.

En aquel momento, la conclusión de muchos asesores K fue que se había focalizado equivocadamente la ayuda en la clase media-alta asalariada, cuando había que haber mejorado la ayuda económica a los segmentos medio-bajos, donde estaba la base electoral del gobierno.

Ahora, el debate se replanteó. Y el 40% de incremento al Congreso fue una muestra de ello: Cristina dio a entender que los cálculos inflacionarios del ministro Martín Guzmán eran cosa del pasado y que todos los gremios que tienen revisiones salariales pendientes deberían tomar como referente ese nuevo 40% del Congreso. Como primera prueba de ello, en el Pami se firmo un acuerdo por 43%, mientras en grandes gremios del sector privado, como camioneros, bancarios y el sector alimenticio se está renegociando las anteriores paritarias que habían cerrado en torno al 35%.

Uno de los encuestadrores y analistas K que mejor explicaron esta situación fue Artemio López, quien consideró que hay un sector que compone el 40% de la población y que quedó desamparado, porque al no estar en el segmento más pobre no recibió la asistencia monetaria directa del Estado, pero no gana lo suficiente como para sentir el alivio impositivo en Ganancias.

Más concretamente, se refiere al sector que, en el análisis estadístico por deciles que hace el Indec, se ubican entre el segmento 3 y el 6. Hablando en plata, es la gente que tiene ingresos individuales promedio desde $8.200 -tercer decil- hasta $15.900 -sexto decil.

Esa masa de trabajadores, según López, es la que define la elección. Y no vota por simpatías ideológicas sino en relación muy directa a cuál sea su situación económica en ese momento. En 2013 y 2015 castigó al kirchnerismo y en 2019 a Macri, ante la pérdida de poder adquisitivo.

La AFIP, en el centro de las críticas: para el kirchnerismo, hubo un error de cálculo que puede costar la elección

Una marcha atrás con dudas

La "marcha atrás" con el pago retroactivo del monotributo es una reacción tardía, pero reacción al fin, en ese sentido. El Gobierno dio señales de que no podía darse el lujo de enemistarse con una masa de cuatro millones de trabajadores independientes, muchos de los cuales tuvo dificultades para mantener su nivel de actividad como consecuencia de la cuarentena.

La urgente redacción de un nuevo marco legal para los monotributistas, con un régimen más beneficioso a las categorías más bajas, es considerado en estas horas un objetivo central para el Gobierno.

Y ya quedó en claro que implicará todo un desafío desde el punto de vista comunicacional: se intenta presentar como una mejora y un alivio algo que, en realidad, fue la reacción obligada ante una ola de indignación.

Ya referentes del kirchnerismo, como la diputada Fernanda Vallejos, fueron los primeros en salir al ruedo. "En una reunióin en la Casa Rosada, convocada por el presidente Alberto Fernández, donde se analizaron medidas de alivio para monotributistas, se decidió dar marcha atrás con el cobro retroactivo por las deudas de enero a junio", escribió en Twitter, pocas horas después de haber tenido polémicas por defender la suba del 50% salarial para legisladores.

Las respuestas de sus propios partidarios marcaron el nivel de ánimo oficial. Hubo recriminaciones por improvisación política y por la falta de sensibilidad ante quienes perdieron su trabajo y debieron pasar al monotributo para mantener la obra social

En tanto, desde la oposición ya se insinuó que este tema será aprovechado en la campaña. Por caso, Patricia Bullrich afirmó: "Aumentarles a los monotributistas es una locura. ¿Cuántos monotributistas están pagando los impuestos sin facturar? Y ahora les quieren aumentar de manera retroactiva. Es incostitucional. La falta de empatía del Gobierno con la gente es increíble".

También hubo críticas desde la izquierda, como la que hizo la que hizo Romina del Pla, dirigente del gremio docente y referente del Partido Obrero: "Recule en chancletas del Gobierno por el rechazo generalizado al impuestazo contra lxs trabajadorxs monotributistas. Les pesa el fantasma de Colombia, donde el impuestazo dictado por el Fondo desató una rebelión popular".

Mientras tanto, Sergio Massa, desde la Cámara de Diputados, intenta cumplir el encargo del Presidente y devolver la calma con un proyecto donde se elimina el retroactivo y se hace una nueva recategorización que lleva a los monotributistas del primer escalón hasta los que tienen ingresos mensuales por $30.000.

Pero en la coalición de Gobierno se preguntan si esta corrección será suficiente. De hecho, uno de los debates del momento es si se deberá dar una señal política más fuerte, como forzar la salida de Mercedes Marcó del Pont de la AFIP.