Coronavirus: la Corte bonaerense creó un "fondo solidario" con aportes de los jueces

Con el objetivo de colaborar con la lucha contra el coronavirus, la Suprema Corte de Justicia bonaerense creó un "sistema solidario" constituido por aportes voluntarios de dinero que pueden alcanzar un 20 por ciento del sueldo básico de los jueces del alto tribunal de la provincia, del Tribunal de Casación, de las cámaras de apelaciones y de magistrados de primera instancia; así como también de funcionarios de alto rango del servicio de justicia.

El máximo tribunal bonaerense dispuso además impulsar un programa de medidas de austeridad en todo el ámbito de la administración de justicia provincial para la adquisición de insumos necesarios para atender la pandemia. Incluye que los jueces reintegren los gastos de sus teléfonos celulares asignados por la Justicia y la suspensión de la compra de libros y de la puesta en marcha de nuevas dependencias, entre otras medidas.

La medida se conoció luego de que los jueces, funcionarios judiciales, fiscales y defensores nacionales y federales anunciaron que reunieron en una colecta voluntaria unos 2.000.000 de pesos para atender la pandemia. La iniciativa en este caso no fue de la Corte, sino de las asociaciones que nuclean a los funcionarios judiciales. Y en Mendoza los jueces ya habían resuelto donar parte de sus sueldos.

Los fondos que se recaudarán del aporte voluntario de los jueces bonaerenses serán destinados al Ministerio de Salud de la Provincia y a instituciones de bien público provincial dedicadas a la atención sanitaria del COVID-19.

La resolución que crea el fondo es la 14/20 y está firmada por el presidente Eduardo de Lazzari con acuerdo de todos los ministros de la Suprema Corte. Tuvo además la adhesión de la Procuración General a cargo de Julio Conte Grand.

En sus fundamentos, el Tribunal expresó que es consciente del esfuerzo que los jueces ponen en prestar el servicio de justicia y del atraso que tienen sus remuneraciones comparadas con otras jurisdicciones del país.

Medidas de austeridad

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia decidió instrumentar un programa de medidas de austeridad del gasto para generar el ahorro de partidas que pudieran complementar el fondo solidario. Entre ella se dispuso congelar la cobertura de cargos existentes al 31 de marzo del corriente año, con excepción de las situaciones necesarias para prestar el servicio de justicia.

También se dispuso suspender las puestas en funcionamiento de nuevas dependencias, con excepción de aquellas que cuentan con edificios propios o ya alquilados. Se suspendió la adquisición de inmuebles, automotores y bienes de capital, excepto para atender la pandemia, y la compra de libros para las bibliotecas del Poder Judicial.

Los jueces de la Corte suspendieron el pago de viáticos y movilidad para las comisiones de servicios que no sean expresamente indispensables y estén autorizadas por el tribunal, y el pago de las "horas cátedras" que se abonan en las actividades del Instituto de Estudios Judiciales, excepto las clases virtuales y las del programa de la ley "Micaela", de capacitación obligatoria en género.

La Corte dijo que los jueces y funcionarios que tengan un celular asignado por el Poder Judicial deben "reintegrar el importe de las facturas" durante el período que dure la situación de emergencia sanitaria, excepto los equipos destinados a atender el turno judicial.

Finalmente, el Tribunal estableció que quedan exceptuadas de las medidas de austeridad y de prioridad del gasto las contrataciones para adquirir bienes y servicios en el marco de la emergencia sanitaria, para el resguardo de la salud de los trabajadores.